Sentencia 013-2011.  Tribunal Aduanero Nacional.  San José, a las trece horas con cincuenta minutos del diez de febrero de dos mil once.

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el señor XXXX en su condición de representante legal de la XXXX, cédula jurídica XXXX, contra la resolución RES-AL-DN-xxxx-2xxx del 08 de julio de 2xxx de la Aduana de Limón.

 

 

RESULTANDO

 

I.             Mediante resolución número RES-AL-DN-xxxx-2xxx del trece de mayo de 2xxx, la Aduana de Limón da inicio al procedimiento sancionatorio contra el transportista aduanero XXXX al considerar que eventualmente cometió la infracción administrativa estipulada por el artículo 236 inciso 8 de la Ley General de Aduanas (en adelante LGA), la cual acarrea la imposición de una multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional por cada unidad de transporte, para un total de dos mil quinientos pesos centroamericanos. Lo anterior por haber iniciado el tránsito de las unidades de transporte y sus correspondientes mercancías amparados a los DUAS números XXXX y XXXX todos de fecha 25 de marzo de 2xxx, después de las 72 horas de haber sido autorizado el inicio del tránsito aduanero desde el Estacionamiento Transitorio XXXX S.A. a los depositarios aduaneros XXXX S.A. el primero y  XXXX S.A. los cuatro restantes, de la jurisdicción de la Aduana Central y la Aduana Santamaría, respectivamente; siendo que la Aduana determinó que dichos tránsitos iniciaron el día 08 de abril de 2xxx a las 14:29 horas (declaración XXXX), el 07 de abril de 2xxx a las 12:20 horas (declaraciones XXXX y XXXX), el 04 de abril de 2xxx a las 11:14 horas (declaración XXXX) y el 04 de abril de 2xxx a las 13:31 horas (declaración 023779), incumpliéndose en todos los casos el plazo de las 72 horas, desde la fecha de aceptación y autorización del tránsito, sea el día 25 de marzo del 2008, de conformidad con  lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas. Dicha resolución fue notificada en forma personal al auxiliar de la función pública el día 22 de mayo de 2008. (Ver folios 33 a 38)

 

II.             Por escrito presentado el día 02 de junio de 2008, el señor XXXX en representación del transportista aduanero XXXX presenta sus argumentos de defensa, manifestando en esencia lo siguiente: (Ver folios 39 a 44)

 

·      Que la salida fuera del tiempo establecido por la legislación aduanera obedeció a una situación especial, como lo son las políticas de cierre de los almacenes de depósito fiscal en fechas de Semana Santa y fin de año. Los hechos imputados inician el Miércoles Santo, 17 de marzo de 2008, hasta el lunes siguiente, 25 de marzo de 2008, días en los cuales al no haber descargas por parte de los depositarios de los equipos no se liberan las unidades de transporte, dándose una imposibilidad material para cumplir con el plazo establecido en la Ley.

 

·      Luego de que las agencias aduanales entregan los documentos de inicio del tránsito, la LGA concede al transportista 72 horas para iniciar el mismo; se señala que en el caso concreto, cuando la documentación fue recibida en el Estacionamiento Transitorio, estaba terminando la Semana Santa, y que como se indicó, en esos días los clientes no descargan y los almacenes fiscales en San José se encontraban cerrados desde el día miércoles a las 5:00 p.m., lo que hacía imposible el funcionamiento normal de la empresa de transporte, acumulándose las solicitudes de prácticamente cuatro días al no funcionar el sistema normal de despacho. Considera que al no darse las condiciones propicias, se generan atrasos y acumulación de tránsitos, siendo que los transportistas no están en la obligación de dimensionarse para atender picos de volumen como los que se presentan en Semana Santa, final y principio de año, a pesar de lo cual y según su dicho realizan esfuerzos pero no se logra la evacuación en forma completa, como en este caso.

 

·      Que para el asunto de marras, quien firma la resolución de inicio del procedimiento es el Gerencia a.i., figura que no existe dentro de la estructura administrativa de las Aduanas, según el artículo 35 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (en adelante RLGA); por lo que el titular de la Aduana es el Gerente y en su ausencia el Subgerente, siendo los únicos autorizados para firmar actos administrativos, sobre todo aquellos que inician procesos sancionatorios; razón por la cual estima que la resolución que da inicio al procedimiento deviene en nula, al ser firmada por el Gerente a.i. y no el Gerente de la Aduana. 

 

·      La Gerencia de la Aduana es omisa en la designación del órgano instructor del procedimiento, el cual tiene una función especial, instruir y/o dirigir el procedimiento, para dichos efectos señala la Sentencia 57-2000 de este Tribunal.

 

·      Requiere se tenga por presentado en tiempo y forma los argumentos de defensa y se haga referencia a cada uno de ellos en su orden numeral. Solicita se declare la nulidad del procedimiento administrativo sancionatorio y se desestime en todos sus extremos la resolución de marras y se ordene el archivo del expediente.

 

 

III.             A través de oficio número AL-DN-xxx-2xxx del 04 de enero de 2xxx, la Aduana de Limón le solicita a la empresa XXXX, que acredite con prueba fidedigna la afirmación brindada en sus argumentos de descargo, respecto a que el retraso sufrido se debió a una situación especial por acaecer en días de Semana Santa en los cuales se dio el cierre de los almacenes de depósito fiscal, otorgándosele para dichos efectos el plazo de 10 días hábiles posteriores a su notificación. Dicha prevención fue notificada al transportista aduanero en fecha 11 de febrero de 2009. (Ver folio 46)

 

IV.             Con escrito recibido en fecha 24 de febrero de 2010, el auxiliar de la función pública XXXX solicita prórroga al plazo otorgado para cumplir con la prevención supracitada, concediéndosele, por parte de la Aduana de Limón, mediante oficio número AL-DN-xxx-2xxx del 28 de febrero de 2xxx, 5 días contados después de la respectiva notificación, para proporcionar la prueba requerida. (Ver folios 47 a 49)

 

V.             El transportista aduanero sujeto del presente procedimiento, por escrito recibido en fecha 01 de marzo de 2xxx, aporta constancia extendida por el Vicepresidente Ejecutivo  de la Cámara de Almacenes Fiscales y Generales (CAMALFI), mediante la cual se indica que los días Jueves 20 y Viernes 21 de marzo de 2008, las aduanas permanecieron cerradas, por lo cual los depositarios aduaneros se vieron inhabilitados para la prestación de servicios de depósito fiscal. Asimismo, y a raíz de la prueba aportada, el representante de la empresa XXXX, solicita se rectifiquen las manifestaciones brindadas en sus argumentos de descargo, en las cuales se consignó que desde el día 17 de marzo y hasta el lunes 25 de marzo, ambas fechas de 2008, las aduanas permanecieron cerradas, siendo lo correcto lo manifestado en la constancia aportada, sea que, el cierre se dio únicamente los días 20 y 21 de marzo de 2008. (Ver folios 50 y 51)

 

