Sentencia 145-2011. Tribunal Aduanero Nacional. San José, a las once horas  del veintiuno de setiembre de dos mil once.

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el señor XXX en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad XXX, contra la Resolución RES-CALD-DN-xxx-2010 del 04 de noviembre de 2010 de la Aduana de Caldera.

 

 

RESULTANDO

 

      I.    Que mediante Declaración Aduanera de Tránsito No. XXX de fecha 15 de junio de 2007, la Aduana de Caldera, autoriza el tránsito del contenedor xxx, a través de  XXX, en su calidad de Transportista Terrestre, con destino a la Aduana Santamaría, depósito fiscal XXX código XXX. (Ver folios 52-62)

 

     II.    El día 19 de junio de 2007 a las 14:40 horas, funcionarios de la Aduana de Caldera levantan el Acta de Inspección No. 277-2007, en el Estacionamiento Transitorio de XXX código XXX, dejando constancia que varios contenedores, entre los que está el xxx, permanecían en las instalaciones de ese auxiliar, determinando en ese acto “que efectivamente  a la fecha los contenedores antes citados se encontraban en las instalaciones de XXX.”  (Ver folio 3)

 

    III.    Con nota fechada y recibida por la Aduana el 19 de junio de 2007, el Administrador del Estacionamiento Transitorio de XXX código XXX, señor XXX le indica a la Aduana que “por acumulación de tránsitos y falta de equipo no hemos podido realizar o cumplir con la entrega de la mercancía a sus destinatarios. Hacemos esto de su conocimiento por que estas guías ya presentan más de 72 horas de ser autorizado su tránsito (sic) por sus funcionarios.” (ver folio 4)

 

 

 

   IV.    Mediante resolución RES-CALD-DN-661-2010 del 26 de agosto del 2010,  la Aduana de Caldera, dicta acto de apertura del procedimiento sancionatorio, para determinar la presunta comisión por parte del auxiliar de la función pública aduanera XXX, al aplicarle la sanción contenida en el artículo 236 inciso 8 de la Ley General de Aduanas (LGA), con la que pretende imponerle una multa de quinientos pesos centroamericanos, ($500) o su equivalente en moneda nacional, por haber iniciado el tránsito de la unidad de transporte y sus mercancías amparados a la Declaración Aduanera de Tránsito No. XXX de fecha 15 de junio de 2007, después de las 72 horas de haber sido autorizado el inicio del tránsito aduanero, desde el Estacionamiento Transitorio de XXX código XXX, al  depósito fiscal XXX código XXX, bajo la jurisdicción de la Aduana Santamaría. Lo anterior por cuanto la Aduana determinó que dicho tránsito no se inició dentro del plazo de las 72 horas naturales, de conformidad con  lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas (LGA), al tener demostrado que entre la fecha de la aceptación de la declaración aduanera de tránsito, sea el 15 de junio de 2007 a las 13:01 horas y la fecha en que se levanta el Acta de Inspección No. 277-2007 el 19 de junio de 2007 a las 14:40 horas, han transcurrido sobradamente las 72 horas. (Ver folios 22-26)

 

    V.    Con escrito de fecha de recibido 06 de octubre del 2010, el señor XXX en su calidad de Representante Legal de la empresa XXX, se apersona ante la Aduana a presentar sus alegaciones, indicando básicamente lo siguiente:  (Ver folios 27-33)

 

·         Que afirma la inaplicabilidad de la sanción que se le pretende imponer al señalar que el artículo 140 de la LGA establece dos conductas incompatibles entre sí pero que no pueden llegar a afectar al transportista pues este cumple con un plazo de 8 días que la ley le da posteriores para iniciar el tránsito. Es decir, que si bien acepta que no inició el tránsito por razones de equipo, puede válidamente programar su equipo para que en 8 días se inicie y más aún estima que tiene 15 días aunque tenga que cancelar la multa de 500 pesos centroamericanos desde el día 9. Justifica su posición en la sentencia 445-2005 de este Tribunal.

 

·         Considera además que la Aduana no realiza un análisis del elemento subjetivo del tipo, por lo que se violan las reglas punitivas, al dejar de lado los principios que se deben observar en el derecho sancionador, citando la sentencia de este Tribunal número 232-2006.

 

 

   VI.    Con resolución RES-CALD-DN-850-2010 del 04 de noviembre del 2010, la Aduana de Caldera dicta el acto final del procedimiento sancionatorio, contra el auxiliar de la función pública XXX,  al tener por comprobado que inició el tránsito de la unidad de transporte y sus mercancías amparadas a Declaración Aduanera de Tránsito No. XXX de fecha 15 de junio de 2007, después de las 72 horas de haber sido autorizado el inicio del tránsito aduanero, tal y como lo dispone el artículo 140 de la Ley General de Aduanas, al tener demostrado que entre la fecha de la aceptación de la declaración aduanera  sea el 15 de junio de 2007 a las 13:01 horas y la fecha en que se levanta el Acta de Inspección No. 277-2007 el 19 de junio de 2007 a las 14:40 horas, han transcurrido sobradamente las 72 horas establecidas en el citado numeral 140 de la LGA, razón por la cual se le impuso la sanción de multa de $500 constituida en el artículo 236 inciso 8 de la LGA. Se tiene por demostrado en autos que dicho acto fue notificado al transportista el 09 de febrero del 2011, por un medio no señalado, ya que el recurrente solicita ser notificado a través de un fax. (Folios 35-40)

 

 VII.    En fecha 15 de febrero del 2010, la Aduana de Caldera recibe escrito con el cual el señor XXX en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad XXX, presenta los recursos de reconsideración y apelación contra el acto final, reiterando que: (Folios 41-42)

 

·         Que la aduana realiza una interpretación laxa de las normas jurídicas, mismas que debe realizarse de forma restrictiva por tratarse de materia  sancionatoria.

·         Tiene claro que la norma del 140 de la LGA tiene dos situaciones fácticas   sobre el plazo para iniciar el tránsito, pero la norma da dos posibilidades de permanencia de las unidades de transporte una hasta 72 horas y otra hasta 7 días y ambas generan una sanción. En ese sentido la Aduana olvida que dicha norma no se refiere a los días posteriores a la autorización del tránsito, lo que con su interpretación le genera indefensión.

