Sentencia 015-2011.  Tribunal Aduanero Nacional.  San José, a las catorce horas con cinco minutos del diez de febrero de dos mil once.

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el señor XXX en su condición de apoderado generalísimo de XXX., cédula jurídica xxx, código xxx, contra la resolución RES-DN-xxx-2xxx del xxx de noviembre de 2xx de la Dirección General de Aduanas.

 

RESULTANDO

 

I.       Que mediante oficio AS-DN-xxx-2xx del xx de octubre del 2xxx, la Aduana Santamaría le solicitó al Auxiliar de la Función Pública XXX en su calidad de Transportista Terrestre, fotocopia del documento donde conste la salida efectiva en el destino autorizado (Aduana Central) de la declaración aduanera de tránsito  de zona franca Nº XXX de xx de noviembre de 2xxx, otorgándole un plazo de 10 días hábiles, para que aporte el documento indicado. Asimismo, se le señaló que en caso de existir impedimento material para cumplir con el requerimiento hecho, se remita nota al Departamento Normativo de esa Aduana, exponiendo los motivos. (Ver folios 10-11)

 

II. A través de oficio AL-DN-xxx-2xxx del xxde setiembre de 2xxx, la Aduana Santamaría informa a la Dirección General de Aduanas (DGA), del incumplimiento en que incurrió el Auxiliar de la Función Pública xxx., en su calidad de Transportista Terrestre, al no aportar la información solicitada mediante oficio AS-DN-xxx-2xx del xx de octubre del 2xxx dentro del plazo otorgado de 10 días. (Ver folios 37-38)

 

III.   A través de resolución RES-DN-xxx-2xxx del xx de setiembre de 2xx la DGA dicta acto de apertura del procedimiento ordinario sancionatorio, para determinar la presunta comisión por parte del auxiliar de la función pública aduanera xxx, de la infracción administrativa descrita en el numeral 238 inciso h) de la Ley General de Aduanas (LGA), sancionable con una suspensión en el ejercicio de su actividad por cinco días hábiles, por incumplir con la obligación de aportar la documentación de trascendencia tributaria y aduanera, en las condiciones y los plazos que la autoridad aduanera le solicitó. (Ver folios 39-49)

 

IV.   En fecha de recibido del xx de octubre de 2xxx el señor XXX, Presidente y representante de la empresa xxx, presenta alegatos de defensa del acto sancionatorio iniciado en contra de su representada, en el que manifiesta que “la notificación se realizó en un tiempo mayor del debido a que el documento se debió enviar a la Zona Franca ubicada en xxx,  la Empresa  debió verificar que la carga si la recibieron y de nuevo enviar el documento sellado por ellos.” (Ver folio 51)

 

V.    Con resolución RES-DN-xxx-2xxx del xx de noviembre de 2xxx, la Dirección General de Aduanas dicta el acto final del procedimiento administrativo determinando la responsabilidad del Auxiliar de la Función Pública Aduanera xxx, toda vez que incumplió la obligación de aportar la información requerida por la Aduana Santamaría dentro del plazo establecido por la autoridad aduanera, la cual consiste en aportar documento donde conste la salida efectiva en el destino autorizado (Aduana Central) de la declaración aduanera de tránsito  de zona franca Nº XXX de xx de noviembre de 2xxx, con lo cual se estarían incumpliendo las disposiciones de control y procedimiento emitidas por la Autoridad Aduanera.  En razón de ello le impone una sanción de suspensión de cinco días en el ejercicio de su actividad, por el incumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 h) de la LGA.  Dicha resolución fue notificada el día 3 de diciembre de 2010.  (Ver folios 60-76)

 

VI.     Mediante escrito recibido en fecha xx de diciembre de 2xxx, el señor XXX en su calidad de apoderado generalísimo de la entidad xxx, presenta en tiempo los recursos de reconsideración y apelación en subsidio contra la resolución indicada en el resultando anterior, señalando que no se ha generado ningún perjuicio fiscal y se demostró el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que solicita se valore la proporcionalidad de la sanción impuesta en relación con el efecto real del perjuicio para la administración  por la presentación tardía del documento. Se archive el caso y se deje sin efecto la sanción. (Ver folio 78)

 

VII.    La Dirección General de Aduanas mediante resolución RES-DN-xxx-2xxx de xx de diciembre de 2xxx conoce el recurso de reconsideración interpuesto, declara sin lugar el mismo y emplaza al recurrente para ante este Tribunal. (Ver folios 79-89)

 

VIII.       El recurrente no se apersonó ante el Tribunal Aduanero Nacional.

 

IX.       Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones de ley.

 

Redacta la Licenciada Elizabeth Barrantes Coto; y,

 

CONSIDERANDO

 

      I.    Objeto de la litis. El objeto de la presente litis se refiere al procedimiento ordinario sancionatorio iniciado por la Dirección General de Aduanas contra el auxiliar de la función pública aduanera en calidad de transportista aduanero XXX, al considerar que es acreedor a la sanción de suspensión por no atender el requerimiento expreso de la Autoridad Aduanera realizado mediante el oficio AS-DN-xxx-2xxx del xx de octubre del 2xxx en el sentido de suministrar dentro del plazo de 10 días hábiles, documento donde conste la salida efectiva en el destino autorizado (Aduana Central) de la declaración aduanera de tránsito de zona franca Nº XXX de xx de noviembre de 2xx, cuya consecuencia en criterio del A Quo consiste en la aplicación de la sanción de cinco días en el ejercicio de su actividad, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 238 h) de la LGA.

 

     II.    Sobre la admisibilidad del recurso de apelación ante este Tribunal: Que de previo a cualquier otra consideración, se avoca este Órgano al estudio de admisibilidad del presente recurso de apelación conforme con lo dispuesto por el artículo 204 de la LGA, es decir, a determinar si en la especie se cumple con los presupuestos procesales, que constituyen requisitos necesarios para que pueda constituirse un procedimiento válido.  En tal sentido dispone el citado artículo que contra la resolución dictada por la Dirección General de Aduanas, cabe recurso de apelación ante este Tribunal, el cual debe interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación.  Sin embargo, el mismo artículo condiciona la admisibilidad del recurso por parte de la Dirección General de Aduanas, a dos  requisitos procesales: 1° tiempo y 2° forma.  Es decir, que el recurso debe ser presentado en tiempo (dentro del plazo de 3 días).  Así, tenemos que en el presente caso la resolución recurrida fue notificada al interesado en fecha 3 de diciembre de 2010 y el recurso de apelación fue interpuesto el 8 diciembre de 2010, dentro del plazo legalmente establecido, según consta a folios 76 y 78 respectivamente. Además debe ser presentado en forma, o sea, cumpliendo con los presupuestos procesales, entre ellos, los relativos a la capacidad procesal de las partes que intervienen en el procedimiento, lo cual no presenta problemas en el presente caso, toda vez que el proceso sancionatorio se dirige contra  el auxiliar de la función pública XXX, persona jurídica, debidamente representada por el señor XXX en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo, según consta en la personería a folio 92 del expediente.  Siendo entonces que en el presente caso, se cumplieron con dichos requisitos de admisibilidad, estima este Tribunal que debe admitirse el recurso de apelación.