VI.             Con resolución número RES-AL-DN-xxxx-2xxx del veintiséis de marzo de 2xxx, se dictó el acto final del procedimiento sancionatorio de cita, el cual posteriormente, mediante resolución número RES-AL-DN-xxxx-2xxx del ocho de junio de 2xxx fue anulada de oficio por la Aduana de Limón, por adolecer de vicios, toda vez que existen inconsistencias en cuanto a los montos indicados en la multa impuesta, los cuales no corresponden a los indicados en el inicio del procedimiento. En razón de la nulidad decretada, se ordenó nuevamente el dictado del acto final como en derecho correspondía. (Ver folios 57 a 66)

 

VII.             Mediante resolución número RES-AL-DN-xxxx-2xxx del ocho de julio de 2xxx, la Aduana de Limón dicta el acto final del procedimiento sancionatorio que nos ocupa, teniendo por determinados los hechos imputados en el acto de inicio del procedimiento, imponiendo consecuentemente a cargo del transportista aduanero XXXX una multa de quinientos pesos centroamericanos por cada incumplimiento, para un total de dos mil quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional. La indicada resolución fue notificada al transportista aduanero en fecha 16 de julio de 2010. (Ver folios 69 a 76)

 

VIII.             En fecha veinte de junio de 2010, la empresa XXXX presenta los recursos de reconsideración y apelación en subsidio contra el acto final, resolución número RES-AL-DN-xxx-2010 del 08 de julio de 2xxx, manifestando lo siguiente: (Ver folios 77 a 79)

 

·      Reitera su posición respecto a la competencia del Gerente a.i. que firmó el acto inicial del procedimiento sancionatorio, basando sus alegatos en los artículso 59, 67, 128 y 129 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), afirmando que la competencia administrativa no se otorga de manera antojadiza o utilizando términos inexactos e inexistentes para su traslado, sino que la misma es dada por ley, lo mismo que su traslado; por lo que concluye que la persona que firmó el acto inicial no era el titular de la Aduana de Limón, se trata de una figura denominada Gerente a.i. (gerente en ascenso interino), que no existe en la normativa administrativa y aduanera, por lo que debe desconocerse su actuación.

·      Solicita tener por presentados los recursos de reconsideración y apelación ante el Tribunal Aduanero Nacional, reitera los argumentos de defensa a efectos de que la Gerencia los reconsidere y finalmente requiere dejar sin efecto la resolución de marras y ordenar el archivo del expediente.

 

IX.             Por resolución número RES-AL-DN-xxx-2xxx del 19 de noviembre de 2xxx de la Aduana de Limón, se declara sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto y se  emplaza a la parte para que amplíe y reitere argumentos ante este Tribunal. Dicha resolución fue notificada al recurrente en fecha dos de diciembre de 2010. (Ver folios 80 a 92)

 

X.             De conformidad con la constancia emitida por la Jueza de Instrucción, no se registra en autos ni en los documentos custodiados por este Tribunal, el apersonamiento del recurrente ante ésta Instancia. (Ver folio 115)

 

XI.             En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones de ley.

 

 

Redacta la Licenciada Rodríguez Muñoz; y,

 

 

 

CONSIDERANDO

 

 

I.             La litis. Se circunscribe a la sanción impuesta por la Aduana de Limón al transportista aduanero XXXX de quinientos pesos centroamericanos por cada infracción cometida, para un total de dos mil quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, fundamentada en el artículo 236 inciso 8 de la LGA, en razón de que el tránsito aduanero de las unidades de transporte y las mercancías amparadas a los DUAS números XXXX todos de fecha 25 de marzo de 2xxx, iniciaron después de las 72 horas naturales siguientes a la autorización dada por la Autoridad Aduanera, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas, toda vez que se tiene por comprobado en autos, que los tránsitos iniciaron respectivamente, el día 08 de abril de 2008 a las 14:29 horas (declaración XXXX), el 07 de abril de 2xxx a las 12:20 horas (declaraciones XXXX y XXXX), el 04 de abril de 2xxx a las 11:14 horas (declaración XXXX) y el 04 de abril de 2xxx a las 13:31 horas (declaración XXXX), siendo que la fecha de aceptación y autorización del tránsito, se dio el día 25 de marzo del 2xxx.

 

II.             Sobre la admisibilidad. Previo a cualquier otra consideración, se avoca este Órgano al estudio de la admisibilidad del presente recurso. En tal sentido dispone la LGA  en su artículo 198 que contra la resolución dictada por la Aduana, cabe el recurso de apelación para ante este Tribunal, el cual debe interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación del acto impugnado, condicionando la admisibilidad a dos requisitos procesales, sea en cuanto al tiempo que dispone el interesado para interponerlo, y además el relativo a la capacidad procesal de las partes que intervienen en expediente. Así las cosas, siendo que el acto que se impugna, sea la resolución RES-AL-DN-xxx-2xxx, fue notificada el 16 de julio de 2xxx y el recurso de apelación fue interpuesto el día 20 de julio del 2xxx (ver folios 77 a 79), el mismo se encuentra dentro de los tres días que establece la ley, cumpliéndose a cabalidad el requisito de temporalidad indicado. En cuanto a la capacidad procesal del recurrente, por tratarse de un transportista persona jurídica a quien se le impone la sanción, consta en autos a folio 45, la representación que de la misma ostenta el señor XXXX en su condición de apoderado generalísimo; por lo que tiene este Tribunal como admitido el recurso de apelación de cita.

 

 III.       Hechos probados:

 

 

1.  Que las declaraciones aduaneras de tránsito números XXXX y XXXX fueron aceptadas por la Aduana de Limón el día 25 de marzo del 2xxx. (Folios 04 a 13, 22 a 31, 94 a 113)

2.  Que el tránsito aduanero para la totalidad de las declaraciones supracitadas fue autorizado ese mismo día 25 de marzo del 2xxx, según se desprende de la fecha de creación del viaje del Sistema Informático Aduanero Tica.  (Folios  94 a 113)

 

3.  Que el inicio del tránsito de las declaraciones números XXXX y XXXX se dio desde el Estacionamiento Transitorio XXXX S.A a los depositarios aduaneros XXXX S.A. el primero y XXXX S.A. los cuatro restantes, de la jurisdicción de la Aduana Central y la Aduana Santamaría, respectivamente, los días 08 de abril de 2xxx a las 14:29 horas (declaración XXXX), el 07 de abril de 2xxx a las 12:20 horas (declaraciones XXXX y XXXX), el 04 de abril de 2xxx a las 11:14 horas (declaración XXXX) y el 04 de abril de 2xxx a las 13:31 horas (declaración XXXX).  (Ver folios 94 a 113)

 

4.  Que el acto de apertura del procedimiento sancionatorio fue adoptado el día 13 de mayo de 2008 y firmado por el Subgerente de la Aduana de Limón Luis Alberto Salazar Herrera, en su condición de Gerente a.i. (Ver Folios 33 a 38)

 

5.  Que la Cámara de Almacenes Fiscales y Generales de Depósito, hace constar que el horario de los depositarios aduaneros en la Semana Santa del año 2008, correspondió a lo comunicado por el Ministerio de Hacienda, que estableció que los días Jueves 20 y Viernes 21 de marzo de 2008, las aduanas permanecerían cerradas. ( Ver Folio 51)