·         Solicita se reconsidere la decisión y se interprete con los métodos propios del derecho penal, considerando inaplicable el artículo 140 de la LGA.

 

VIII.    Con resolución RES-CALD-DN-227-2011 del 04 de mayo del 2011, la Aduana conoce el recurso de reconsideración rechazando  el mismo y se  emplaza a la parte para que amplíe y reitere argumentos ante este Tribunal. Dicha resolución se notifica el 08 de junio 2011, nuevamente a un lugar no señalado por el interesado.(Folios 44-46)

 

   IX.    El día 16 de junio de 2011 la Aduana de Caldera recibe nota del señor Marvin Vargas Sirias, quien dice ser Gerente de Terminal Caldera XXX, en donde manifiesta en relación con la resolución RES-CALD-DN-584-2011 del 09 de junio de 2011, misma que adjunta a su nota[1],  que solicita una prórroga para presentar alegatos, toda vez que indica: “En respuesta a su resolución RES-CALD-DN-584-2011 del 09 de Junio del 2011 donde como Auxiliar de la Función Pública (sic) Aduanera, Responsable (sic) de entrega de mercadería y de llevar control de los viajes, que representan mercaderías que no ha pagado impuestos y de conformidad con el artículo 264, le solicitamos una prorroga (sic) para dar respuesta a la resolución  en mención.” (Folios 47-50)

 

    X.    Con oficio  CALD-DN-0065-2001 de fecha 05 de agosto de 2011, recibida en este Despacho el día 11 de agosto de 2011, la Aduana de Caldera remite el expediente respectivo. (Folio 51)

 

   XI.    Mediante Auto No. 060 de 2011 del 26 de agosto de 2011, este Tribunal como un contralor de legalidad, respetuoso del debido proceso y del derecho de defensa, le otorga al recurrente, de previo a resolver y de conformidad con el artículo 200 de la LGA, un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la presente, para que manifieste lo que estime pertinente. (Folios 63-72)

 

 XII.    Que el recurrente no presentó  apersonamiento ante este Órgano de Alzada, tal y como lo hace constar la Jueza de Instrucción de este Tribunal a folio 73.

 

XIII.    En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones de ley.

 

 

Redacta la Licenciada Elizabeth Barrantes Coto; y,

 

 

CONSIDERANDO

 

 

I.             La litis. Se circunscribe a la sanción impuesta por la Aduana de Caldera al transportista aduanero XXX, de quinientos pesos centroamericanos ($500) o su equivalente en moneda nacional, fundamentada en el artículo 236 inciso 8 de la Ley General de Aduanas, en razón de que el tránsito aduanero de la unidad de transporte y sus mercancías amparada a Declaración Aduanera de Tránsito No. XXX de fecha 15 de junio de 2007, inició después de las 72 horas naturales siguientes a la autorización dada por dicha autoridad, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 140 de la LGA, toda vez que se tiene por comprobado en autos, que el tránsito fue autorizado para su inicio el 15 de junio de 2007 a las 13:01 horas y la fecha en que se levanta el Acta de Inspección No. 277-2007 el 19 de junio de 2007 a las 14:40 horas el mismo no se había iniciado, habiendo transcurrido sobradamente las 72 horas.

 

II.             Sobre la admisibilidad. Previo a cualquier otra consideración, se avoca este Órgano al estudio de la admisibilidad del presente recurso conforme la nueva normativa aduanera, que rige a partir del 5 de marzo de 2004. En tal sentido dispone la LGA  en su artículo 198 que contra la resolución dictada por la Aduana, cabe el recurso de apelación para ante este Tribunal, el cual debe interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación del acto impugnado, condicionando la admisibilidad a dos requisitos procesales, sea en cuanto al tiempo que dispone el interesado para interponerlo, y además el relativo a la capacidad procesal de las partes que intervienen en expediente. Así las cosas, siendo el acto que se impugna la resolución RES-CALD-DN-850-2010, notificada el  9 de febrero de 2011, pero no realizada por el medio señalado por el interesado, toda vez que expresamente indicó en su escrito de alegaciones, que recibe notificaciones a través de  un fax y la Aduana lo notifica por otro medio incluso, sin indicación expresa del lugar en donde se practica. Es por ello que este Tribunal tiene por presentados los recursos en tiempo, toda vez que al interponerlos el día  15 de febrero de 2011, se da por notificado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley General de la Administración Pública, que expresamente indica que “La comunicación hecha por un medio inadecuado, o fuera del lugar debido, u omisa en cuanto a una parte cualquiera de la disposición del acto, será absolutamente nula y se tendrá por hecha en el momento en que gestione la parte o el interesado, dándose por enterado, expresa o implícitamente, ante el órgano director competente.” ( El resaltado no es del texto).

En cuanto a la capacidad procesal del recurrente, por tratarse de un transportista persona jurídica a quien se le impone la sanción consta en autos la personería jurídica a folio  34, del XXX en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad XXX, por lo tanto tiene este Tribunal como correctamente admitido el recurso de apelación.

 

 III.       Hechos probados:

 

 

1.  Que la Declaración Aduanera de Tránsito No. XXX fue aceptada en fecha 15 de junio de 2007, con destino a la Aduana Santamaría. (Folios 52-61)

 

2.  Que el tránsito aduanero para dicha declaración fue autorizado ese mismo día 15 de junio de 2007, según se desprende del formulario “Consulta Datos de un Viaje” del Sistema Informático Aduanero Tica.  (Folios  52)

 

3.  Que el inicio del tránsito de la declaración de cita se dio el 21 de junio 2007 del Estacionamiento Transitorio  de XXX código XXX, con destino a la Aduana Santamaría, depósito aduanero XXX código XXX, el cual es recibido el día 22 de junio de 2007. (Véase reporte del Tica sobre Viaje 200766050 a folio 55).

