Sentencia número 275-2016. Tribunal Aduanero Nacional. San José a las nueve horas cuarenta minutos del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la agente aduanera XXX contra el ajuste operado en el despacho a la Declaración Aduanera de Importación definitiva número XXX del 05 de junio de dos mil trece de la Aduana Central.

 

 

RESULTANDO

 

 

  I.        Mediante Declaración Aduanera de Importación Definitiva número XXX del 05 de junio de 2016 de la Aduana Central, la agente aduanera XXX en nombre del importador XXX, declaró un vehículo usado, Toyota Echo, año 2003, sedan dos puertas, número de VIN XXX, en la posición arancelaria 8703.22.69.33, con un valor aduanero de  $2.526,17. (Ver folios 59 a 65)

 

 II.        Durante el control inmediato, y producto de la revisión física del vehículo indicado, la Autoridad Aduanera determinó que el mismo al presentar un título de propiedad “Salvage” y daños en la carrocería, y que de conformidad con los lineamientos correspondientes, lo procedente era iniciar el trámite para la anulación del DUA, notificando al interesado por medio del Sistema Informático Tica en fecha 28 de junio de 2013. (Ver folios 70 y 71)

 

III.        El 17 de julio de 2013, a través del referido Sistema Informático y el día 18 del mismo mes y año, la agente aduanera XXX presentó los recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el ajuste operado en la especie, aportando dictamen técnico de un perito valuador en el cual asegura se establece que el vehículo de referencia está en condiciones de circular. (Ver folios 01, 02 y 70)

 

IV.        Con Resolución número RES-AC-DN-1527-2014 del 11 de setiembre de 2014, el A Quo rechaza el recurso de reconsideración planteado. Dicho acto se notificó el 12 de setiembre de 2014. (Ver folios 42 a 53).

 

V.        Con escrito presentado ante la Aduana Central el 24 de abril de 2015, la agente aduanera XXX presenta solicitud de anulación del DUA de cita. (Ver folio 55)

 

VI.        En fecha 17 de agosto de 2016, la recurrente presenta ante esta instancia escrito en el cual reitera su requerimiento de anulación del DUA, aduciendo que su representado no quiere seguir perdiendo el tiempo y el dinero, y solicita el archivo del expediente. (Ver folio 75)

 

VII.        Que en las presentes diligencias se han observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso de apelación.

 

Redacta la Licenciada Loretta Rodríguez Muñoz; y,

 

CONSIDERANDO

 

 I.   OBJETO DE LA LITIS: Discute la interesada la decisión de la Autoridad Aduanera de anular la Declaración Aduanera de Importación Definitiva número XXX del 05 de junio de 2016 de la Aduana Central, mediante la cual la agente aduanera XXX, en nombre del importador XXX, declaró un vehículo usado, Toyota Echo, año 2003, sedan dos puertas, número de VIN XXX, en la posición arancelaria 8703.22.69.33, con un valor aduanero de  $2.526,1, al determinar que el mismo presentaba un título de propiedad “Salvage” y daños en la carrocería.

 

II.   SOBRE EL DESISTIMIENTO PRESENTADO: Consta en autos que la recurrente, luego de haber interpuesto un recurso de apelación contra el ajuste operado en el despacho en relación a la Declaración Aduanera de Importación Definitiva número XXX del 05 de junio de 2016, presentó ante el A Quo, el 24 de abril de 2015, con posterioridad a la resolución que conoció el recurso de reconsideración, y ante este Órgano de Alzada en fecha 17 de agosto de 2016, solicitud de desistimiento de la recurrencia. 

 

Tenemos que, este Tribunal Administrativo tiene competencia para conocer y decidir sobre las pretensiones formuladas por los administrados sólo a partir de que es interpuesto el recurso de apelación previsto por la LGA, naciendo en ese momento efectos jurídicos producto de la voluntad del interesado, dirigidos a que se revisen los actos de la Administración Activa.

 

Según el diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, Editorial Heliasta, Tomo III, 27ª Edición, el “desistimiento” en el derecho procesal significa: “Abandono, deserción o apartamiento de la acción, demanda, querella, apelación o recurso”.  Dicho instituto acarrea la renuncia de la pretensión interpuesta, con la voluntad de que la autoridad respectiva no conozca sobre la misma.

 

De esta forma, y para el caso concreto de las actuaciones de este Tribunal, mismo que posee competencia para conocer y decidir sobre las pretensiones formuladas por los administrados sólo a partir de que es interpuesto el recurso de apelación previsto por la LGA, naciendo en ese momento efectos jurídicos producto de la voluntad del interesado, dirigidos a que se revisen los actos de la Administración Activa, al momento de presentarse una solicitud de desistimiento de un recurso de apelación, se hace manifiesta la voluntad de destruir los efectos jurídicos generados con la presentación del recurso, sea la solicitud de conocimiento por parte de esta instancia administrativa; se trata de una declaración de voluntad del interesado de no continuar el ejercicio de la fase recursiva interpuesta.