 

6.  Que en el comunicado del Ministerio de Hacienda, se establece que el horario especial de Semana Santa del año 2008 para la Aduana de Limón es como se señala: de las 8:00 a.m. a las 6:30 p.m, los días 17, 18 y 19 de marzo 2008.  Los días Jueves 20 y Viernes 21 de marzo 2008, la aduana permanecerá cerrada, laborándose normalmente los días Sábado y Domingo Santos, en el horario normal. (Ver folio 52)

 

 

IV.       Sobre las nulidades.

 

En primer término este Tribunal como contralor de legalidad se avoca a revisar la actuación administrativa, determinando si en la especie se han violentado los principios procesales esenciales que todo acto administrativo debe salvaguardar en aplicación del principio de legalidad que rige las actuaciones de la Administración y del derecho del administrado a un debido proceso, pronunciándose previamente sobre la existencia o no de nulidades del acto administrativo. Así, se procede a analizar los vicios de nulidad alegados por el recurrente, los cuales no comparte este Tribunal, por las razones que de seguido se exponen.

 

·                Incompetencia del Gerente a.i de la Aduana de Limón para sancionar.

 

Manifiesta el recurrente que la resolución que da inicio al procedimiento sancionatorio por parte de la Aduana de Limón deviene en nula, al estar firmada por el Gerente a.i., ya que dicha actuación se contrapone al artículo 35 del RLGA, toda vez que quien la firma no es el titular de la aduana, se trata de una figura que no existe en la normativa administrativa y aduanera, por lo que debe desconocerse su actuación. Asimismo, considera que la competencia administrativa no se otorga de manera antojadiza  o utilizando términos inexactos e inexistentes para su traslado, siendo todo lo contrario, la competencia es dada por ley o bien trasladada conforme lo dispone la misma norma administrativa en el artículo 89 de la LGAP.

 

En relación con este argumento de nulidad, hace ver este Órgano que dicho alegato ha sido planteado con anterioridad por el mismo recurrente para casos similares a los cuales remite[1], realizando las siguientes acotaciones.

 

El artículo 35 del RLGA, denominado “Competencia de la Gerencia de la Aduana”, es el numeral que señala las funciones otorgadas por ley a dicha figura, estableciendo a los efectos:

 

“Compete a la Gerencia de la aduana de jurisdicción territorial dirigir técnica y administrativamente la aduana. La Gerencia está conformada por un Gerente, un Subgerente quien estará subordinado al Gerente y lo reemplazará en sus ausencias, con sus mismas atribuciones, para lo cual bastará su actuación. El Subgerente será el colaborador inmediato del Gerente, en la planificación, organización, dirección y control de la aduana, así como en la formulación de sus políticas y directrices que orienten las decisiones y acciones hacia el logro de las metas de la aduana. El Subgerente desempeñará, transitoria o permanentemente las funciones y tareas que le delegue el Gerente. (…) (El resaltado no es del original)

 

De esta forma, es clara la división jerárquica que realiza la normativa aduanera, señalando la existencia de un Gerente y un Subgerente, con un grado de subordinación de éste último, a quien a su vez le encomienda reemplazar al Gerente en sus ausencias con sus mismas atribuciones, agregando que para ello bastará su sola actuación. No cabe el más mínimo cuestionamiento sobre las facultades que posee el Subgerente, siendo el mismo el segundo al mando de la Aduana, ostentando en caso de ausencia del Gerente, las atribuciones de éste, todo ello debidamente prescrito por el propio ordenamiento aduanero.

 

Para el caso en cuestión, tenemos que quien firma como “Gerente a.i.” es el señor Luis Alberto Salazar Herrera, quien fungía como Subgerente de la Aduana de Limón, por lo que según lo establecido supra, las actuaciones del mismo dentro del procedimiento de cita no se encuentran viciadas, muy por el contrario, reflejan el cumplimiento  de lo dispuesto por el RLGA. Nótese como el propio recurrente para fundamentar su dicho recurre al artículo 35 transcrito supra, pero no logra dilucidar la conexión existente entre las funciones del Gerente y el Subgerente, en caso de ausencia del primero. Pareciera ser que el transportista aduanero se confunde por la denominación “a.i.” con que se califica a la persona que firma el acto inicial del presente procedimiento, perdiendo de vista que el mismo actúa bajo los preceptos señalados por ley, mientras que el vocablo “a.i.” viene solamente a ratificar tal situación, siendo que no es sino la abreviatura de la locución latina “Ad honorem Interim”, que hace referencia al cargo “provisional” que ocupa el suscribiente, como ya en reiteradas ocasiones se le ha señalado a la empresa XXXX:

 

“Siendo que la principal argumentación del recurrente, es que la resolución de inicio del procedimiento sancionatorio deviene en nula por estar firmada por el gerente a.i, al respecto debe señalarse que el vocablo latino a.i. o ad honorem interim[2], está referido al desempeño que realiza una persona por voluntad propia o designación del superior en jefe, definiéndose el término Ad honorem  como:

 

“ Una locución latina que se usa para caracterizar a cualquier actividad que se lleva a cabo sin percibir ninguna retribución económica. Literalmente, significa por la honra, el prestigio o la satisfacción personal que la tarea brinda

 

También el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ed. Eliasta, Ed. 27°, Buenos Aires, p. 58, Fuente: OSSORIO, M. (2000), a dicho vocablo le da la siguiente acepción:

“Locución latina y castellana. Honorario, honorífico, lo que da a entender que una persona desempeña un cargo u ostenta una calidad por el honor que representa y sin obtener ningún beneficio económico”.

En igual sentido el Diccionario de Latín Jurídico al referirse al término Interim, lo designo como:

 

“Entre tanto, en el intervalo”[3]

 

El transportista aduanero XXXX pretende con sus argumentos, hacer  ver que la actuación del “Gerente a.i.” de la Aduana de Limón se otorgó “de manera antojadiza y/o utilizando términos inexactos e inexistentes para su traslado”, lo cual es a todas luces una apreciación errónea, ya que ha quedado evidenciado que dicha actuación se da precisamente en cumplimiento de la distribución de competencias señalada por el artículo 35 del RLGA,  por lo que lejos de poder considerarse antojadiza, la misma se encuentra en estricto apego al principio de legalidad, siendo la misma absolutamente válida y eficaz.

 

Sobre lo indicado, considera este Tribunal que no existe ninguna situación distinta que haga cambiar el criterio que de forma reiterada para casos semejantes al presente se le ha externado al recurrente, siendo que él mismo no lleva razón en sus alegatos de nulidad y así debe declararse.

 

 

·                Omisión de la Aduana en la designación del Órgano de instrucción del procedimiento sancionatorio.

 

Manifiesta el recurrente que la Gerencia de la Aduana es omisa en la designación del órgano instructor del procedimiento, el cual tiene una función especial, instruir y/o dirigir el mismo. Respecto al tema alegado por el transportista aduanero sujeto al presente procedimiento administrativo, debe tenerse el panorama completo sobre la competencia de la Aduana de Limón, dentro del Sistema Aduanero Nacional, para instruir y decidir la imposición de una sanción en sede administrativa.