 

 

 

    III.    Hechos probados.  Se tiene por probados los siguientes hechos de relevancia:

 

 

1.    Que mediante oficio AL-DN-xxx-2xxx del xx de octubre de 2xxx, la Aduana Santamaría le solicitó al Auxiliar de la Función Pública XXX, en su calidad de Transportista Terrestre, documento donde conste la salida efectiva en el destino autorizado (Aduana Central) de la declaración aduanera de tránsito  de zona franca Nº XXXX de xx de noviembre de 2xxx.  La administración aduanera le concedió al auxiliar un plazo de 10 días hábiles para aportar la información solicitada. El mismo es notificado el 28/01/2009 por fax. (Ver folios 10-11)

 

2.    Con escrito recibido el 26 de marzo de 2009, el Agente de Aduanas XXX,  presenta la información requerida en el citado oficio AL-DN-xxx-2xxx del xx de octubre de 2xxx. (Folios 19-18)

 

 

3.    Que el recurrente no cumplió los requerimientos y, por ello, a través de oficio AL-DN-xxx-2xxx del xx de setiembre de 2xxx, la Aduana Santamaría informa a la Dirección General de Aduanas, del incumplimiento en que incurrió el Auxiliar de la Función Pública XXX, en su calidad de Transportista Terrestre, al no aportar la información solicitada mediante  el oficio AS-DN-xxx-2xxx del xx de octubre de 2xxx. (Ver folios 37-38)

 

4.    Mediante resolución RES-DN-xxx-2xxx del xx de setiembre de 2xxx la DGA dicta acto de apertura del procedimiento ordinario sancionatorio, para determinar la presunta comisión por parte del auxiliar de la función pública aduanera XXX, de la infracción administrativa descrita en el numeral 238 inciso h) de la Ley General de Aduanas (LGA), sancionable con una suspensión en el ejercicio de su actividad por cinco días hábiles, por incumplir con la obligación de aportar la documentación de trascendencia tributaria y aduanera, en las condiciones y los plazos que la autoridad aduanera le solicitó. (Ver folios 39-48)

 

5.    En fecha de recibido del 19 de octubre de 2010 el señor XXX, Presidente y representante de la empresa XXX presenta alegatos de defensa del acto sancionatorio iniciado en contra de su representada, en el que manifiesta que “la notificación se realizó en un tiempo mayor del debido a que el documento se debió enviar a la Zona Franca ubicada en Turrialba,  la Empresa  debió verificar que la carga si la recibieron y de nuevo enviar el documento sellado por ellos.” (Ver folio 51).

 

6.    Mediante resolución RES-DN-xxx-2xxx del x de noviembre de 2xxx, la Dirección General de Aduanas dicta el acto final del procedimiento administrativo determinando la responsabilidad del Auxiliar de la Función Pública Aduanera XXX, toda vez que tiene por incumplida la obligación de aportar la información requerida por la Aduana Santamaría, la cual consiste en aportar documento donde conste la salida efectiva en el destino autorizado (Aduana Central) de la declaración aduanera de tránsito  de zona franca Nº XXX de 2xx de noviembre de 2xxx, dentro del plazo establecido por la autoridad aduanera, con lo cual se estarían incumpliendo las disposiciones de control y procedimiento emitidas por la Autoridad Aduanera.  En razón de ello le impone una sanción de suspensión de cinco días en el ejercicio de su actividad,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 h) de la LGA.  Dicha resolución fue notificada el día 3 de diciembre de 2010.  (Ver folios 60-76)

 

7.    Mediante escrito recibido en fecha xx de diciembre de 2xxx, el señor XXX en su calidad de apoderado generalísimo de la entidad XXX, presenta en tiempo los recursos de reconsideración y apelación en subsidio contra la resolución indicada en el resultando anterior. (Ver folio 78)

 

8.    La Dirección General de Aduanas a través de resolución RES-DN-xxx-2xxx del xx de diciembre del 2xxx, conoce el recurso de reconsideración declarando sin lugar el mismo y emplaza al recurrente para ante este Tribunal. (Ver folios 79-89)

 

9.    El recurrente no se apersonó ante el Tribunal Aduanero Nacional.

 

 

IV.       Sobre el Fondo.  La discusión de fondo de este asunto se circunscribe en que el interesado no presentó dentro del plazo requerido la información solicitada, lo cual es expresamente aceptado por el propio recurrente en sus alegatos (ver folio 51). Esto es precisamente lo que dio origen a la sanción interpuesta por el A Quo, cual es que el auxiliar de la función pública aduanera XXX, incumplió con el requerimiento realizado mediante oficio AS-DN-xxx-2xx del xx de octubre del 2xxx, la Aduana Santamaría le solicitó al Auxiliar de la Función Pública XXX., en su calidad de Transportista Terrestre, fotocopia del documento donde conste la salida efectiva en el destino autorizado (Aduana Central) de la declaración aduanera de tránsito  de zona franca Nº XXX de 28 de noviembre de 2006, otorgándole un plazo de 10 días hábiles, para que aporte el documento indicado. Asimismo, se le señaló que en caso de existir impedimento material para cumplir con el requerimiento hecho, se remita nota al Departamento Normativo de esa Aduana, exponiendo los motivos.  De ahí que en primer término corresponde realizar el análisis sobre los presupuestos que la normativa aduanera le ha impuesto a los auxiliares de la función pública aduanera en la figura de transportista aduanero para entregar, en las condiciones y plazos que la autoridad aduanera le requiera expresamente, documentos de trascendencia tributaria y aduanera, para lo cual deviene necesario referirse al marco legal sobre las responsabilidades que prescribe el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y la LGA, para los transportistas aduaneros.  Una vez que se precise el ámbito de su responsabilidad regulado por la normativa aduanera se abordará lo relativo a la imposición de la sanción.

 

Sobre el carácter de munera púbblica del Transportista Aduanero:

 