 

Siendo por lo tanto que los escritos presentados por la recurrente en fechas 24 de abril de 2015 y 17 de agosto de 2016 (ver folios 55 y 75), con posterioridad al recurso presentado por ésta misma, encierra en sí mismo una solicitud expresa de renuncia a que se conozca del recurso interpuesto, aunado al hecho de que la utilización de los medios de impugnación es potestad del administrado, según lo estipula el numeral 198 de la LGA, y en aras del fiel cumplimiento del principio de eficiencia desarrollado por la jurisprudencia constitucional al indicar que “…hay algunos principios constitucionales que informan la organización y función administrativas, tales como los de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad … . Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados por la normativa infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los recoge en los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deben orientar y nutrir toda actuación administrativa”[1]; este Colegiado entra a conocer del desistimiento solicitado, sin que sea necesario ningún análisis anterior dada la naturaleza misma del instituto en cuestión, la cual se indicó supra.

 

El instituto del desistimiento de gestiones aduaneras no se encuentra contemplado expresamente en la LGA, razón por lo cual de acuerdo a lo dispuesto en los artículos números 208, 272 de dicho cuerpo normativo y al artículo 163 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, debe recurrirse supletoriamente a lo estipulado sobre el tema en la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP).

 

En este sentido, tenemos que los artículos 337 a 339 de la LGAP, facultan al interesado a desistir por escrito del recurso de apelación, por ser éste un derecho o garantía procesal que le asiste a la parte involucrada, y que solo le afecta a ésta, analizada frente al interés público que tuviese que ejercer la Administración Pública en el procedimiento. De esta forma nuestro Ordenamiento Jurídico permite que quien ha formulado una pretensión ante la justicia administrativa, pueda desistir de ella, estableciéndose expresamente en el inciso 2) del artículo 339 de la citada ley que la Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, a menos que existieran otros interesados, reforzando la preeminencia de la voluntad del administrado de no continuar con su pretensión, pero siempre supeditado al interés general.

 

El inciso 3) del artículo 339 de la LGAP señala: “Si la cuestión suscitada por el expediente entrañare un interés general, o fuere conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración limitará los efectos del desistimiento o la renuncia a sus posibles consecuencias patrimoniales respecto del interesado, y seguirá el procedimiento en lo demás.”.

 

Es así que, en el presente caso se tiene que el desistimiento respecto al recurso de apelación presentado en autos, contra lo actuado por la Aduana Central, cumple con los presupuestos establecidos en la LGAP para admitirlo, tal y como se consigna de seguido:

 

-       El desistimiento como renuncia al recurso de apelación fue solicitado por escrito y en forma expresa y definitiva según consta en expediente de folios 55 y 75.

 

-       Los efectos del mismo únicamente se refieren o afectan los intereses del interesado, estando debidamente acreditado en expediente que tanto el recurso de apelación como su renuncia fueron presentados por la agente aduanera en su representación.

 

-       No existe ninguna afectación al interés general en razón de que con el desistimiento puede continuar la Administración Activa con el procedimiento de anulación del DUA, según se determinó durante el despacho de la mercancía. (Ver folio 71).

 

Teniendo claro que no existe ningún interés de que se conozca el recurso de apelación ante esta instancia, pues al haber solicitado la recurrente su desistimiento, determina su voluntad expresa de eliminar todo efecto jurídico surgido respecto a la interposición del recurso en cuestión, resulta procedente acoger la petición de desistir del recurso, dando por terminado el presente procedimiento y ordenando la remisión de los autos a la Aduana Central para lo que estime procedente.

 

 

 

POR TANTO

 

 

Con fundamento en los artículos números 198, 208 y 272 de la Ley General de Aduanas, 163 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y 337, 338 y 339 de la Ley General de la Administración Pública, por mayoría este Tribunal acoge el desistimiento presentado. Devuélvase el expediente a la oficina de origen. Voto salvado del Lic. Reyes Vargas, quien declara inadmisible el recurso.

 

 

 

Notifíquese a la recurrente al medio señalado, fax: XXX, y a la Aduana Central al medio disponible.