A estos efectos, primeramente ha de hacerse mención de la normativa aduanera comunitaria, teniéndose presente que el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (en adelante CAUCA), en su artículo 6 señala la composición del Servicio Aduanero y las facultades del mismo:

“El Servicio Aduanero está constituido por los órganos de la administración pública, facultados por la legislación nacional para aplicar la normativa sobre la materia, comprobar su correcta aplicación, así como facilitar y controlar el comercio internacional en lo que le corresponde y recaudar los derechos e impuestos a que esté sujeto el ingreso o la salida de mercancías, de acuerdo con los distintos regímenes que se establezcan.

Al Servicio Aduanero le corresponde la generación de información oportuna, la fiscalización de la correcta determinación de los derechos e impuestos, la prevención y represión cuando le corresponda de las infracciones aduaneras, sin perjuicio de las demás que establece este Código y su Reglamento.” (El resaltado no es del original)

 

A nivel nacional, la LGA muestra las dependencias que componen el Servicio Nacional de Aduanas, señalando en lo conducente en su artículo 8:

El Servicio Nacional de Aduanas será el órgano de control del comercio exterior y de la Administración Tributaria; dependerá del Ministerio de Hacienda y tendrá a su cargo la aplicación de la legislación aduanera.

El Servicio estará constituido por la Dirección General de Aduanas, las aduanas, sus dependencias y los demás órganos aduaneros; dispondrá de personal con rango profesional y con experiencia en el área aduanera y/o de comercio exterior, pertinentes conforme a los acuerdos, convenios y tratados internacionales vigentes. (…) (El resaltado no es del original)

 

Según el artículo 22 de la LGA, el Servicio Nacional de Aduanas, y por ende las Aduanas que conforman el mismo según se indicó supra, ejercen como parte de sus atribuciones el control aduanero para el análisis, la aplicación, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación del cumplimiento de las disposiciones normativas reguladoras de los ingresos o las salidas de mercancías del territorio nacional, así como de la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior. Finalmente, como parte de dicho control, el artículo 24 inciso i) de la LGA concede a las autoridades aduaneras la atribución de “Investigar la comisión de delitos aduaneros e imponer las sanciones administrativas y tributarias aduaneras”.

Definida la competencia de las Aduanas para asuntos como el que nos ocupa, tenemos que para imponer sanciones administrativas y tributarias aduaneras, la Administración Activa debe seguir los lineamientos señalados por la normativa aduanera, siendo que el artículo 196 de la LGA dispone a los efectos:

 

Actuaciones comunes del procedimiento ordinario. Para emitir cualquier acto que afecte derechos subjetivos o intereses legítimos, deberán observarse las siguientes normas básicas:

a) La apertura del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, debe ser notificada a las personas o entidades que puedan verse afectadas.

b) En el acto de notificación se otorgará un plazo de quince días hábiles para presentar los alegatos y las pruebas respectivas.  La autoridad aduanera que instruya el procedimiento podrá prorrogar, mediante resolución motivada, de oficio, o a instancia de parte interesada este plazo para los efectos de presentación de pruebas.

c) A solicitud de parte interesada, el órgano instructor dará audiencia oral y privada por un término de ocho días, una vez evacuadas las pruebas para que las partes desarrollen  las conclusiones finales.

d) Listo el asunto para resolver, el órgano instructor dictará la resolución dentro de un plazo de diez días hábiles.  La notificación debe contener el texto íntegro del acto.”

 

Respecto a la interpretación de dicha norma y específicamente en referencia al órgano de instrucción y de decisión en procedimientos sancionatorios, este Tribunal le ha manifestado expresamente al mismo recurrente frente a alegatos idénticos[4]:

Nótese como el legislador, consciente o inconscientemente, asimila órgano director a órgano decisor, porque si bien señala que habrá una autoridad aduanera que instruirá el asunto, sin embargo, en el inciso d), indica que el órgano instructor deberá dictar resolución dentro de los 10 días hábiles, siendo así, entonces debemos concluir que si el órgano instructor emite el acto final, entonces es porque ambas funciones, la de instructor y la de juzgador, la ejerce la misma autoridad, que no podría ser otra que el órgano decisor, es decir, la aduana o la Dirección, pues obviamente el que puede lo más puede lo menos, y si dichos órganos están incluso legalmente facultados para sancionar, pues podrían además instruir el expediente.  Claro que esto último podría generar problemas prácticos importantes, pues tendrían que estar los jerarcas de ambas oficinas instruyendo todos los asuntos.  De ahí que por aplicación supletoria de la LGAP nada obsta para que no puedan constituir un órgano que instruya el procedimiento, siempre que se observen los procedimientos indicados.” (El resaltado no es del original)

 

De esta forma, existe una facultad del Director General de Aduanas y de las Gerencias de las Aduanas, como Órganos Decisores, para  instruir los procedimientos administrativos que se levanten al efecto en su jurisdicción; razón por la cual no lleva razón el recurrente en este alegato de nulidad.

 

Habiéndose hecho referencia a la totalidad de alegatos de nulidad planteados por el transportista aduanero XXXX, procede este Tribunal al análisis de fondo de la infracción administrativa alegada en autos, bajo el cuadro fáctico que se presenta para el caso concreto. 

 

V.             Sobre el fondo.

 

Como se ha indicado la presente litis se contrae en determinar la procedencia o no de la sanción impuesta por la Aduana de Limón al transportista aduanero XXXX de quinientos pesos centroamericanos por cada infracción cometida, para un total de dos mil quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, fundamentada en el artículo 236 inciso 8) de la Ley General de Aduanas, por transgresión a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas.

 

En primer término corresponde realizar el análisis sobre los presupuestos que la normativa aduanera le ha impuesto a los auxiliares de la función pública aduanera en la figura del transportista aduanero, dentro del marco legal sobre las responsabilidades que prescribe el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y la LGA para dichos auxiliares, ello en aras de tener un panorama claro de las responsabilidades y por ende de las violaciones que se le atribuyen al transportista aduanero sujeto del presente procedimiento, en razón de las cuales se impone la sanción que nos ocupa. 

 

De esta forma, una vez que se precise el ámbito de su responsabilidad regulado por la normativa aduanera, se abordará lo relativo a la imposición de la sanción.

 

Sobre el carácter de munera púbblica del Transportista Aduanero:

 

El numeral 18 del CAUCA III, define al transportista aduanero como:

“(…) el auxiliar encargado de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación ante el Servicio Aduanero, del medio de transporte y carga, a fin de gestionar su ingreso, tránsito o salida de las mercancías.

El transportista será responsable directo ante el Servicio Aduanero, por el traslado o transporte de las mercancías objeto de control aduanero.” (El resaltado no es del original)

 

Por su parte, el artículo 37 del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (en adelante RECAUCA), reitera entre las obligaciones específicas, el hecho de entregar las mercancías en la aduana de destino y responder por el cumplimiento de todas las obligaciones que el régimen de tránsito aduanero le impone, incluso del pago de los tributos correspondientes si la mercancía no llega en su totalidad a destino. 