El numeral 18 del CAUCA III, define al transportista aduanero como un auxiliar de la función pública aduanera encargado de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación ante el Servicio Aduanero, del medio de transporte y carga a fin de gestionar su ingreso, tránsito o salida de las mercancías, es decir, realiza gestión aduanera.  Será responsable directo ante el Servicio Aduanero, por el traslado o transporte de mercancías objeto de control aduanero.  Por su parte, el artículo 37 del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en adelante RECAUCA, reitera entre las obligaciones específicas, el hecho de entregar las mercancías en la aduana de destino y responder por el cumplimiento de todas las obligaciones que el régimen de tránsito aduanero le impone, incluso del pago de los tributos correspondientes si la mercancía no llega en su totalidad a destino.  Tales disposiciones deben correlacionarse con lo dispuesto en la LGA, norma que establece el marco jurídico dentro del cual debe actuar el transportista y sus sanciones en caso de incumplimiento.  Específicamente el artículo 40 de la LGA, define el concepto de transportista aduanero de la siguiente forma:  Los transportistas aduaneros personas, físicas o jurídicas, son auxiliares de la función pública aduanera; autorizados por la Dirección General de Aduanas.  Se encargan de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación del vehículo, la unidad de transporte y sus cargas ante el Servicio Nacional de Aduanas, a fin de gestionar en la aduana el ingreso, el arribo, el tránsito, la permanencia o la salida de mercancías.”  De esta definición podemos extraer su condición de auxiliar de la función pública, lo que implica que su actividad está destinada al interés público y es por ello que existe una regulación vía ley y reglamento de su intervención.  Por otra parte tenemos que el objetivo de la actividad aduanera es alcanzar un equilibrio entre la agilización de los procesos para ser competitivos y el ejercicio de un nivel adecuado de control del tráfico del comercio exterior de las mercancías, de forma tal que no lo obstaculice.  Para lograr lo anterior se dio entonces un traslado de varias de las funciones que anteriormente ejecutaba la Aduana (gestión aduanera) que pasaron a ser realizadas por los diferentes auxiliares de la función pública autorizados, asumiendo por tanto su propia responsabilidad, de ahí que lo que se tutela es el adecuado control de la Aduana sobre el tráfico internacional de mercancías.  Lo anterior, implica un cambio, a su vez, en el sector privado, fortaleciendo a todos los actores que intervienen en el procedimiento aduanero, adquiriendo un rol protagónico los auxiliares de la función pública aduanera, a quienes nuestra legislación aduanera los concibe como cogestores de la administración pública, según lo estipulado en los artículos 11 del CAUCA III y 28 de la LGA, lo cual implica un régimen especial de responsabilidades, al contar con mayores requisitos y obligaciones, entre las cuales destaca el deber de colaboración en el control, puesto que les corresponde, entre otras, velar por el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y por la agilización de los procedimientos y trámites, de conformidad con lo consignado por los numerales 13 al 21 del CAUCA III.  En efecto, como lo ha venido reiterando este Tribunal, desde su creación y en vasta jurisprudencia, y como igualmente lo ha reconocido la Sala Constitucional, en el sentido de que los auxiliares de la función pública tienen un rol preponderante frente al Estado y no son simples intermediarios.[1]  Línea que también comparte la Procuraduría General de la República en relación con el transportista aduanero y que fue externada en la audiencia de ley conferida en la acción de inconstitucionalidad número 02-002947-0007-CO, que interpuso una empresa naviera contra el artículo 140 de la LGA, sobre la   responsabilidad   de los auxiliares y en especial de los transportistas aduaneros en relación con la autoridad   aduanera, al indicar que “… de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley General   de Aduanas, los transportistas aduaneros -personas físicas o jurídicas- son auxiliares de la función pública aduanera autorizados por la Dirección General de Aduanas, lo que les coloca en una relación de intensidad especial con la Administración, que debe tomarse en cuenta al momento de analizar la normativa aplicable.  Señala que, sobre este aspecto la Sala en sentencia 2002-00843 indicó – entre otras cosas – que todo auxiliar de la función pública aduanera ha de tener pleno conocimiento de sus atribuciones, deberes y obligaciones desde el momento mismo en que es autorizado para desempeñarse como tal y por ende, de las sanciones que le podrían ser impuestas en caso de incumplimiento, ya que en todo caso la responsabilidad recae sobre el auxiliar.  En este mismo sentido, la relación entre la Administración y los agentes y transportistas aduaneros tiene características especiales que hacen que su valoración sea distinta a otro tipo de relaciones, al encontrarse dentro de la categoría de relaciones de sujeción especial prevista en el artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública.  En el caso concreto, el transportista aduanero en su condición de auxiliar de la función pública conoce de antemano, que por disposición legal se encuentra obligado a solicitar el régimen aduanero o el tránsito aduanero de la mercadería que ha ingresado a aduana, y además conoce que si el tránsito no se realiza dentro de los ocho días hábiles siguientes al arribo de la mercadería, se le impondrá una multa.  Señala que el fin de la norma es buscar la continuidad y eficiencia del servicio aduanal.  Al respecto, considera que la norma concuerda con el principio establecido en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, es decir, la norma impugnada procura hacer efectivos los principios de continuidad y eficiencia de la Administración, por lo que ésta es razonable y constitucionalmente fundamentada, en el tanto está inserta dentro de una relación de especial sujeción entre el agente o transportista aduanero y la Administración, y tiende a la consecución de un interés público como lo es la continuidad y eficiencia del servicio aduanero, y sus parámetros de aplicación están claramente delimitados...”.  (El subrayado no es del original).  Se sigue de lo anterior, la relevancia que para el Fisco tiene la participación de los auxiliares de la función pública en los diferentes procedimientos aduaneros, al punto de que partiendo del principio de buena fe y responsabilidad de sus actuaciones le ha delegado parte de la gestión aduanera, de tal suerte que se han convertido en sus coadyuvantes.  Paralelamente a ello, los auxiliares por tal cogestoría han asumido un régimen de responsabilidad no sólo frente a sus clientes sino también ante el Fisco.  Dentro de ese orden de ideas, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional los transportistas aduaneros están sujetos de manera directa a los deberes y obligaciones que le impone la ley en virtud de su carácter de munera púbblica, habiéndose establecido de forma clara y directa el ámbito de su responsabilidad, por lo que al definirse tan manifiestamente la misma, el régimen de obligaciones revierte un especial carácter por la condición propia de estos sujetos.  Es por ello que del ordenamiento jurídico aduanero, derivan una serie de deberes determinados para el transportista aduanero, en virtud de una relación jurídica preestablecida, que la doctrina ha llamado: relaciones de sujeción especial[2] o relaciones especiales jurídico-administrativas[3] como lo es, entre otras, la existente entre la Administración Aduanera y el auxiliar de la función pública.  Es por ello que, en virtud de la relación de sujeción o supremacía especial, existe una responsabilidad concreta del auxiliar, y como consecuencia de esa relación previa administrativa es que el transportista está obligado a una serie de obligaciones y deberes dentro del ejercicio del control aduanero en la movilización y entrega de las mercancías en el lugar de destino, respondiendo incluso por el pago de los tributos correspondientes si las mercancías no llegan en su totalidad al destino, debiendo transmitir electrónicamente la declaración y cualquier otra información que se le solicite antes del arribo del medio de transporte, así como de la mercancía transportada, siendo entonces que las funciones o actividades que realizan y la confianza depositada en su gestión, comportan alta responsabilidad fiscal.  Ante esta nueva caracterización, para poder actuar ante el Servicio Nacional de Aduanas, los transportistas aduaneros deben ser autorizados en forma previa por parte de la Dirección General de Aduanas y están sometidos al cumplimiento de una serie de derechos y obligaciones en relación al ejercicio de su actividad que están debidamente delimitadas en los numerales 14, 15 y 18 del CAUCA III, artículos 37 y 38 del RECAUCA, artículos 30, 32, 42 y 43 de la LGA, 124, 126, 127, 129 y 130 del Reglamento a la LGA.  Definido lo anterior corresponde determinar si procede o no la aplicación de la sanción impuesta por el A Quo al recurrente.

 

Sobre la aplicación de la sanción.