 

4.  El día 19 de junio de 2007 a las 14:40 horas, funcionarios de la Aduana de Caldera levantan el Acta de Inspección No. 277-2007, en el Estacionamiento Transitorio de XXX código XXX, dejando constancia que varios contenedores, entre los que está el xxx, permanecían en las instalaciones de ese auxiliar, determinando en ese acto “que efectivamente a la fecha los contenedores antes citados se encontraban en las instalaciones de XXX.”  (Ver folio 3)

 

5.  Con nota fechada y recibida por la Aduana el 19 de junio de 2007, el Administrador del Estacionamiento Transitorio de XXX código XXX, señor XXX le indica a la Aduana que “por acumulación de tránsitos y falta de equipo no hemos podido realizar o cumplir con la entrega de la mercancía a sus destinatarios. Hacemos esto de su conocimiento por que estas guías ya presentan más de 72 horas de ser autorizado su tránsito (sic) por sus funcionarios.” (ver folio 4)

 

6.  Mediante resolución RES-CALD-DN-661-2010 del 26 de agosto del 2010,  la Aduana de Caldera, dicta acto de apertura del procedimiento sancionatorio, y con resolución RES-CALD-DN-850-2010 del 04 de noviembre del 2010, el acto final sancionando al auxiliar de la función pública aduanera (Folios 22-26 y 35-40)

 

IV.       Sobre las nulidades.

 

Debe indicar este Tribunal que, las alegaciones de nulidad señaladas por el recurrente referidas a la inaplicabilidad de la sanción que se le pretende imponer, al señalar que el artículo 140 de la LGA establece dos conductas incompatibles entre sí pero que no pueden llegar a afectar al transportista pues este cumple con un plazo de 8 días que la ley le da posteriores para iniciar el tránsito, así como, que la Aduana no realiza un análisis del elemento subjetivo del tipo, violándose así las reglas punitivas, al dejar de lado los principios que se deben observar en el derecho sancionador, son aspectos que se analizan en el fondo de la sentencia, por estar referidos expresamente a la tipicidad y a la culpabilidad y que revisados los mismos no constituyen una nulidad de las actuaciones como se verá de seguido.

 

 

V.             Sobre el fondo.

 

Como se ha indicado, la presente litis se contrae en determinar la procedencia o no de la sanción impuesta por la Aduana de Caldera al transportista aduanero XXX, de quinientos pesos centroamericanos ($500), fundamentada en el artículo 236 inciso 8 de la LGA, en razón de que el tránsito aduanero de la unidad de transporte y sus mercancías amparada a Declaración Aduanera de Tránsito No. XXX de fecha 15 de junio de 2007, inició después de las 72 horas naturales siguientes a la autorización dada por dicha autoridad, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas, toda vez que se tiene por comprobado en autos, que el tránsito fue autorizado para su inicio el 15 de junio de 2007 a las 13:01 horas y la fecha en que se levanta el Acta de Inspección No. 277-2007 el 19 de junio de 2007 a las 14:40 horas el mismo no se había iniciado, habiendo transcurrido sobradamente las 72 horas.

 

De ahí que, en primer término, corresponde realizar el análisis sobre los presupuestos que la normativa aduanera le ha impuesto a los auxiliares de la función pública aduanera en la figura del transportista aduanero dentro del marco legal sobre las responsabilidades que prescribe el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y la LGA, para esos auxiliares.  Una vez que se precise el ámbito de su responsabilidad regulado por la normativa aduanera, se abordará lo relativo a la imposición de la sanción.

 

Sobre el carácter de munera púbblica del Transportista Aduanero:

 