 

Tales disposiciones deben correlacionarse con lo dispuesto internamente en la LGA, norma que establece el marco jurídico dentro del cual debe actuar el transportista y sus sanciones en caso de incumplimiento. Específicamente el artículo 40 de la LGA, define el concepto de transportista aduanero de la siguiente forma:

“Los transportistas aduaneros personas, físicas o jurídicas, son auxiliares de la función pública aduanera; autorizados por la Dirección General de Aduanas. Se encargan de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación del vehículo, la unidad de transporte y sus cargas ante el Servicio Nacional de Aduanas, a fin de gestionar en la aduana el ingreso, el arribo, el tránsito, la permanencia o la salida de mercancías.” (El resaltado no es del original)

 

De esta definición podemos extraer su condición de auxiliar de la función pública, lo que implica que su actividad está destinada al interés público y es por ello que existe una regulación vía ley y reglamento de su intervención.  Por otra parte, tenemos que el objetivo de la actividad aduanera es alcanzar un equilibrio entre la agilización de los procesos para ser competitivos y el ejercicio de un nivel adecuado de control del tráfico del comercio exterior de las mercancías, de forma tal que no lo obstaculice.  Para lograr lo anterior se dio entonces un traslado de varias de las funciones que anteriormente ejecutaba la Administración Activa (gestión aduanera) que pasaron a ser realizadas por los diferentes auxiliares de la función pública autorizados, asumiendo por tanto su propia responsabilidad, de  ahí que lo que se tutela es el adecuado control sobre el tráfico internacional de mercancías.

 

Lo anterior implica un fortalecimiento de los actores que intervienen en el procedimiento aduanero, adquiriendo un rol protagónico los auxiliares de la función pública aduanera, a quienes nuestra legislación aduanera los concibe como cogestores de la administración pública[5], lo cual implica un régimen especial de responsabilidades, al contar con mayores requisitos y obligaciones, entre las cuales destaca el deber de colaboración en el control, puesto que les corresponde, entre otras, velar por el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y por la agilización de los procedimientos y trámites, de conformidad con lo consignado por los numerales 13 al 21 del CAUCA III. 

 

La Sala Constitucional ha reconocido que los auxiliares de la función pública tienen un rol preponderante frente al Estado y no son simples intermediarios.[6]  Línea que también comparte la Procuraduría General de la República en relación con el transportista aduanero y que fue externada en la audiencia de ley conferida en la acción de inconstitucionalidad número 02-002947-0007-CO, que interpuso una empresa naviera precisamente contra el artículo 140 de la LGA, sobre la especial responsabilidad de los auxiliares y en especial de los transportistas aduaneros en relación con la autoridad aduanera, al indicar que:

 

“… de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley General de Aduanas, los transportistas aduaneros -personas físicas o jurídicas- son auxiliares de la función pública aduanera autorizados por la Aduana de Limón, lo que les coloca en una relación de intensidad especial con la Administración, que debe tomarse en cuenta al momento de analizar la normativa aplicable.  Señala que, sobre este aspecto la Sala en sentencia 2002-00843 indicó – entre otras cosas – que todo auxiliar de la función pública aduanera ha de tener pleno conocimiento de sus atribuciones, deberes y obligaciones desde el momento mismo en que es autorizado para desempeñarse como tal y por ende, de las sanciones que le podrían ser impuestas en caso de incumplimiento, ya que en todo caso la responsabilidad recae sobre el auxiliar.  En este mismo sentido, la relación entre la Administración y los agentes y transportistas aduaneros tiene características especiales que hacen que su valoración sea distinta a otro tipo de relaciones, al encontrarse dentro de la categoría de relaciones de sujeción especial prevista en el artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública.  En el caso concreto, el transportista aduanero en su condición de auxiliar de la función pública conoce de antemano, que por disposición legal se encuentra obligado a solicitar el régimen aduanero o el tránsito aduanero de la mercadería que ha ingresado a aduana, y además conoce que si el tránsito no se realiza dentro de los ocho días hábiles siguientes al arribo de la mercadería, se le impondrá una multa.  Señala que el fin de la norma es buscar la continuidad y eficiencia del servicio aduanal.  Al respecto, considera que la norma concuerda con el principio establecido en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, es decir, la norma impugnada procura hacer efectivos los principios de continuidad y eficiencia de la Administración, por lo que ésta es razonable y constitucionalmente fundamentada, en el tanto está inserta dentro de una relación de especial sujeción entre el agente o transportista aduanero y la Administración, y tiende a la consecución de un interés público como lo es la continuidad y eficiencia del servicio aduanero, y sus parámetros de aplicación están claramente delimitados...”.  (El subrayado no es del original). 

 

Se sigue de lo anterior, la relevancia que para el Fisco tiene la participación de los auxiliares de la función pública en los diferentes procedimientos aduaneros, al punto de que partiendo del principio de buena fe y responsabilidad de sus actuaciones le ha delegado parte de la gestión aduanera, de tal suerte que se han convertido en sus coadyuvantes o cogestores.  Paralelamente a ello, los auxiliares por tal cogestoría han asumido un régimen de responsabilidad no sólo frente a sus clientes sino también ante el Fisco.  Dentro de ese orden de ideas, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional los transportistas aduaneros están sujetos de manera directa a los deberes y obligaciones que le impone la ley en virtud de su carácter de munera púbblica, habiéndose establecido de forma clara y directa el ámbito de su responsabilidad, por lo que al definirse tan manifiestamente la misma, el régimen de obligaciones revierte un especial carácter por la condición propia de estos sujetos. 

 

Es por ello que del ordenamiento jurídico aduanero, derivan una serie de deberes determinados para el transportista aduanero, en virtud de una relación jurídica preestablecida, que la doctrina ha llamado: relaciones de sujeción especial[7] o relaciones especiales jurídico-administrativas[8] como lo es, entre otras, la existente entre la Administración Aduanera y el auxiliar de la función pública.  En virtud de la relación de sujeción o supremacía especial, existe una responsabilidad concreta del auxiliar y como consecuencia de esa relación previa administrativa es que el transportista está comprometido a una serie de obligaciones y deberes dentro del ejercicio del control aduanero en la movilización y entrega en tiempo de las mercancías en el lugar de destino, respondiendo incluso por el pago de los tributos correspondientes si las mercancías no llegan en su totalidad al destino, debiendo transmitir electrónicamente la declaración y cualquier otra información que se le solicite antes del arribo del medio de transporte, así como de la mercancía transportada, siendo entonces que las funciones o actividades que realizan y la confianza depositada en su gestión, comportan alta responsabilidad fiscal. 

 

Ante esta caracterización, para poder actuar ante el Servicio Nacional de Aduanas, los transportistas aduaneros deben ser autorizados en forma previa y están sometidos al cumplimiento de una serie de derechos y obligaciones en relación al ejercicio de su actividad que están debidamente delimitadas en los numerales 14, 15 y 18 del CAUCA III, artículos 37 y 38 del RECAUCA, artículos 30, 32, 42 y 43 de la LGA, 124, 126, 127, 129, 130, 130 bis,y 130 ter del Reglamento a la LGA. 