 

Precisamente, por tratarse de la aplicación de una sanción al afectado, al considerar la Dirección General de Aduanas que se ha cometido una infracción administrativa contraviniendo o vulnerando las disposiciones del régimen jurídico aduanero, debe tenerse presente que, si bien la normativa aduanera la faculta para imponer sanciones a los que resulten responsables de su comisión (artículos 6, 24 inciso i), 231 a 234 de la LGA) dentro del procedimiento sancionatorio aplicable en sede administrativa, deben respetarse una serie de principios y garantías constitucionales del Derecho Penal pero con matices, como lo señala Cobo Olvera “… ha de recordarse que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado[4].  Así también lo han reconocido ampliamente otros autores[5]; la Sala Constitucional al responder una consulta de constitucionalidad con ocasión a la reforma del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (artículo 65 del Proyecto), por considerar los consultantes que resultaba violatoria de lo dispuesto por el artículo 153 de la Constitución Política[6] y este Tribunal a través de su jurisprudencia.[7]  Es claro que dentro de tales garantías se encuentran como fundamentales los principios de tipicidad y culpabilidad como delimitadores de las normas sancionadoras, teniendo el primero de ellos una función de garantía, de seguridad jurídica, al exigir la delimitación precisa y exhaustiva tanto de la conducta punible como de la pena.  De tal manera que, una acción es típica, cuando se adecua a un tipo penal y éste es, la descripción de la conducta prohibida que lleva aparejada una sanción.  Esta exigencia de que las normas sancionadoras se estructuren en forma precisa y clara se ha señalado en forma indubitable por nuestra Sala Constitucional, describiendo incluso la estructura básica de los tipos penales en la Sentencia número 1877-90 de las 16:02 horas del 19 de diciembre de 1990[8].

 

En relación con el principio de culpabilidad, implica que debe demostrarse la relación de culpabilidad entre el hecho cometido y el resultado de la acción para que sea atribuible y reprochable al sujeto, ya sea a título de dolo o culpa, en virtud de que la pena se impone solo al culpable por su propia acción u omisión.  Procede en consecuencia determinar si en el presente asunto los señalados principios se han respetado por parte de la Dirección General de Aduanas al momento de aplicar la sanción contenida en el 238 inciso h) de la LGA.  El A Quo le imputa al Transportista Aduanero XXX , que incumplió con el requerimiento expreso realizado mediante el oficio AS-DN-xxx-2xxx de xx/xx/2xxx, en el sentido de aportar dentro del plazo de 10 días hábiles documento en donde conste la salida efectiva en el destino autorizado (Aduana Central) de la declaración aduanera de tránsito  de zona franca Nº XXX de xx de noviembre de 2xxx y partiendo de ello se revisará lo concerniente al cumplimiento de los principios de tipicidad y culpabilidad.

 

TIPICIDAD: Dado lo anterior estima este Tribunal se debe analizar si efectivamente los hechos atribuidos se adecuan a la norma aplicada.

 

“Artículo 238.- Suspensión de cinco días hábiles.  Será suspendido por cinco días hábiles del ejercicio de su actividad ante la autoridad aduanera, el auxiliar de  la función pública aduanera, que: … h) Incumpla la obligación de aportar en las condiciones y los plazos que la autoridad aduanera requiera expresamente, la documentación de trascendencia tributaria y aduanera que se le solicite.”.

 

A partir de la norma transcrita, y la jurisprudencia constitucional supra señalada, corresponde determinar si existe o no violación al principio de tipicidad, determinando en el presente asunto, cuáles son las acciones u omisiones sancionadas por la norma, y quién se considera puede ser el sujeto infractor. 

 

Descripción de la conducta-verbo activo

 

De la trascripción de la norma la conducta-verbo, que se sanciona en el numeral en estudio es:

 

Ø    No aportar en las condiciones y plazos la documentación de trascendencia tributaria y aduanera que se le requiera en forma expresa por parte de la Autoridad Aduanera.

 

Sobre el particular, reconoce el recurrente que “la notificación se realizó en un tiempo mayor del debido a que el documento se debió enviar a la Zona Franca ubicada en Turrialba,  la Empresa  debió verificar que la carga si la recibieron y de nuevo enviar el documento sellado por ellos.” (Ver folio 51). Asimismo, aduce que no se dio ningún perjuicio fiscal, y se demostró el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que solicita se valore la proporcionalidad de la sanción impuesta en relación con el efecto real del perjuicio para la administración  por la presentación tardía del documento. Es decir, admite que no se cumplió en tiempo la entrega de la información pese a que la propia Aduana le indicó que en caso de existir algún impedimento material para cumplir lo requerido, presentara una nota exponiendo los motivos, lo que no ocurre en la especie, por lo que en criterio de este Tribunal, se dan las condiciones del tipo, toda vez que el requerimiento realizado por la Aduana Santamaría en el oficio de referencia, permite por un lado determinar si efectivamente la mercancía llegó a su lugar de destino y con ello tener por cumplidas todas las etapas del control aduanero en cuanto al procedimiento de tránsito toda vez que no tenían por cancelado el tránsito y por otra parte, esa información permite establecer la eventual responsabilidad pecuniaria del auxiliar que transporta las mercancías, de conformidad con la normativa aduanera, en tanto debe responder por las consecuencias tributarias producidas en caso de daño, pérdida o destrucción de las mercancías trasportadas, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor (Artículos 6, 26 y 31 de la LGA).  Asimismo, es preciso señalar que ante la vulneración del régimen jurídico por el incumplimiento de una obligación -la omisión de aportar la información requerida en los términos previstos-, le imposibilitan a la autoridad aduanera fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones respecto a la finalización de los tránsitos y determinar las consecuencias tributarias que eventualmente ello ocasionan, lo cual sin lugar a dudas va en detrimento del efectivo control aduanero y cuando amerite, en la correcta percepción de tributos en virtud del perjuicio fiscal generado.  En tal sentido, no son de recibo los argumentos del interesado, puesto que lo solicitado por la Aduana obedece a documentación de trascendencia tanto tributaria como aduanera, cumpliéndose en consecuencia con los dos presupuestos que el tipo requiere, no se trata de que exista un perjuicio fiscal, como pretende justificar el interesado, sino que en la especie, de lo que se trata es de la vulneración del control aduanero, en razón de ello, estima este Tribunal que el tipo sancionatorio le es aplicable según el análisis que de seguido se realiza para el asunto, a efecto de puntualizar si efectivamente se dio en la presente litis la conducta penada por la norma.  Para ello, debe empezarse por reseñar la obligación por parte de los auxiliares de la función pública aduanera de entregar o aportar documentación, cuáles son las condiciones que se establecen al efecto así como su plazo de entrega.  Además de los artículos 30 inciso b) de la LGA y 98 y 127 del Reglamento a la LGA, la Sección V del Capítulo I del Título IV del Reglamento a la LGA en complemento a las obligaciones básicas de los auxiliares y específicas para los transportistas (ver artículo 42 de la LGA), prescribe una serie de obligaciones generales, señalándose en el literal 98 el deber de obediencia a las órdenes giradas por la autoridad aduanera, al indicar que: “El Auxiliar y su personal acreditado deberán cumplir las disposiciones giradas por las autoridades aduaneras”.  De las normas apuntadas se concluye lo siguiente:

 

ü  El transportista aduanero en su condición de auxiliar de la función pública aduanera debe cumplir con las obligaciones fijadas por la Ley General de Aduanas y por su Reglamento.