El numeral 18 del CAUCA III, define al transportista aduanero como un auxiliar de la función pública aduanera encargado de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación ante el Servicio Aduanero, del medio de transporte y carga a fin de gestionar su ingreso, tránsito o salida de las mercancías, es decir, realiza gestión aduanera.  Será responsable directo ante el Servicio Aduanero, por el traslado o transporte de mercancías objeto de control aduanero.  Por su parte, el artículo 37 del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en adelante RECAUCA, reitera entre las obligaciones específicas, el hecho de entregar las mercancías en la aduana de destino y responder por el cumplimiento de todas las obligaciones que el régimen de tránsito aduanero le impone, incluso del pago de los tributos correspondientes si la mercancía no llega en su totalidad a su destino.  Tales disposiciones deben correlacionarse con lo dispuesto en la LGA, norma que establece el marco jurídico dentro del cual debe actuar el transportista y sus sanciones en caso de incumplimiento.  Específicamente el artículo 40 de la LGA define el concepto de transportista aduanero de la siguiente forma: “Los transportistas aduaneros personas, físicas o jurídicas, son auxiliares de la función pública aduanera; autorizados por la Aduana de Caldera.  Se encargan de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación del vehículo, la unidad de transporte y sus cargas ante el Servicio Nacional de Aduanas, a fin de gestionar en la aduana el ingreso, el arribo, el tránsito, la permanencia o la salida de mercancías.”  De esta definición podemos extraer su condición de auxiliar de la función pública, lo que implica que su actividad está destinada al interés público y es por ello que existe una regulación vía ley y reglamento de su intervención.  Por otra parte, tenemos que el objetivo de la actividad aduanera es alcanzar un equilibrio entre la agilización de los procesos para ser competitivos y el ejercicio de un nivel adecuado de control del tráfico del comercio exterior de las mercancías, de forma tal que no lo obstaculice.  Para lograr lo anterior se dio entonces un traslado de varias de las funciones que anteriormente ejecutaba la Aduana (gestión aduanera) que pasaron a ser realizadas por los diferentes auxiliares de la función pública autorizados, asumiendo por tanto su propia responsabilidad, de  ahí que, lo que se tutela es el adecuado control de la Aduana sobre el tráfico internacional de mercancías.  Lo anterior implica un cambio a su vez en el sector privado, fortaleciendo a todos los actores que intervienen en el procedimiento aduanero, adquiriendo un rol protagónico los auxiliares de la función pública aduanera, a quienes nuestra legislación aduanera los concibe como cogestores de la administración pública, según lo estipulado en los artículos 11 del CAUCA III y 28 de la LGA, lo cual implica un régimen especial de responsabilidades, al contar con mayores requisitos y obligaciones, entre las cuales destaca el deber de colaboración en el control, puesto que les corresponde, entre otras, velar por el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y por la agilización de los procedimientos y trámites, de conformidad con lo consignado por los numerales 13 al 21 del CAUCA III.  En efecto, como lo ha venido reiterando este Tribunal, desde su creación y en vasta jurisprudencia y como igualmente lo ha reconocido la Sala Constitucional, en el sentido de que los auxiliares de la función pública tienen un rol preponderante frente al Estado y no son simples intermediarios.[2]  Línea que también comparte la Procuraduría General de la República en relación con el transportista aduanero y que fue externada en la audiencia de ley conferida en la acción de inconstitucionalidad número 02-002947-0007-CO, que interpuso una empresa naviera precisamente contra el artículo 140 de la LGA, sobre la responsabilidad de los auxiliares y en relación a los transportistas aduaneros en relación con la autoridad aduanera, al indicar que “… de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley General de Aduanas, los transportistas aduaneros -personas físicas o jurídicas- son auxiliares de la función pública aduanera autorizados por la Aduana de Caldera, lo que les coloca en una relación de intensidad especial con la Administración, que debe tomarse en cuenta al momento de analizar la normativa aplicable.  Señala que, sobre este aspecto la Sala en sentencia 2002-00843 indicó – entre otras cosas – que todo auxiliar de la función pública aduanera ha de tener pleno conocimiento de sus atribuciones, deberes y obligaciones desde el momento mismo en que es autorizado para desempeñarse como tal y por ende, de las sanciones que le podrían ser impuestas en caso de incumplimiento, ya que en todo caso la responsabilidad recae sobre el auxiliar.  En este mismo sentido, la relación entre la Administración y los agentes y transportistas aduaneros tiene características especiales que hacen que su valoración sea distinta a otro tipo de relaciones, al encontrarse dentro de la categoría de relaciones de sujeción especial prevista en el artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública.  En el caso concreto, el transportista aduanero en su condición de auxiliar de la función pública conoce de antemano, que por disposición legal se encuentra obligado a solicitar el régimen aduanero o el tránsito aduanero de la mercadería que ha ingresado a aduana, y además conoce que si el tránsito no se realiza dentro de los ocho días hábiles siguientes al arribo de la mercadería, se le impondrá una multa.  Señala que el fin de la norma es buscar la continuidad y eficiencia del servicio aduanal.  Al respecto, considera que la norma concuerda con el principio establecido en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, es decir, la norma impugnada procura hacer efectivos los principios de continuidad y eficiencia de la Administración, por lo que ésta es razonable y constitucionalmente fundamentada, en el tanto está inserta dentro de una relación de especial sujeción entre el agente o transportista aduanero y la Administración, y tiende a la consecución de un interés público como lo es la continuidad y eficiencia del servicio aduanero, y sus parámetros de aplicación están claramente delimitados...”.  (El subrayado no es del original).  Se sigue de lo anterior, la relevancia que para el Fisco tiene la participación de los auxiliares de la función pública en los diferentes procedimientos aduaneros, al punto de que partiendo del principio de buena fe y responsabilidad de sus actuaciones le ha delegado parte de la gestión aduanera, de tal suerte que se han convertido en sus coadyuvantes o cogestores.  Paralelamente a ello, los auxiliares por tal cogestoría han asumido un régimen de responsabilidad no sólo frente a sus clientes sino también ante el Fisco.  Dentro de ese orden de ideas, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional los transportistas aduaneros están sujetos de manera directa a los deberes y obligaciones que le impone la ley en virtud de su carácter de munera púbblica, habiéndose establecido de forma clara y directa el ámbito de su responsabilidad, por lo que al definirse tan manifiestamente la misma, el régimen de obligaciones revierte un especial carácter por la condición propia de estos sujetos.  Es por ello que, del ordenamiento jurídico aduanero, derivan una serie de deberes determinados para el transportista aduanero, en virtud de una relación jurídica preestablecida, que la doctrina ha llamado: relaciones de sujeción especial[3] o relaciones especiales jurídico-administrativas[4] como lo es, entre otras, la existente entre la Administración Aduanera y el auxiliar de la función pública.  Es por ello que en virtud de la relación de sujeción o supremacía especial existe una responsabilidad concreta del auxiliar y como consecuencia de esa relación previa administrativa es que el transportista está obligado a una serie de obligaciones y deberes dentro del ejercicio del control aduanero en la movilización y entrega en tiempo de las mercancías en el lugar de destino, respondiendo incluso por el pago de los tributos correspondientes si las mercancías no llegan en su totalidad al destino, debiendo transmitir electrónicamente la declaración y cualquier otra información que se le solicite antes del arribo del medio de transporte, así como de la mercancía transportada, siendo entonces que las funciones o actividades que realizan y la confianza depositada en su gestión, comportan alta responsabilidad fiscal.  Ante esta nueva caracterización, para poder actuar ante el Servicio Nacional de Aduanas, los transportistas aduaneros deben ser autorizados en forma previa y están sometidos al cumplimiento de una serie de derechos y obligaciones en relación al ejercicio de su actividad que están debidamente delimitadas en los numerales 14, 15 y 18 del CAUCA III, artículos 37 y 38 del RECAUCA, artículos 30, 32, 42 y 43 de la LGA, 124, 126, 127, 129, 130, 130 bis,y 130 ter del Reglamento a la LGA.  Definido lo anterior corresponde determinar si procede o no la aplicación de la sanción impuesta por el A Quo al recurrente.

 

Sobre la aplicación de la sanción.

 

Precisamente por tratarse de la aplicación de una sanción al afectado, al considerar la Aduana de Caldera que se ha cometido una infracción administrativa contraviniendo o vulnerando las disposiciones del régimen jurídico aduanero, debe tenerse presente que si bien la normativa aduanera la faculta para imponer sanciones a los que resulten responsables de su comisión (artículos 6, 24 inciso i), 231 a 234 de la LGA) dentro del procedimiento sancionatorio aplicable en sede administrativa, deben respetarse una serie de principios y garantías constitucionales del Derecho Penal pero con matices, como lo señala Cobo Olvera “… ha de recordarse que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado”[5].  Así también lo han reconocido ampliamente otros autores[6]; la Sala Constitucional al responder una consulta de constitucionalidad con ocasión a la reforma del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (artículo 65 del Proyecto), por considerar los consultantes que resultaba violatoria de lo dispuesto por el artículo 153 de la Constitución Política[7] y este Tribunal a través de su jurisprudencia.[8]  Es claro que dentro de tales garantías se encuentran como fundamentales los principios de tipicidad y culpabilidad como delimitadores de las normas sancionadoras, teniendo el primero de ellos una función de garantía, de seguridad jurídica, al exigir la delimitación precisa y exhaustiva tanto de la conducta punible como de la pena.  De tal manera que, una acción es típica, cuando se adecua a un tipo penal y éste es, la descripción de la conducta prohibida que lleva aparejada una sanción.  Esta exigencia de que las normas sancionadoras se estructuren en forma precisa y clara se ha señalado en forma indubitable por nuestra Sala Constitucional, describiendo incluso la estructura básica de los tipos penales en la Sentencia número 1877-90 de las 16:02 horas del 19 de diciembre de 1990[9].