 

Definido el carácter con el que actúan los transportistas aduaneros, corresponde determinar si procede o no la aplicación de la sanción impuesta por el A Quo al recurrente.

 

Sobre la aplicación de la sanción.

 

Dentro de la Administración, el Derecho Sancionador tiene como finalidad mantener el orden del sistema y reprimir por medios coactivos aquellas conductas contrarias al Ordenamiento positivo; este poder sancionador es aquel en virtud del cual pueden imponerse sanciones a quienes incurran en la inobservancia de las acciones u omisiones que le son impuestas por el ordenamiento normativo administrativo, o el que sea aplicable por la Administración Pública en cada caso[9] De esta forma, las sanciones administrativas son expresión de un legítimo poder jurídico, el cual se encuentra destinado a velar por el interés general, específicamente el garantizar el mantenimiento del propio orden jurídico-administrativo. Este poder, al cual se le conoce como “potestad sancionadora de la Administración”, es una manifestación del ius puniendi del Estado, en razón de la cual se justifica la acción represora[10] en la esfera de los derechos de los administrados, con base en el interés común que se pretende proteger. Así, a la Administración se le atribuye dicha potestad con el fin de mantener el orden público y asegurar el cumplimiento de determinadas relaciones y disposiciones, aspectos que se encuentran ligados al criterio de eficiencia de la administración.

 

Tenemos que la potestad sancionadora administrativa puede manifestarse ya sea sobre relaciones de sujeción especial o de sujeción general. Respecto de las primeras, tal y como líneas atrás se adelantó, del Ordenamiento Jurídico derivan una serie de obligaciones específicas para determinados sujetos, que se encuentran en una relación jurídica preestablecida con la Administración, tal y cual es la situación de los auxiliares de la función pública Transportistas Aduaneros, condición que ostenta el recurrente.

 

De esta forma, es en ejercicio de esta potestad que la Administración puede imponer sanciones a los administrados por las transgresiones que del ordenamiento jurídico éstos cometan, pero únicamente cuando se cumpla con el debido proceso respetando una serie de principios y garantías constitucionales del Derecho Penal bajo un efecto “mutatis mutandi”, sea con los matices necesarios.

Como parte de estos principios delimitadores, se encuentran la legalidad y tipicidad, entre otros. El principio de legalidad se convierte en la reserva absoluta de ley, que somete la actuación de la Administración dentro del orden jurídico, constituyendo infracciones y sanciones administrativas solamente las previstas como tales en una norma con rango de Ley, ello de conformidad con el numeral 39 de la Constitución Política, que a su vez recoge el principio de tipicidad, expresado a través del aforismo latino "nullum crimen, nulla poena sine lege previa"; que establece que nadie puede ser sancionado por una acción u omisión que no constituya infracción administrativa según la legislación vigente, lo cual significa a contrario sensu que no toda actuación contraria al ordenamiento jurídico puede ser sancionada, sino sólo aquella tipificada por una ley formal como infracción, exigiéndose correlativamente claridad y determinación en la descripción del tipo, además de proporcionalidad entre éste y la sanción que pudiera corresponderle; en sentido estricto la tipicidad versa sobre la descripción legal de una conducta a la que se asociará una sanción administrativa.

 

Como se puede apreciar, los principios expuestos se encuentran íntimamente relacionados, asegurando que las infracciones administrativas y sus respectivas sanciones se encuentren previstas en una ley formal. Al respecto, tal y como se apuntó respecto a los principios que informan el Derecho Administrativo Sancionador, resulta al mismo tiempo aplicable, con los matices ya señalados, la Teoría del Delito establecida para el estudio de los ilícitos penales; según la cual, toda infracción administrativa se ofrece como una acción típica, antijurídica y culpable. Al concebir la infracción administrativa como una acción típica, antijurídica y culpable, se trata de descomponer una conducta para efectos de análisis, con el fin de establecer si efectivamente nos encontramos frente a un ilícito administrativo o ante un hecho que no ha sido valorado negativamente por el Ordenamiento Jurídico al grado de llegar a ser considerado con infracción al mismo. De esta forma, la tipicidad viene a establecer la desaprobación de la acción llevada a cabo, la antijuricidad estará referida a la calificación negativa del resultado de dicha acción, mientras que la culpabilidad señalará al responsable de la acción que se examina.

 

En relación con el principio de culpabilidad, implica que debe demostrarse la relación de culpabilidad entre el hecho cometido y el resultado de la acción para que sea atribuible y reprochable al sujeto, ya sea a título de dolo o culpa, en virtud de que la pena se impone solo al culpable por su propia acción u omisión. 

 

Procede en consecuencia determinar si en el presente asunto los señalados principios se han respetado por parte de la Aduana de Limón al momento de aplicar la sanción contenida en el 238 inciso 8) de la LGA.  El A Quo le imputa al Transportista Aduanero XXXX, haber iniciado el tránsito de las unidades de transporte y sus mercancías amparadas a las declaraciones aduaneras de tránsito (DUA) números XXXX y XXXX todas del 25 de marzo de 2xxx, después de las 72 horas de haberse autorizado el inicio del tránsito aduanero desde el Estacionamiento Transitorio XXXX S.A a los depósitos aduaneros XXXX S.A. el primero y XXXX S.A. los cuatro restantes, de la jurisdicción de la Aduana Central y la Aduana Santamaría, respectivamente, siendo que la Aduana determinó que dichos transportes iniciaron los días 08 de abril de 2xxx a las 14:29 horas (declaración XXXX), el 07 de abril de 2xxx a las 12:20 horas (declaraciones XXXX y XXXX), el 04 de abril de 2xxx a las 11:14 horas (declaración XXXX) y el 04 de abril de 2xxx a las 13:31 horas (declaración XXXX), incumpliéndose el plazo señalado, conforme con  lo dispuesto en el artículo 140 de la LGA, y partiendo de ello se revisará lo concerniente al cumplimiento de los principios de tipicidad y culpabilidad.

 

Primeramente, estima este Tribunal se debe analizar si efectivamente los hechos atribuidos se adecuan a la norma aplicada, esta es el artículo 236 inciso 8 de la LGA que reza:

 

“Artículo 236.—Multa de quinientos pesos centroamericanos. Será sancionada con multa de quinientos pesos centroamericanos, o su equivalente en moneda nacional, la persona física o jurídica, auxiliar o no de la función pública aduanera, que:

(…)

8. En su calidad de transportista aduanero, inicie el tránsito o presente los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas, fuera del plazo establecido para el tránsito aduanero.”

 

Analicemos de seguido su contenido.

 

Descripción de la conducta-verbo activo

 

De la trascripción de la norma la conducta-verbo, que se sanciona en el numeral en estudio es:

 

Ø    Iniciar el tránsito fuera del plazo establecido

Ø    Presentar los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas, fuera del plazo establecido para el tránsito aduanero.