ü  El transportista aduanero en su condición de auxiliar de la función pública aduanera está obligado a un deber de obediencia sobre las órdenes que le gire la Autoridad Aduanera.

ü  En los supuestos en que la Autoridad Aduanera le requiera en el ejercicio de sus facultades de control determinada documentación, tiene un deber de entregarla.

ü  El plazo obligatorio para la entrega de la información requerida supra señalada es de 10 días hábiles y las condiciones, forma, medio y lugar serán aquellas que fije la Autoridad Aduanera.

ü  Tiene la obligación de conservar, bajo su responsabilidad y su custodia un respaldo de los documentos que utilice en su giro normal como comprobante de la entrega de las unidades de transporte y sus mercancías en los lugares autorizados para recibir mercancías bajo control aduanero.

 

Por tanto, son claras las obligaciones que deben necesariamente cumplir los auxiliares de la función pública, entre ellos el transportista aduanero, precisamente por la especial sujeción que tienen como munera púbblica, así como las potestades de control que tiene la Autoridad Aduanera, siendo parte de sus atribuciones el solicitar la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus deberes y que puede constituir en documentación de trascendencia tributaria o aduanera que requiera para el eficiente y eficaz ejercicio de su potestad de control, así como el verificar que los auxiliares cumplan con sus requisitos, deberes y obligaciones, habiéndose referido la Sala Constitucional sobre este tema en los siguientes términos:

 

Sobre la potestad de control y fiscalización de la Administración: Frente al conjunto de obligaciones y deberes a los cuales se encuentran sujetos los auxiliares de la función pública aduanera, se encuentran las potestades de control y fiscalización que le han sido otorgadas a la Administración y que le permiten corroborar el adecuado ejercicio de sus labores por parte de tales auxiliares. En ese sentido, la Ley General de Aduanas en los artículos 22, 23 y 24, establece las atribuciones aduaneras, las cuales hacen referencia directa a las potestades de fiscalización y control de la Administración Aduanera respecto de las actividades propias del ámbito de su competencia. Disponen esos numerales: (...)

Del anterior numeral 24 y en relación con el tema objeto de análisis, es oportuno resaltar lo indicado en el inciso j) según el cual, una de las atribuciones con que cuenta la autoridad aduanera es el verificar que los auxiliares de la función pública aduanera cumplan con sus requisitos, deberes y obligaciones”.   Voto Sala IV número 2002-0843.  (El resaltado no es del texto).

 

 

Definido lo anterior y revisados los hechos en el presente asunto, se tiene por demostrado que en efecto el recurrente no aportó la documentación requerida dentro del plazo y condiciones señaladas por escrito por la Aduana Santamaría.  Es así como consta en expediente que el oficio de referencia fue efectivamente notificado al Transportista XXX, (ver folios números 10 y 11) comunicándosele al recurrente que dicho tránsito se encuentra como pendiente de cancelar, sino que también se le requirió por escrito y en forma expresa la documentación concreta, consistente en aportar un documento  en donde conste la salida efectiva de las mercancías anotadas y en caso de existir impedimento material para cumplir remita nota exponiendo sus motivos.  Para remitir lo solicitado la Aduana Santamaría le otorgó un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del oficio, presentándose la información requerida mucho tiempo después (ver hecho probado 3). 

 

Tal y como se señala en el informe final AS-DN-xxx-2xx visible a folios 37 y 38 del expediente, es claro en el presente asunto que el afectado omitió aportar dentro del plazo señalado, la documentación requerida por la Autoridad Aduanera, siendo éste último hecho el que se le imputa al recurrente en el presente procedimiento sancionatorio, toda vez que es hasta el 26 de marzo de 2009, que el Agente de Aduanas XXX, presenta la información requerida en el citado oficio AL-DN-2025-2008 del 22 de octubre de 2008 (ver hecho probado 2), circunstancia que hace que se configure claramente la infracción de repetida cita.

 

Por otro lado, debe tener en cuenta el recurrente que los requerimientos efectuados por los funcionarios aduaneros, son parte de las obligaciones básicas, deberes y responsabilidades que deben ser cumplidas por todos los auxiliares de la función pública que, como se indicó, por su condición de munera púbblica que implica una sujeción especial, deben coadyuvar en el ejercicio del control aduanero y se encuentran establecidas en la normativa vigente, sea el artículo 30 inciso j) y l) de la Ley, además desde que se le autorizó como auxiliar de la función pública aduanera, conocía a ciencia cierta cuáles eran los deberes y obligaciones a los que estaba sometido y en consecuencia, en caso de incumplimiento de las mismas era conocedor de las sanciones que eventualmente podrían imponérsele.  De forma tal que la relación entre la Administración y los transportistas aduaneros, tal y como ya se señaló, tiene características especiales, al encontrarse dentro de la categoría de relaciones de sujeción especial prevista en el artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública.  En el presente asunto, el recurrente en su condición de auxiliar de la función pública conoce de antemano, que por disposición legal y reglamentaria se encuentra obligado a entregar la documentación solicitada en un plazo 10 días hábiles cuando la Autoridad Aduanera se la requiera en el ejercicio de sus facultades de control, por tratarse de información que tiene trascendencia tributaria y aduanera como se indicó supra.  Además, la normativa aduanera es absolutamente clara y en forma literal señala que el transportista aduanero, debe conservar los documentos que utilice en su giro normal como comprobante de la entrega de las unidades de transporte y sus mercancías en las instalaciones de los auxiliares autorizados para recibir mercancías bajo control aduanero (según la reforma operada al artículo 127 RLGA mediante Decreto Ejecutivo N° 32456 de 29 de junio del 2005, pues antes de dicha reforma la norma establecía la obligación al transportista aduanero de conservar fotocopia de las declaraciones de tránsito, traslado y de los conocimientos de embarque) así como que debe entregar en el plazo de 10 días hábiles la información requerida por la autoridad aduanera en el ejercicio de las facultades de control, por lo que si hubiese tomado las precauciones del caso y cumplido con los deberes y obligaciones que el ordenamiento jurídico le establece al efecto, perfectamente en forma diligente pudo haber cumplido con lo requerido.  En consecuencia, en el presente asunto se llevó a cabo por el recurrente la conducta penada por el numeral 238 inciso h) de la LGA, por lo que procede de inmediato efectuar el análisis en relación con el sujeto activo de la infracción.