 

En relación con el principio de culpabilidad, implica que debe demostrarse la relación de culpabilidad entre el hecho cometido y el resultado de la acción para que sea atribuible y reprochable al sujeto, ya sea a título de dolo o culpa, en virtud de que la pena se impone solo al culpable por su propia acción u omisión.  Procede en consecuencia determinar si en el presente asunto los señalados principios se han respetado por parte de la Aduana de Caldera al momento de aplicar la sanción contenida en el 238 inciso 8) de la LGA.  El A Quo le imputa al Transportista Aduanero XXX, haber iniciado el tránsito de la unidad de transporte y sus mercancías amparadas a la Declaración Aduanera de Tránsito No. XXX de fecha 15 de junio de 2007, después de las 72 horas de haber sido autorizado el inicio del tránsito aduanero desde el Estacionamiento Transitorio  de XXX código XXX, con destino a la Aduana Santamaría, depósito aduanero XXX código XXX. Lo anterior por cuanto la Aduana determinó mediante el Acta de Inspección No. 277-2007 del 19 de junio de 2007 a las 14:40 horas, que el mismo no se había iniciado, habiendo transcurrido en ese momento, sobradamente las 72 horas para el inicio del tránsito, asimismo de conformidad con el reporte del Tica sobre Viaje 200766050 a folio 55, se tiene probado que efectivamente el tránsito inició el día 21 de junio 2007, (ver hecho probado 3), incumpliéndose el plazo de las 72 horas desde la fecha de aceptación y autorización del tránsito, sea el 15 de junio de 2007, conforme con  lo dispuesto en el artículo 140 de la LGA, y partiendo de ello se revisará lo concerniente al cumplimiento de los principios de tipicidad y culpabilidad.

 

PRINCIPIO DE TIPICIDAD:

 

Dado lo anterior estima este Tribunal se debe analizar si efectivamente los hechos atribuidos se adecuan a la norma aplicada, esta es el artículo 236 inciso 8 de la LGA que reza:

 

“Artículo 236.—Multa de quinientos pesos centroamericanos. Será sancionada con multa de quinientos pesos centroamericanos, o su equivalente en moneda nacional, la persona física o jurídica, auxiliar o no de la función pública aduanera, que:

(…)

8. En su calidad de transportista aduanero, inicie el tránsito o presente los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas, fuera del plazo establecido para el tránsito aduanero.”

 

Analicemos de seguido su contenido.

 

Descripción de la conducta-verbo activo

 

De la trascripción de la norma la conducta-verbo, que se sanciona en el numeral en estudio es:

 

Ø    Iniciar el tránsito fuera del plazo establecido

Ø    Presentar los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas, fuera del plazo establecido para el tránsito aduanero.

 

En el caso que nos ocupa se trata de que el transportista no inició el tránsito dentro del plazo que la ley le impone (Artículo 140 LGA). En ese sentido tenemos por demostrado que  la Declaración Aduanera de Tránsito No. XXX de fecha 15 de junio de 2007 y que el tránsito aduanero fue autorizado ese mismo día 15 de junio de 2007, según se desprende del formulario “Consulta Datos de un Viaje” del Sistema Informático Aduanero Tica.  (Folios  52 ver hecho probado 2), por lo que el inicio del tránsito de la declaración de cita se dio el 15 de junio de 2007 en el Estacionamiento Transitorio  de XXX código XXX, concluyendo en el Depósito Aduanero depósito fiscal XXX código XXX, el día 22 de junio de 2007 (ver hecho probado 3 folio 55).  Por lo que se incumple con lo dispuesto en el artículo 140 de la LGA que dispone al momento de los hechos lo siguiente:

Artículo 140.—Declaración del tránsito y régimen aduanero. Si no se ha solicitado un régimen aduanero procedente, el transportista deberá presentar una declaración para solicitar el tránsito aduanero y su régimen aduanero inmediato, con los requisitos que establezcan los Reglamentos de esta Ley. Aceptada la declaración, el tránsito deberá iniciar dentro del término de las setenta y dos horas naturales siguientes; la aduana señalará el plazo y la ruta para la realización del tránsito y transmitirá a la aduana competente la información que corresponda.

De no iniciarse el tránsito autorizado dentro de los ocho días hábiles contados a partir del arribo de las mercancías, se impondrá una multa de doscientos pesos centroamericanos por cada día natural que transcurra, hasta cumplir el plazo indicado en el inciso a) del artículo 56 de esta Ley, salvo caso fortuito, fuerza mayor o causa imputable a la Administración. El transportista comunicará a las aduanas competentes la salida y llegada de la unidad de transporte y sus cargas al lugar designado.

(Así reformado por el artículo 1° de la Ley No. 8373 de 18 de agosto de 2003)”. (El resaltado no corresponde al texto original)

Al observar lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas referido a la “Declaración del tránsito y régimen aduanero”, se tiene por comprobada la obligación específica del transportista aduanero en relación con el inicio del tránsito, al establecerse que “Aceptada la declaración (de tránsito), el tránsito deberá iniciar dentro del término de las setenta y dos horas naturales siguientes”, en consecuencia, está establecido en la normativa aduanera, que el plazo máximo para que el transportista aduanero de inicio al tránsito aduanero es de 72 horas naturales después de haberse autorizado por la Aduana, lo contrario conlleva la violación del régimen jurídico aduanero, que sanciona tal proceder con una multa de $500 con base en lo dispuesto en el citado numeral 236 inciso 8 de la LGA.