 

En el caso que nos ocupa, tenemos que el transportista aduanero no inició el tránsito dentro del plazo establecido por el artículo 140 LGA. En ese sentido tenemos por demostrado que  las declaraciones aduaneras de tránsito XXXX y XXXX fueron aceptadas por la Aduana de Limón el día 25 de marzo del 2xxx y que el tránsito aduanero para dichas declaraciones fue autorizado ese mismo día, según se desprende del formulario “Consulta Datos de un Viaje” del Sistema Informático Aduanero Tica (ver folios  94 a 113), mientras que el tránsito de dichas declaraciones se inició los días 08 de abril de 2xxx a las 14:29 horas (declaración XXXX), el 07 de abril de 2xxx a las 12:20 horas (declaraciones XXXX y XXXX), el 04 de abril de 2xxx a las 11:14 horas (declaración XXXX) y el 04 de abril de 2xxx a las 13:31 horas (declaración XXXX), véase reporte del Tica “Detalle de los Movimientos de un Viaje” de folios 94 a 113. Por lo que evidentemente se incumple con lo dispuesto en el artículo 140 de la LGA que dispone al momento de los hechos lo siguiente:

Artículo 140.—Declaración del tránsito y régimen aduanero. Si no se ha solicitado un régimen aduanero procedente, el transportista deberá presentar una declaración para solicitar el tránsito aduanero y su régimen aduanero inmediato, con los requisitos que establezcan los Reglamentos de esta Ley. Aceptada la declaración, el tránsito deberá iniciar dentro del término de las setenta y dos horas naturales siguientes; la aduana señalará el plazo y la ruta para la realización del tránsito y transmitirá a la aduana competente la información que corresponda.

De no iniciarse el tránsito autorizado dentro de los ocho días hábiles contados a partir del arribo de las mercancías, se impondrá una multa de doscientos pesos centroamericanos por cada día natural que transcurra, hasta cumplir el plazo indicado en el inciso a) del artículo 56 de esta Ley, salvo caso fortuito, fuerza mayor o causa imputable a la Administración. El transportista comunicará a las aduanas competentes la salida y llegada de la unidad de transporte y sus cargas al lugar designado.

(Así reformado por el artículo 1° de la Ley No. 8373 de 18 de agosto de 2003)”. (El resaltado no corresponde al texto original)

 

Al observar lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas referido a la “Declaración del tránsito y régimen aduanero”, se tiene por comprobada la obligación específica del transportista aduanero en relación con el inicio del tránsito, al establecerse que “Aceptada la declaración, el tránsito deberá iniciar dentro del término de las setenta y dos horas naturales siguientes”, en consecuencia, está establecido en la normativa aduanera, que el plazo máximo para que el transportista aduanero de inicio al tránsito aduanero es de 72 horas naturales después de haberse autorizado por la Aduana, lo contrario conlleva la violación del régimen jurídico aduanero, que sanciona tal proceder con una multa de quinientos pesos centroamericanos con base en lo dispuesto en el citado numeral 236 inciso 8) de la LGA, transcrito supra.

 

En el caso, existen cinco declaraciones aduaneras de tránsito debidamente aceptadas por la Autoridad Aduanera, que determina el momento en que el transportista debe de iniciar el tránsito, teniendo la obligación como auxiliar de cumplir dentro del plazo señalado por la normativa aduanera, sea iniciarlo antes de las 72 horas, el cual no se cumple, pues en las cinco declaraciones que se estudian, se incumple con el término señalado para salir dentro del plazo.

 

Por otra parte, la justificación que señala el recurrente para no salir dentro del período de tiempo señalado por la normativa aduanera, no es de recibo, ya que él mismo manifiesta que se debió a la situación especial de Semana Santa, aportando como prueba de su dicho, constancia emitida por el Vicepresidente Ejecutivo de CAMALFI, que corre a folio 51, en la que se consigna que el horario de los depósitos aduaneros correspondiente a la Semana Santa del año 2008 fue el establecido por el Ministerio de Hacienda  para esas fechas, siendo que los días que permanecieron cerrados fueron los días Jueves 20 y Viernes 21 de marzo 2008 como consecuencia de estar cerrada las aduanas (hecho probado 6), lo que es contradictorio a lo indicado por el recurrente pues, junto con la prueba que corre a folios 52 y 53 sobre el horario especial establecido por el  Ministerio de Hacienda, se logra comprobar en autos que no existe una justificación para no iniciar el tránsito en tiempo, ya que el horario de la Aduana de Limón para la Semana Mayor del año 2008, fue como se transcribe:

 

Aduana de Limón: Del 17 al 19 de marzo horario de atención de 8:00 a.m. a 6:30 p. m con personal mínimo. Los días jueves 20 y viernes 21 permanecerá cerrado.  Sábado y domingo horario normal”   

 

En atención a los argumentos del recurrente, considera este Tribunal que no le asiste la razón, por cuanto como se puede constatar en expediente, los tránsitos fueron autorizados el día 25 de marzo del año 2008, dos días naturales después de haber finalizado la Semana Santa de ese año, de forma tal que para las cinco declaraciones aduaneras se debió iniciar el tránsito aduanero a más tardar el 28 de marzo de 2008, cuando se cumplían las 72 horas naturales para iniciar el tránsito sin ser sancionado, pero por el contrario, y es un hecho no rebatido por el recurrente, el transportista aduanero XXXX inició el transporte de la mercancías los días 08 de abril de 2xxx a las 14:29 horas (declaración XXXX), el 07 de abril de 2xxxa las 12:20 horas (declaraciones XXXX y XXXX), el 04 de abril de 2xxxa las 11:14 horas (declaración XXXX) y el 04 de abril de 2xxx a las 13:31 horas (declaración XXXX), infringiendo las disposiciones administrativas aduaneras emitidas para tales efectos, sin que exista justificación alguna para la salida tardía de las unidades de transporte; por lo que lleva razón la Aduana en que se ha dado un incumplimiento que genera responsabilidad administrativa para el transportista aduanero.

 

Sujeto activo. 

 

Al revisar la norma tipo, resulta claro que el sujeto que puede cometer la infracción, es decir, la persona física o jurídica sobre la cual recae la sanción, debe necesariamente ostentar la condición especial de ser transportista aduanero, ya que así literalmente lo expresa al indicar: “En su calidad de transportista aduanero…”.  Así las cosas, no existe duda de que XXXX, por su condición de Auxiliar de la Función Pública Aduanera, en la modalidad de transportista aduanero, puede ser autor de dicha infracción, no presentándose en ese sentido ningún problema, toda vez que de esta forma consta en las declaraciones de previa cita.

 

 

Principio de culpabilidad.

 

Resta solamente realizar una valoración subjetiva de la conducta del posible infractor, determinando la existencia del dolo o la culpa en su actuación. En el caso concreto, no existe en autos prueba de una acción dolosa por parte del transportista aduanero, por no iniciar el tránsito dentro del plazo previsto. Y siendo, que dentro de la normativa aduanera no existe disposición alguna en materia sancionatoria acerca del elemento subjetivo en los ilícitos tributarios, debe recurrirse de manera supletoria al Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su artículo 71, mismo que al efecto señala:

 

“Artículo 71.  Elemento subjetivo de los hechos ilícitos tributarios.  Los hechos ilícitos tributarios únicamente son sancionables si son realizados con dolo o culpa, incluso a título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios (El resaltado no es del original)

 

De manera que, como se indicara, existe culpa del transportista aduanero a título de negligencia, por no iniciar el tránsito dentro del plazo previsto en la normativa.