 

Sujeto infractor:

 

Es evidente que esta infracción regulada en el artículo 238 inciso h) de la LGA debe ser cometida únicamente por un auxiliar de la función pública aduanera.  En el caso concreto, el sujeto que comete la infracción, según consta en expediente, es la empresa XXX, auxiliar de la función pública aduanera, en su condición de Transportista Aduanero, empresa que como se indicó debe cumplir con las obligaciones y responsabilidades establecidas para el auxiliar de la función pública aduanera y con el régimen jurídico que la LGA le impone.  Lo anterior en virtud de que el requerimiento efectuado en forma expresa en el oficio supracitado, le fue efectivamente comunicado a la empresa XXX, según consta a folios número 10 y 11 del expediente, notificándole que debe entregar el documento donde conste la salida efectiva en el destino autorizado (Aduana Central) de la declaración aduanera de tránsito  de zona franca Nº XXX, o bien en caso de existir un impedimento material para cumplir con el requerimiento solicitado, remita nota remita nota exponiendo sus motivos, lo que tampoco se dio en el caso, todo ello debía ser cumplido  dentro del plazo de 10 días hábiles. Por tanto al incumplirse la obligación básica al no haber aportado la documentación requerida, en los términos indicados, de conformidad con los argumentos de hecho y de derecho supra señalados y con lo consignado en la legislación vigente, sin lugar a dudas el sujeto infractor es el Transportista Aduanero, persona jurídica de repetida cita.

 

CULPABILIDAD

 

En primer término para el análisis de la culpabilidad, debe indicarse que en efecto se hace necesaria la demostración de la culpabilidad para que a una persona, en este caso un transportista aduanero se le imponga una pena, lo cual deriva del principio de inocencia que se encuentra implícitamente consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, al disponer en el párrafo 1º que “ a nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad”. Lo anterior implica en consecuencia que a nadie se le podrá imponer sanción, en este caso administrativa, sin que a través de un procedimiento en que se respete el derecho de defensa, se haya demostrado en forma previa su culpabilidad.  Sobre este principio nuestra Sala Constitucional en Sentencia número 6813-96 de las dieciocho horas treinta minutos del veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, consideró que la necesaria demostración de culpabilidad, es aplicable al Derecho Administrativo sancionador, derivado de la exigencia que en ese sentido establece el propio texto constitucional en su artículo 39, lo que en definitiva, excluiría toda forma de responsabilidad presunta u objetiva.  En dicha oportunidad se consideró:

 

 

Esta Sala en reiterada jurisprudencia estableció que la responsabilidad penal objetiva está excluida de acuerdo a los parámetros del constituyente del artículo 39 constitucional, de lo penal.  Regla que por su misma naturaleza debe también respetarse en el campo del derecho penal administrativo, por ejemplo en la imposición de sanciones.  Existen algunas garantías –presunción de inocencia, seguridad jurídica legalidad, igualdad, proceso contradictorio o debido proceso- que no son propios del proceso penal, sino que han de cumplirse en la imposición de sanciones administrativas, que son disposiciones de rango constitucional, derivadas de los derechos declarados en la Constitución como fundamentales.  La Culpabilidad, definida por la Sala como el deber de demostrarse necesariamente una relación de culpabilidad entre el hecho cometido y el resultado de la acción, para que aquel se le sea atribuido al sujeto activo; la realización del hecho injusto debe serle personalmente reprochable al sujeto, viene a sustentar más el respeto de aquellos principios, que no son otra cosa que el respeto mismo a la esencia del debido proceso como un todo”. (El resaltado no es del original)

 

 

Es claro entonces que debe realizarse una valoración de la conducta del posible infractor, determinando la existencia del dolo o la culpa en su actuación, puesto que la culpabilidad presupone la existencia de la imputabilidad o sea la condición del infractor que lo hace capaz de actuar culpablemente ya sea con dolo o culpa. “La culpabilidad comprende el estudio del contenido interno de un hecho que se ha declarado ilícito y del cual el sujeto es ya considerado autor.” [9]  Se basa en el principio de que no hay pena sin culpa, debiéndose demostrar en el presente caso el elemento subjetivo, esto es, que el recurrente efectivamente omitió el cumplimiento de la obligación y que no existe una causa eximente de responsabilidad, es decir que no argumenta ninguna justificación que permita establecer que no tiene culpa alguna o no le es reprochable la conducta, pues no dependía de su actuación los hechos atribuidos, para lo cual baste indicar que, a pesar que no se tiene por demostrado en la especie que la actuación del recurrente haya sido cometida con dolo, sin embargo, sin lugar a dudas tal infracción sí se puede imputar a título de culpa, entendiendo por tal conforme a la doctrina “cuando obrando sin intención y sin la diligencia debida se causa un resultado dañoso, previsible y penado por la ley....” [10], según se puede verificar de conformidad con el análisis jurídico ya realizado así como con los documentos que constan en expediente.  Por tanto, es del conocimiento del recurrente como auxiliar de la función pública aduanera que la legislación lo sanciona si no cumple con sus obligaciones legales y  reglamentarias, por ello no podía permitir el A Quo que ocurrieran los hechos que se discuten en el presente caso sin imponer la pena respectiva, estimando este Tribunal que es correcta la actuación de la Administración al sancionar al recurrente por incumplir con las prescripciones señaladas, puesto que del análisis de todos los elementos de la culpa efectivamente se determina que la empresa XXX,  ha actuado en forma negligente, violentando inclusive lo dispuesto en el artículo 48 del RLGA, que indica que los auxiliares de la función pública están obligados a “brindar apoyo, concurso y auxilio a los funcionarios de los órganos fiscalizadores”, sin las cautelas o precauciones necesarias para evitar el resultado perjudicial al no disponer la Aduana Santamaría de la información necesaria para alcanzar el objetivo propuesto y comunicado al Transportista Aduanero, incumpliendo con su deber de aportar la documentación requerida relacionada con las declaraciones de tránsito de repetida cita, lo anterior dentro del plazo y condiciones establecidas, estando obligado a ello en virtud de las obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone sin que existan circunstancias o causas que eximan o eliminen su culpabilidad, tal y como ha quedado debidamente demostrado supra.

 

 En razón de lo expuesto considera este Tribunal que procede confirmar lo actuado por el A Quo en cuanto a la imposición de la sanción de suspensión de 5 días, al auxiliar de la función pública aduanera.

 

 

 

POR TANTO

 

 

Con base en las facultades otorgadas por el Código Aduanero Centroamericano,  los artículos 204 y 205 de la Ley General de Aduanas, por mayoría este Tribunal resuelve  declarar sin lugar el recurso y confirmar la resolución  recurrida. Se da por agotada la vía administrativa. Remítase el expediente a la oficina de origen.  Voto Salvado de los Licenciados Contreras Briceño, Villalobos Orozco y Velázquez Díaz quienes anulan todo lo actuado en expediente a partir del acto de inicio del procedimiento inclusive. 

 

 

Notifíquese al recurrente por el medio señalado: Sus oficinas xxx y a la Dirección General de Aduanas.