 

En el caso, existe una declaración aduanera de tránsito debidamente aceptada por la autoridad aduanera, que determina el momento en que el transportista debe de iniciar el tránsito, teniendo la obligación como auxiliar de cumplir dentro del plazo señalado por la normativa aduanera, sea iniciarlo antes de las 72 horas, el cual no se cumple, pues en la declaración que se estudia, incumple con salir dentro del plazo.

 

Por otra parte, no comparte este Tribunal la justificación que señala el recurrente sobre la inaplicabilidad de la sanción que se le pretende imponer, al indicar que el artículo 140 de la LGA establece dos conductas incompatibles entre sí, pero que no pueden llegar a afectar al transportista pues este cumple con un plazo de 8 días que la ley le da posteriores para iniciar el tránsito y  que si bien acepta que no inició el tránsito por razones de equipo, puede válidamente programar el mismo para que en 8 días se inicie y más aun estima que tiene 15 días, aunque tenga que cancelar la multa de 500 pesos centroamericanos desde el día 9, fundamentado en la sentencia de este Tribunal Nº 445-2005.

 

En ese sentido si bien este Tribunal en la citada sentencia Nº 445-2005, señala que, “interpretando sistemáticamente el artículo de 140 de la LGA, el ordenamiento jurídico aduanero, en el primer supuesto se debe entender que dentro del plazo de los ocho días hábiles, puede o debe presentarse la declaración o solicitud de tránsito, luego de sucedido entramos al segundo supuesto o sea las 72 horas, que sería para iniciar el tránsito. Lo que implica que el tránsito puede iniciar dentro o fuera del plazo de los ocho días, sin que sea un supuesto  sancionable, porque en este caso está autorizado previo al vencimiento de ese término fatal de ocho días hábiles y quien tiene plazo nada debe”, constituye una interpretación que se realiza en ese momento, pero que en un análisis del punto este Colegiado, estima que efectivamente existe una ambigüedad que el legislador no prevé y ha generado errores a la hora de su interpretación.

 

Es por ello que, para un mejor entendimiento del caso debe aclarase el contenido de dicha norma para poder armonizar la misma, resultando necesario separar los dos párrafos que la integran ya que se refieren a  situaciones totalmente diferentes que el legislador, con una mala técnica, según nuestro criterio, incluyó en la misma norma y genera los errores de interpretación como sucede en la especie.

 

Es así que la sanción prevista en el segundo párrafo del artículo 140, se aplica única y exclusivamente para mercancías que se encuentren en Estacionamiento Transitorio, de manera que el plazo de los 8 días contados desde el arribo es para solicitar la autorización del régimen de tránsito, tal y como lo dispone el artículo 145 de las LGA referido a los Estacionamientos Transitorios.  Interpretar que dicho plazo lo es para el inicio efectivo del tránsito, es aceptar que existe contradicción con el párrafo primero, que sin lugar a dudas establece que una vez aceptada la declaración de tránsito, o lo que es lo mismo, una vez autorizado el tránsito, el transportista tiene un plazo de 72 horas naturales para  efectivamente salir o iniciar, bajo apercibimiento de la  multa del artículo 236 inciso 8) de la LGA.

 

Entonces, sí conforme con el primer párrafo tiene 72 horas para iniciar el tránsito, no es lógico interpretar que el segundo párrafo tiene 8 días para lo mismo, y que en ambos párrafos se regula igual supuesto con diferentes plazos. Además, si en este segundo párrafo se tratara efectivamente que para su aplicación debe existir un tránsito autorizado (entendido como haber presentado la declaración y haber sido aceptada por la aduana), ningún sentido tendría exigir que los 8 días se contaran a partir del arribo, puesto que sería irrelevante cuando hayan arribado las mercancías al país, puesto que el hecho importante sería cuando se ha autorizado el tránsito, para a partir de allí computar el plazo para el inicio.

 

En el supuesto de que si dentro de ese plazo de 8 días contados desde el arribo[10] de las mercancías, se gestiona ante la aduana,  el régimen de tránsito aduanero o bien el traslado a depósito aduanero, no se infringen las normas y condiciones del Estacionamiento Transitorio, no hay infracción y por tanto no cabe la multa. Si por el contrario, se gestiona lo anterior, fuera o después  del día ocho, incluso hasta el día quince, la aduana igualmente lo autoriza, pero cuando se da un incumplimiento, ante la vulneración del régimen aduanero, se le impone una multa de $200 por cada día natural de atraso, siendo la multa máxima que se puede imponer de $1400 por 7 días de atraso al transportista aduanero.  Vencido ese plazo no corre más la multa. Después del día quince, es decir, a partir del día 16 contado desde el arribo, las mercancías conforme el artículo 56 inciso a) y el último párrafo del 145 de la LGA, se consideran en  abandono, por lo que la mercancía debe ser trasladada a depósito aduanero, para que se inicien los trámites correspondientes.

 

Finalmente otro supuesto por señalar, del párrafo primero, es el plazo para iniciar efectivamente el tránsito, una vez autorizado el mismo, podría suceder que una mercancía que estando en un Estacionamiento Transitorio, se le haya solicitado el régimen de tránsito dentro de los 8 días siguientes al arribo, y que en virtud de ello, no le cabe sanción conforme con el segundo párrafo, sin embargo, una vez que efectivamente le aceptan la declaración de tránsito y le autorizan el régimen, no lo inicia dentro de las 72 horas naturales, le cabría la multa pero por aplicación del primer párrafo y del artículo 236 inciso 8 de la LGA, como sucede en la especie.

 

De lo anterior se colige que, conforme el párrafo segundo, el plazo de permanencia de las mercancías en el Estacionamiento Transitorio a partir del arribo de las mismas, es de ocho días, luego de ese plazo, se aplica una multa de $200 por cada día natural de atraso hasta el día quince. Y de acuerdo con el párrafo primero, el plazo para iniciar el tránsito autorizado es de 72 horas naturales. Es decir, es posible aplicar ambas multas si se dan los supuestos del caso respectivamente.