Está demostrado en la presente litis que el transportista aduanero inició el tránsito fuera del plazo de las 72 horas de conformidad con el citado artículo 140 y no demuestra que, se diera en la especie ninguna causa eximente de responsabilidad prevista en la ley, siendo procedente confirmar la sanción impuesta, ya que el argumento respecto de que el retraso ocurrió por el horario especial de Semana Santa, tal y como se verificó líneas atrás, no puede tomarse como una causa eximente de su responsabilidad, pues se tiene demostrado en expediente que los depósitos fiscales, solo cerraron los días 20 y 21 de marzo de 2008, mientras que la autorización para el transporte de las cargas de cita se realizó el 25 de marzo de 2008, cuando ya había pasado la Semana Mayor, por lo que no es una justificante para no iniciar el tránsito en tiempo.

 

Por el contrario, tal omisión se le puede imputar a título de culpa, entendiendo por tal conforme a la doctrina “cuando obrando sin intención y sin la diligencia debida se causa un resultado dañoso, previsible y penado por la ley....” [11], según se puede verificar de conformidad con el análisis jurídico ya realizado así como con los documentos que constan en expediente, toda vez que como se ha dicho, los tránsitos fueron autorizados el día 25 de marzo del año 2008, dos días naturales después de haber finalizado, el domingo 23 de marzo de 2008 la Semana Santa de ese año, de forma tal que para las cinco declaraciones aduaneras se debió iniciar el tránsito aduanero a más tardar el 28 de marzo del 2008 fecha en que se cumplían las 72 horas naturales para iniciar el tránsito.

 

En consecuencia, estima este Tribunal que con base en las consideraciones precedentes, de conformidad con la conducta negligente del Transportista aduanero al demostrarse que presentó los vehículos y sus unidades de transporte ante el depositario aduanero fuera del plazo establecido, es acreedor a la sanción prevista en la normativa aduanera bajo el numeral 236 inciso 8), por lo que lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso y confirmar lo actuado por la Admistración Activa.

 

 

POR TANTO

 

Con fundamento en el artículo 104 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, artículos 198 y 205 a 210 de la Ley General de Aduanas, y demás consideraciones de hecho y de derecho, por mayoría este Tribunal declara sin lugar el recurso y confirma la resolución recurrida. Se da por agotada la vía administrativa. Se remiten los antecedentes a la oficina de origen. Voto salvado del Lic. Reyes Vargas quien declara inadmisible el recurso.

 

Notifíquese al recurrente al lugar señalado, sean sus oficinas en XXXX y a ésta última por el medio disponible.

 

 

 

 

 

Loretta Rodríguez Muñoz

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Barrantes Coto                                                 Alejandra Céspedes Zamora

 

 

 

 

 

 

 

 

Shirley Contreras Briceño                                   Xinia Villalobos Orozco

 

 

 

 

 

 

Dick Rafael Reyes Vargas                                               Franklin Velázquez Díaz

 

Voto reservado del licenciado Reyes Vargas. No comparte el suscrito lo resuelto y por ello salvo mi voto el que sustento en las siguientes consideraciones:

 

Es claro en la legislación que, el Tribunal Aduanero Nacional resulta jerarca impropio respecto del Servicio Nacional de Aduanas única y exclusivamente en materia técnica aduanera, estándole excluida la materia administrativa, estatutaria, y de responsabilidad.

 

Ahora bien, no comparte el suscrito que todo acto que en materia técnica aduanera dicte el Servicio Nacional de Aduanas tenga alzada ante el Tribunal Aduanero Nacional. En efecto en conformidad con el artículo 102 del CAUCA III (principio de taxatividad recursiva) tales actos únicamente tienen los recursos que señale la legislación nacional y la nuestra congruente con ello no estatuye en los artículos 230 a 234 recurso alguno para ante el Tribunal Aduanero.

 

Por lo anterior y dado que en materia de infracciones se ha otorgado competencia al Servicio de Aduanas para sancionar las administrativas y tributarias pero sujetándole a dos procedimientos distintos según la naturaleza de la sanción. Así, dispone el artículo 234 un procedimiento sumario,  para aquellas cuya sanción sea multa; y el ordinario para los hechos sancionables con suspensión.

 

Resulta que es en el procedimiento ordinario en donde se prevé la alzada para ante el Tribunal Aduanero (art. 204) mas no sucede igual en tratándose del procedimiento sumario regulado en el artículo 234. Más aún, el artículo 192 párrafo primero expresamente dispone la inaplicabilidad de la fase recursiva del procedimiento ordinario a  otros de distinta naturaleza.

 

Ahora bien, dado que el presente procedimiento lo es uno sumario y que en razón de los artículos 88, 92 y 93 citados hemos de estarnos al principio de taxatividad recursiva y puesto que el numeral 234 no prevé recurso alguno, debe el presente ser declarado inadmisible. Debe la parte ante la inconformidad de lo resuelto acudir en la misma vía administrativa al procedimiento ordinario con el fin de que en un proceso de pleno o de conocimiento se revise lo actuado, en su defecto entender que al no existir ulterior recurso esta expedita la vía para acudir al órgano jurisdiccional competente.

 

 

 

Dick Rafael Reyes Vargas

 

 

 

 



[1] Ver Sentencias número 117-2010 y 143-2010.

[2] Catalayud Ponce de León, Vicente.  Diccionario de Latín Jurídico, Primera Edición, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, así como en la enciclopedia libre Wikipedia.

[3] Ver Sentencias número 117-2010 y 143-2010.

[4] Ver Sentencias número 117-2010 y 143-2010.

[5] Según lo estipulado en los artículos 11 del CAUCA III y 28 de la LGA,

[6] Ver Sentencia No. 2003-11926 dictada a las 14 horas del 23 de octubre del 2003, sobre el ejercicio privado de funciones públicas por parte del transportista aduanero en su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

 

[7]MONTORO PUERTO (Miguel). La Infracción Administrativa, Características, Manifestaciones y Sanción, Barcelona, Ediciones Nauta, 1965, p.122.

 

[8]GALLEGO ANABITARTE (Alfredo), op. cit. p.24.

[9] ESCOLA, Héctor. Compendio de Derecho Administrativo. Tomo I. Buenos Aires, Argentina: Editorial Desalma. 1984, p. 207

[10] “…potestad de signo auténticamente represivo, que se ejercita a partir de una vulneración o perturbación de reglas preestablecidas" Cano Campos Tomás. Derecho Administrativo Sancionador, Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, Nº 43, enero-abril de 1995, p.339.

 

[11] Cuello Calón. Derecho Penal. Parte General, volumen primero, BOSCH, Casa Editorial, S.A., Barcelona, España, página 457.