 

 

 

Loretta Rodríguez Muñoz

Presidente

 

 

 

 

 

Elizabeth Barrantes Coto                         Alejandra Céspedes Zamora

 

 

 

 

 

 

Shirley Contreras Briceño                                   Desiderio Soto Sequeira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Gómez Sánchez                                             Dick Reyes Vargas          


 

 Voto salvado del Máster, Licenciado Dick Rafael Reyes Vargas. No comparte el suscrito lo resuelto, y por ello salvo mi voto con sustento en las siguientes consideraciones:

 

Marco Normativo de la Ley de Transito. El artículo cinco inciso a) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial número 9078 del 04/10/2012 prohíbe la importación para la inscripción de vehículos que hayan sido declarados pérdida total. En su segundo párrafo, dicho artículo dispone a los efectos que, el importador, debe aportar en el proceso de nacionalización el título de propiedad y una declaración jurada protocolizada indicando que el vehículo no se encuentra bajo ninguno de los supuestos indicados en los incisos anteriores y la cantidad de kilómetros o millas recorridas por este (en los mismos términos de la de eficiencia energética). En el párrafo tercero se indica que corresponde al Poder Ejecutivo, mediante su órgano competente, implementar las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de esta disposición, antes de la nacionalización correspondiente. Finalmente en el párrafo quinto se sanciona al importador de vehículos que infrinja las disposiciones de este artículo con una multa.

 

Directriz del Director General de Aduanas. Mediante directriz número DIR-DGT-003-2013 del 12 de marzo del año 2013 con rige a partir de su firma y publicada en La Gaceta número 83 del 02 de mayo de 2013, el Director General de Aduanas

Emite la misma, dice (I Motivación), con la finalidad de aclarar la prohibición por pérdida total y otros supuestos en la importación de vehículos usados regulada en el artículo cinco de la Ley de Transito. En lo que interesa para lo que resuelve el suscrito, el Director General de Aduanas como lo dispone el artículo cinco de marras parte de que se está en un proceso de nacionalización, es decir de importación donde se ha transmitido a la aduana una declaración aduanera y, por ello dispone que:

 

“En todos estos casos, dicho funcionario aduanero, deberá de previo a la autorización del levante de las mercancías, someter el caso al análisis y valoración del Gerente de la Aduana, a efectos de determinar si procede la autorización de importación para su inscripción, o la anulación de oficio de la declaración aduanera, por ser legalmente prohibida la importación del vehículo para su inscripción… Para lo anterior deberá observar el correspondiente procedimiento administrativo y durante este proceso se dará la oportunidad al declarante e importador de presentar las pruebas respectivas de no ser satisfactorias, no se permitirá continuar con la nacionalización, debiendo la aduana de control iniciar el procedimiento que corresponda para la anulación de la declaración aduanera.” (El resaltado y subrayado no es del original).

 

En la trascripción anterior observamos que, si bien la redacción no es la mejor, se establece dos procedimientos a seguir, una vez que el técnico de la Aduana (aforador o funcionario aduanero según la directriz) ha concluido su actividad verificadora y previo a autorizar el levante. Primero y conforme lo subrayado, independientemente de su criterio, se le obliga a someter el caso al análisis y valoración del Gerente de la Aduana, a efectos de determinar si procede la autorización de importación para su inscripción, o la anulación de oficio de la declaración aduanera, por ser legalmente prohibida la importación del vehículo para su inscripción. En el primer caso es decir si se autoriza la importación para su inscripción el asunto no tiene mayor importancia dado que ello es lo que se busca con la destinación. En el segundo caso, es decir cuando se estime que el asunto podría terminar en una importación prohibida, la directriz obliga a dar oportunidad al agente de aduana y al importador de aportar prueba y aunque no se diga alegar y en caso de no ser satisfacientes señala que no se podrá continuar con la nacionalización. Resuelto lo anterior, es decir, la improcedencia de concluir el despacho con la autorización del levante, o de la nacionalización, y conforme lo resaltado en negrita en la trascripción de la directriz, indica el Director General de Aduanas que debe la Aduana iniciar el procedimiento que corresponda para la anulación de la declaración.

 

Del procedimiento seguido en el presente asunto según la documental en autos. Las actuaciones del presente asunto, inician como corresponde, con la destinación al régimen del vehículo mediante la declaración aduanera de importación definitiva registrada y conforme apreciamos en el folio 12 la Aduana lo que resuelve es comunicar al interesado que se va a iniciar el trámite para la anulación del DUA.

 

Así las cosas, lo que se impugna es un acto de mero trámite, cuyo objeto es indicar a la parte que habrá un procedimiento futuro para anular el DUA, por lo que el mismo no causa estado y por ende resulta inimpugnable. Por todo lo anterior es que el suscrito resuelve en conformidad.

 

 

Dick Rafael Reyes Vargas

 

 



[1] Sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2003-03928, de las 15:58 horas del 13 de mayo de 2003.