 

Por lo antes indicado y en relación con el caso en estudio, el recurrente pretende  realizar una interpretación contraria a lo que señala la norma y sobre un supuesto que no es el asunto que nos ocupa, pues la imputación que se le realiza es clara respecto de no iniciar el tránsito dentro de las 72 horas previstas, por haberse presentado la declaración aduanera que así lo solicitaba, es decir existe un régimen debidamente declarado y aceptado conforme el artículo 86 de la LGA, el de tránsito aduanero, no estando en discusión la permanencia de la unidad de transporte en el estacionamiento transitorio y la eventual multa que se puede generar si no se inicia el tránsito autorizado dentro de los ocho días hábiles contados a partir del arribo de las mercancías. Lo que se discute es que habiéndose presentado la  Declaración Aduanera de Tránsito No. XXX de fecha 15 de junio de 2007, el transportista aduanero tenía que iniciar el mismo dentro del plazo de las 72 horas, razón por la cual se le impone la sanción por parte de la Aduana. Por lo que lleva razón la Aduana, en que se ha dado un incumplimiento que genera responsabilidad administrativa para el transportista.

 

Sujeto activo. 

 

 

Si revisamos la norma tipo, resulta claro que el sujeto que puede cometer la infracción, es decir, la persona física o jurídica sobre la cual recae la sanción, debe necesariamente ostentar la condición especial de ser transportista aduanero, previamente determinada por el legislador, ya que así literalmente lo expresa al indicar: “En su calidad de transportista aduanero…”.  Así las cosas, no existe duda de que XXX, por su condición de Auxiliar de la Función Pública Aduanera, en la modalidad de transportista aduanero, puede ser autor de dicha infracción, no presentándose en ese sentido ningún problema, toda vez que así consta en la declaración de previa cita.

 

 

PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.

 

 

Sobre el tema, la doctrina ha señalado que “el término “culpabilidad” se contrapone al de “inocencia”. En ese sentido, bajo la expresión “principio de culpabilidad” pueden incluirse diferentes límites del ius puniendi, que tienen en común exigir, como presupuesto de la pena que pueda “culparse” a quien la sufra del hecho que la motiva. Para ello es preciso, en primer lugar,  que no se haga responsable al sujeto de delitos ajenos: “principio de personalidad de las penas”. En segundo lugar, no pueden castigarse formas de ser, personalidades, puesto que la responsabilidad de su configuración por parte del sujeto es difícil de determinar, sino solo “conductas”, hechos: “principio de responsabilidad por el hecho” exigencia de un “Derecho Penal de hecho”. Más no basta requerir que el hecho sea materialmente causado por el sujeto para que pueda hacérsele responsable de él;  es preciso que el hecho haya sido “querido” (doloso) o haya podido “preverse y evitarse” (que pueda existir culpa o imprudencia): “principio de dolo o culpa”. Por último, para que pueda considerarse culpable del hecho doloso o culposo a su autor ha de poder atribuírsele normalmente a éste, como producto de una motivación racional normal: “principio de atribuibilidad” o de “culpabilidad en sentido estricto” “.[11]

 

 

Se debe entonces, realizar una valoración subjetiva de la conducta del posible infractor, determinando la existencia del dolo o la culpa en su actuación. Varios connotados tratadistas coinciden en que existe culpa cuando obrando sin intención y sin la diligencia debida se causa un resultado dañoso, previsible y penado por ley. Así tenemos, entre las formas de culpa el  incumplimiento  de un deber (negligencia) o el  afrontamiento de un riesgo (imprudencia). En el caso, no podemos hablar de la existencia de una acción dolosa de parte del Transportista, por no iniciar el tránsito dentro del plazo previsto. Y siendo, que dentro de la normativa aduanera no existe disposición alguna en materia sancionatoria acerca del elemento subjetivo en los ilícitos tributarios, debe recurrirse de manera supletoria al Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su artículo 71, como lo ha indicado ya este Tribunal en sentencia 69-2000,  mismo que al efecto señala:

 

 “Artículo 71.  Elemento subjetivo de los hechos ilícitos tributarios.  Los hechos ilícitos tributarios únicamente son sancionables si son realizados con dolo o culpa, incluso a título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios.” (el resaltado no es del texto)

 

De manera que, como se indicara, existe culpa del transportista aduanero a título de negligencia, por no iniciar el tránsito dentro del plazo previsto en la normativa.

 

 

Está demostrado en la presente litis que el transportista aduanero inició el tránsito fuera del plazo de las 72 horas de conformidad con el citado artículo 140 y no demuestra que, se diera en la especie ninguna causa eximente de responsabilidad prevista en la ley, lo procedente es confirmar la sanción impuesta.

 

 

Cabe señalar además, el argumento del recurrente de que  la Aduana no realiza un análisis del elemento subjetivo del tipo, por lo que se violan las reglas punitivas, al dejar de lado los principios que se deben observar en el derecho sancionador, no es de recibo, si bien la Aduana no realiza un análisis profundo del tema de la culpabilidad, le hace ver que el incumplimiento es a título de culpa, en relación a un auxiliar especializado en tránsitos por ser el giro comercial específico de su negocio, por lo que por negligencia se produce el fallo en su deber, en consecuencia no se ha dado un quebrantamiento de los principios del Derecho Penal y sus matices como lo pretende hacer ver el interesado. 

 

 

Es así que, tal omisión se le puede imputar a título de culpa, entendiendo por tal conforme a la doctrina “cuando obrando sin intención y sin la diligencia debida se causa un resultado dañoso, previsible y penado por la ley....” [12], según se puede verificar de conformidad con el análisis jurídico ya realizado así como con los documentos que constan en expediente, toda vez que se tiene por comprobado en autos, que el tránsito fue autorizado para su inicio el 15 de junio de 2007 a las 13:01 horas y la fecha en que se levanta el Acta de Inspección No. 277-2007 el 19 de junio de 2007 a las 14:40 horas el mismo no se había iniciado, así como tener por recibida la unidad de transporte en su lugar de destino el día 22 de junio de 2007  (hecho probado 3), habiendo transcurrido sobradamente las 72 horas horas naturales para iniciar el tránsito, quedando demostrado que el mismo inició hasta el 21 de junio de 2007. 

 

 

En consecuencia, estima este Tribunal que con base en las consideraciones precedentes de conformidad con la conducta negligente del Transportista aduanero al demostrarse que inició el tránsito autorizado el 15 de junio de 2007 con la Declaración Aduanera de Tránsito No. XXX, fuera de las 72 horas naturales a que hace referencia el artículo 140 de la LGA, lo que lo corresponde es declarar sin lugar el recurso y confirmar lo actuado por la Admistración en el caso.