 

 

 

Loretta Rodríguez Muñoz

Presidenta

 

 

 

 

 

 

Alejandra Céspedes Zamora                                          Xinia Villalobos Orozco

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Barrantes Coto                                      Dick Rafael Reyes Vargas

 

 

 

 

 

 

Shirley Contreras Briceño                                               Franklin Velásquez Díaz


Voto salvado de los Licenciados Contreras Briceño, Villalobos Orozco y Velázquez Díaz: Nos separamos de la mayoría en el presente caso, que corresponde a la sentencia número 15-2011, toda vez que no compartimos los suscritos el voto de mayoría de declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y en su lugar decretamos la nulidad de todo lo actuado a partir del acto inicial inclusive, en razón de que la Dirección General de Aduanas  omite señalar y demostrar en el presente caso, desde la apertura del procedimiento sancionatorio, cuál es la vulneración al régimen jurídico tutelado, por no haber supuestamente entregado la documentación solicitada por la Aduana Santamaría al Transportista Aduanero XXX, consistente en fotocopia de la declaración aduanera de movilización de mercancía hacia el régimen de zona franca número XXX del xx de noviembre del 2xxx, toda vez que de la documentación que obra en expediente se tiene como un hecho probado que desde el xx de marzo del 2xxx, la Aduana Santamaría como Aduana de salida de las mercancías en tránsito aduanero, las tiene como recibidas en el lugar de destino final, sea la empresa xxxx, ubicada bajo jurisdicción de la Aduana Central y además consta en expediente que ni siquiera el requerimiento realizado al Transportista Aduanero y por el cual se le sanciona con una suspensión de cinco días en el ejercicio de la actividad aduanera, fue claro y conciso sobre el documento solicitado, dado que se le solicita el documento en donde conste la salida efectiva de las mercancías, por supuesto del lugar de ubicación en la misma Aduana Santamaría y luego se le imputa que no presentó el documento en donde conste el recibido de las mercancías en tránsito aduanero en la zona de operación aduanera de la Aduana Central.

 

Para fundamentar  lo anterior tenemos los siguientes hechos probados en expediente:

 

·         Mediante la declaración de ingreso al régimen de zona franca número XXX del xx de noviembre del 2xxx, el Transportista Aduanero XXX movilizó mercancía desde las instalaciones del Depositario Aduanero XXX que opera bajo la jurisdicción de la Aduana Santamaría a las de la empresa acogida al régimen de Zonas Francas XXX, ubicada en xxx, bajo jurisdicción de la Aduana Central.

 

·         Con oficio AS-SD-xxx-xx del xx de marzo del 2xx, la Licenciada XXX, Jefe de la Sección de Depósitos de la Aduana Santamaría, comunicó al Jefe de la Sección de Depósitos de la Aduana Central, que la declaración  de ingreso al régimen de zonas francas número XXX se tenía por recibida y cancelada en la Aduana Santamaría, lo anterior de conformidad con el estudio de depuración y cancelación de tránsitos pendientes de recibir por parte de la Aduana Central.  También remite copia de este oficio a la Dirección General de Aduanas en fecha xx de marzo del 2xxx. (ver folios 31 a 32)

 

·         Con oficio AS-DT-SD-xxx-2xxx del xx de noviembre del 2xxx, es decir, casi 8 meses después de la anterior comunicación, el señor xxx , Jefe de la Sección de Depósito de la misma Aduana Santamaría traslada a la Jefatura del Departamento Normativo, de dicha Aduana, el expediente administrativo donde se informa que la declaración de tránsito XXX no se tiene por recibida en la Aduana Central.  (ver folios 03 y 04)   Es decir, se evidencia de lo anterior, la contradicción en que incurre la misma aduana, porque por un lado comunica que ya el tránsito de referencia llegó al lugar de destino, y meses después indica que no ha llegado.

 

·         Mediante oficio número AS-DN-xxx-2xxx del xx de octubre del 2xxx el Sub-Gerente de la Aduana Santamaría, solicita a la empresa XXX, que aporte documento en donde conste la salida efectiva de las mercancías amparadas al tránsito de zona franca número XXX del xx de noviembre del 2xxx.  (ver folios 21 y 22) 

 

·         Que en fecha xx de febrero del 2xxx, la Aduana Santamaría mediante resolución número RES-AS-DN-xxx-2xxx, inicia procedimiento ordinario de cobro de la obligación tributaria de las mercancías amparadas a la citada declaración de ingreso al régimen de zonas francas, dado que en sus registros se encontraba pendiente de recibir la mercancía, en las instalaciones de la empresa XXX que opera bajo jurisdicción de la Aduana Central. (ver folios 15 al 18)

 

·         Mediante resolución número RES-AS-DN-xxx-2xxx del xx de setiembre del 2xxx, la Aduana Santamaría da por concluido el procedimiento ordinario, en virtud de que se comprobó el arribo efectivo de la mercancía contenida en la declaración de tránsito número XXX de fecha xx de noviembre del 2xxx.  (ver folios 33 a 35).

 

 

De lo expuesto tenemos claro que para la Aduana Santamaría primero se tiene como un hecho probado que las mercancías en tránsito aduanero fueron debidamente entregadas al lugar de destino final por el Transportista Aduanero y luego casi ocho meses después, la misma Jefatura de la Sección de Depósitos tiene como no entregada dicha mercancía, es decir no puede la Autoridad Aduanera ser tan poco consistente y contradictoria en su actuar con respecto al estudio de depuración de los tránsitos aduaneros que autoriza, que llegue al punto de pretender sancionar a un auxiliar de la función pública aduanera, producto de su mismo desorden y confusión y sin existir, o por lo menos es lo que se desprende de los autos, una verdadera investigación que logre determinar la verdad real de los hechos.

 

Por lo anterior no tenemos los suscritos por demostrado en expediente la vulneración al régimen jurídico y una eventual afectación del bien jurídico tutelado  que consiste en la tutela de las potestades de verificación y fiscalización de la autoridad aduanera, corroborando el cumplimiento de deberes por parte de los auxiliares de la función pública aduanera, y determinando si en efecto en el presente caso se dio la entrega efectiva de las mercancías en su lugar de destino, toda vez que según nuestra consideración, no es procedente que la Aduana Santamaría primero emita un oficio mediante el cual le informa a la Aduana Central  y también a la Dirección General de Aduanas, como superior jerárquico propio, que dicho tránsito aduanero se tiene por recibido y luego tiempo después, (casi 8 meses después con oficio AS-DT-SD-xxx-2xxx del xx de noviembre del 2xxx) y también con oficio AS-DN-xxx-2xxx del xx de octubre del 2xxx sin ninguna explicación, simplemente indique que se tiene como pendiente de cancelar el tránsito de zona franca número XXX, y solicitarle al transportista aduanero que aporte el documento en donde conste la salida efectiva de las mercancías, y posteriormente ante el supuesto incumplimiento de aportar lo solicitado, pretenda suspenderlo del ejercicio de la actividad aduanera por “…cuanto, no presentó ante la Autoridad Aduanera la documentación donde conste la cancelación del tránsito de Zona Franca número: XXX…”,[11] es decir no es factible que la autoridad aduanera, primero tenga como recibidas las mercancías amparadas a la citada declaración en el lugar de destino final y luego  sin fundamentar lo sucedido y sin ni siquiera realizar un requerimiento claro al auxiliar de la función pública aduanera, ya que, reiteramos que la solicitud fue del documento donde conste la salida efectiva de las mercancías y no se le pidió el documento que demostrara la llegada de las mercancías al lugar de destino, ante lo cual vale la pena preguntarse, a qué documento se refiere, porque la copia de la declaración de zona franca la debe (porque es parte de sus obligaciones), tener archivada la propia Aduana Santamaría como Aduana de inicio del tránsito aduanero y porque la mercancía salió desde las instalaciones de un depositario aduanero que opera bajo su jurisdicción, y luego decida la Administración ante su no presentación, imponer una sanción tan gravosa como la de una suspensión de cinco días del ejercicio de la actividad aduanera y fundamentada en un hecho absolutamente contrapuesto, es decir por no presentar el documento mediante el cual se demuestra la entrega de las mercancías.