 

 

 

POR TANTO

 

Con fundamento en el artículo 104 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, artículos 198 y 205 a 210 de la Ley General de Aduanas, y demás consideraciones de hecho y de derecho, por mayoría este Tribunal resuelve declarar sin lugar el recurso y confirmar la resolución recurrida. Se da por agotada la vía administrativa. Remítase el expediente a la oficina de origen. Voto salvado del voto el Lic. Reyes Vargas quien declara inadmisible el recurso.

Notifíquese al recurrente al medio señalado fax XXX y a la Aduana de Caldera por el medio disponible.

 

 

 

 

 

Loretta Rodríguez Muñoz

Presidente 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Barrantes Coto                                     Alejandra Céspedes Zamora

 

 

 

 

 

 

 

Shirley Contreras Briceño                                   Xinia Villalobos Orozco

 

 

 

 

 

Dick Rafael Reyes Vargas                                    Franklin Velázquez Díaz


Voto reservado del licenciado Reyes Vargas. No comparte el suscrito lo resuelto y por ello salvo mi voto el que sustento en las siguientes consideraciones:

 

Es claro en la legislación que, el Tribunal Aduanero Nacional resulta jerarca impropio respecto del Servicio Nacional de Aduanas única y exclusivamente en materia técnica aduanera, estándole excluida la materia administrativa, estatutaria, y de responsabilidad.

 

Ahora bien, no comparte el suscrito que todo acto que en materia técnica aduanera dicte el Servicio Nacional de Aduanas tenga alzada ante el Tribunal Aduanero Nacional. En efecto en conformidad con el artículo 102 del CAUCA III (principio de taxatividad recursiva) tales actos únicamente tienen los recursos que señale la legislación nacional y la nuestra congruente con ello no estatuye en los artículos 230 a 234 recurso alguno para ante el Tribunal Aduanero.

 

Por lo anterior y dado que en materia de infracciones se ha otorgado competencia al Servicio de Aduanas para sancionar las administrativas y tributarias pero sujetándole a dos procedimientos distintos según la naturaleza de la sanción. Así, dispone el artículo 234 un procedimiento sumario,  para aquellas cuya sanción sea multa; y el ordinario para los hechos sancionables con suspensión.

 

Resulta que es en el procedimiento ordinario en donde se prevé la alzada para ante el Tribunal Aduanero (art. 204) mas no sucede igual en tratándose del procedimiento sumario regulado en el artículo 234. Más aún, el artículo 192 párrafo primero expresamente dispone la inaplicabilidad de la fase recursiva del procedimiento ordinario a  otros de distinta naturaleza.

 

Ahora bien, dado que el presente procedimiento lo es uno sumario y que en razón de los artículos 88, 92 y 93 citados hemos de estarnos al principio de taxatividad recursiva y puesto que el numeral 234 no prevé recurso alguno, debe el presente ser declarado inadmisible. Debe la parte ante la inconformidad de lo resuelto acudir en la misma vía administrativa al procedimiento ordinario con el fin de que en un proceso de pleno o de conocimiento se revise lo actuado, en su defecto entender que al no existir ulterior recurso esta expedita la vía para acudir al órgano jurisdiccional competente.

 

 

 

 

DICK RAFAEL REYES VARGAS

 

 

 

 



[1] La resolución que adjunta es la RES-CALD-DN-227-2011 del 04 de mayo de 2011, que indica en su encabezado Expediente: 587-2008.

[2] Ver Sentencia No. 2003-11926 dictada a las 14 horas del 23 de octubre del 2003, sobre el ejercicio privado de funciones públicas por parte del transportista aduanero en su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

 

[3]MONTORO PUERTO (Miguel). La Infracción Administrativa, características, Manifestaciones y Sanción, Barcelona, Ediciones Nauta, 1965, p.122.

 

[4]GALLEGO ANABITARTE (Alfredo), op. cit. p.24.

[5] COBO OLVERA, Tomás.  El procedimiento Administrativo Sancionador Tipo.  España, BOSCH, 2008, pág. 102.

 

[6] Don Alejandro Nieto, en su obra el Derecho Administrativo Sancionador, ha manifestado: “ Como consecuencia de lo anterior hemos llegado en España a una fase en que ya no se discute si los principios del Derecho Penal se aplican al Derecho Administrativo Sancionador, puesto que así se acepta con práctica unanimidad...Ahora bien, la principal dificultad se encuentra en la determinación de qué principios van a ser aplicados y, sobre todo, de hasta qué punto van a serlo...”

 

[7] En el Voto 3929-95 del 18 de julio de 1995 la Sala estableció: “Es aceptado, en forma generalizada, que la infracción administrativa se diferencia del delito tributario por el órgano que establece la sanción –la Administración tributaria o un Juzgado Contencioso Administrativo en el primer caso; el Juez o Tribunal Penal en el segundo, y por el tipo de pena; sin embargo, las diferencias procedimentales existentes entre las sanciones aplicables a infracciones y a delitos, no pueden conducir a ignorar en el ámbito del procedimiento administrativo las garantías de los ciudadanos, en efectos, los principios inspiradores del orden penal son de aplicación con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado.” ( el subrayado no es del original)

 

[8] Ver la sentencia 069-00 de este Tribunal

 

[9] "La referida sentencia estableció la estructura básica de los tipos penales así: III.- Los tipos penales deben estar estructurados básicamente como una proposición condicional, que consta de un presupuesto  (descripción de la conducta), una consecuencia (pena), en la primera debe necesariamente indicarse, al menos, quién es el sujeto activo, pues en los delitos propios reúne determinadas condiciones (carácter nacional, empleado público, etc) y cuál es la acción constitutiva de la infracción (verbo activo), sin que estos dos elementos básicos (existen otros accesorios que pueden o no estar presentes en la descripción típica del hecho) puede asegurarse que no existe tipo penal.”

[10] Los 8 días contados a partir del arribo, no sólo surge del texto expreso del artículo 140, párrafo dos, sino también de la relación del último párrafo del 145 en relación con el 56:a) de la LGA.

[11] Alejandro Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, página 339.

 

[12] Cuello Calón. Derecho Penal. Parte General, volumen primero, BOSCH, Casa Editorial, S.A., Barcelona, España, página 457.