 

Las inconsistencias de las autoridades aduaneras se agravan aún más cuando se determina que incluso cuando la Dirección General de Aduanas inicia el presente procedimiento sancionatorio ( en fecha 22-09-2010), ya incluso la propia Aduana Santamaría había archivado el procedimiento de cobro que le había iniciado a la empresa recurrente por el pago de los impuestos de la mercancía que supuestamente no había llegado a su lugar de destino, al tener por demostrado dentro de la rigurosidad del procedimiento ordinario, todo lo contrario, es decir, que las mercancías sí habían sido entregadas en el lugar de  destino, por lo que se archivó el caso, a favor del recurrente, en fecha 16-09-2009.  Ello demuestra según nuestro criterio que no se da en la especie ninguna vulneración del bien jurídico tutelado,  y a pesar de ello, se sanciona a la empresa recurrente.

 

Como se observa de la anterior relación de hechos, reiteramos que es absolutamente claro como la Aduana Santamaría primero tiene como recibido el tránsito aduanero en la Aduana Central y así lo informa a dicha Aduana y a la Dirección General de Aduanas;  luego en fecha 26 de febrero del 2009 la propia Aduana Santamaría inicia incluso un procedimiento ordinario con la pretensión de cobrar la obligación tributaria aduanera generada por las mercancías en tránsito aduanero, supuestamente no entregadas, y luego el 16 de setiembre del 2009, con la justificación de “…que se comprobó el arribo efectivo de la mercancía contenida en la declaración de Tránsito Nº  XXX de fecha xx de noviembre del 2xxx…”[12], decide dar por concluido de oficio dicho procedimiento ordinario, siendo por segunda vez claro el hecho de que la mercancía en tránsito aduanero fue efectivamente recibida por la empresa de Zonas Francas XXX en la Aduana Central.  Y además dejando claro de manera contundente que la Administración sí contaba con la información necesaria, que en principio le requirió a la empresa recurrente (aunque de manera no tan clara, según ya indicamos, lo cual genera contradicción y falta de motivación del requerimiento efectuado), de tal forma que en ningún momento se vió afectado el ejercicio del control aduanero del tránsito por parte de la aduana, ni tampoco carecía la Administración de información de trascendencia tributaria y aduanera, que estuviese en manos del recurrente, que le impidiera el correcto cumplimiento de sus funciones, sino que por el contrario queda demostrado de los hechos del expediente que la Administración antes de requerir tal información ya contaba con la misma, de tal suerte que no puede ante su funcionamiento anormal, pretender sancionar a la empresa recurrente.

 

Actuaciones éstas, que sin lugar a dudas deben ser investigadas y aclaradas de previo a pretender causar un perjuicio tan gravoso a un auxiliar de la función pública aduanera, como sucede en el presente caso, lo que evidencia un vicio grave de nulidad del procedimiento sancionatorio, en tanto se sanciona por hechos, que según consta en el propio expediente administrativo no causaron vulneración del régimen jurídico aduanero ni violaron ni pusieron en riesgo el bien jurídico tutelado, y que se origina en un desorden interno de las propia Aduana Santamaría ante el presunto incumplimiento de un requerimiento de información absolutamente confuso, lo cual violenta el debido proceso y el de derecho de defensa, y debe ser anulado conforme los artículos 39 y 41 constitucionales y 223 de la Ley General de la Administración Pública.

 

En consecuencia de conformidad con el fundamento legal expuesto y la aplicación de los principios de cita, consideramos que la Dirección General de Aduanas en su actuación generó violación del debido proceso e indefensión al interesado, por lo que lo procedente es anular todo lo actuado a partir del acto inicial inclusive, al tenor de lo expuesto por los artículos 128 y siguientes, 158 y siguientes, artículos 165 a 172 y 223 de la Ley General de la Administración Pública.

 

 

 

Franklin Velázquez Díaz                                                   Shirley Contreras Briceño

 

 

 

 

 

Xinia Villalobos Orozco

 



[1] Ver Sentencia no. 2003-11926 dictada a las 14 horas del 23 de octubre del 2003, sobre el ejercicio privado de funciones públicas por parte del transportista aduanero en su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

 

[2]MONTORO PUERTO (Miguel). La Infracción Administrativa, características, Manifestaciones y Sanción, Barcelona, Ediciones Nauta, 1965, p.122.

 

[3]GALLEGO ANABITARTE (Alfredo), op. cit. p.24.

[4] COBO OLVERA, Tomás.  El procedimiento Administrativo Sancionador Tipo.  España, BOSCH, 2008, pág. 102.

 

[5] Don Alejandro Nieto, en su obra el Derecho Administrativo Sancionador, ha manifestado: “Como consecuencia de lo anterior hemos llegado en España a una fase en que ya no se discute si los principios del Derecho Penal se aplican al Derecho Administrativo Sancionador, puesto que así se acepta con práctica unanimidad...Ahora bien, la principal dificultad se encuentra en la determinación de qué principios van a ser aplicados y, sobre todo, de hasta qué punto van a serlo...”

 

[6] En el Voto 3929-95 del 18 de julio de 1995 la Sala estableció: “Es aceptado, en forma generalizada, que la infracción administrativa se diferencia del delito tributario por el órgano que establece la sanción –la Administración tributaria o un Juzgado Contencioso Administrativo en el primer caso; el Juez o Tribunal Penal en el segundo, y por el tipo de pena; sin embargo, las diferencias procedimentales existentes entre las sanciones aplicables a infracciones y a delitos, no pueden conducir a ignorar en el ámbito del procedimiento administrativo las garantías de los ciudadanos, en efectos, los principios inspiradores del orden penal son de aplicación con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado.” ( el subrayado no es del original)

 

[7] Ver la sentencia 069-00 de este Tribunal

 

[8] "La referida sentencia estableció la estructura básica de los tipos penales así: III.- Los tipos penales deben estar estructurados básicamente como una proposición condicional, que consta de un presupuesto  (descripción de la conducta), una consecuencia (pena), en la primera debe necesariamente indicarse, al menos, quién es el sujeto activo, pues en los delitos propios reúne determinadas condiciones (carácter nacional, empleado público, etc) y cuál es la acción constitutiva de la infracción (verbo activo), sin que estos dos elementos básicos (existen otros accesorios que pueden o no estar presentes en la descripción típica del hecho) puede asegurarse que no existe tipo penal.”

[9] García, Horacio A.  Derecho Tributario Penal, Belsunce, pág. 175

[10] Cuello Calón. Derecho Penal. Parte General, volumen primero, BOSCH, Casa Editorial, S.A., Barcelona, España, pág457.

[11] Ver parte dispositiva del acto final, Res-DN-xxx-2xxx del xx de noviembre del 2xxx.

[12] Ver Por Tanto de la resolución número RES-AS-DN-xxx-2xxx del xx de setiembre del 2xxx.