DGT-1485-2018

 San José, 29 de octubre de 2018

 

 

Señor

 [...]

Representante Legal

Operadora de Planes de Pensiones

Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A.

Presente

 

 

Notificación al correo electrónico:    [...]  

 

 

 

 

 

Asunto: Respuesta a consulta fundamentada en el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

 

Estimado señor:

 

En atención a su oficio sin número de fecha 25 de septiembre de 2018, recibido en esta Dirección General el 03 de octubre del mismo año, mediante el cual con fundamento en el artículo 102 y 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en adelante CNPT, solicitan  a esta Dirección General que se valide su criterio en cuanto a que la actividad que realizan las Operadoras de Pensiones Complementarias, están excluidas de la obligatoriedad de emitir comprobantes electrónicos, se le indica lo siguiente:

 

De previo se advierte que la presente consulta se entrará a conocer con fundamento en el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Lo anterior por cuanto la misma no se enmarca dentro de los alcances del artículo 102 del mismo Código. Esto por cuanto la petición establecida en el citado artículo corresponde a una reclamación sobre un caso real, fundado en razones de legalidad.  Es decir, no se trata de una solicitud de información ni de una solicitud de un criterio sobre materia sustantiva tributaria, sino de “reclamaciones” basadas en razones de legalidad.  

 

En este sentido, el objeto de la petición tal y como está concebida en nuestro ordenamiento jurídico comprende, en primer lugar, aquellas situaciones en donde el obligado tributario desea plasmar su oposición, inconformidad o disgusto por un asunto concreto que se ha resuelto, según su criterio, en forma injusta o insatisfactoria; como, por ejemplo, cuando considera que tiene derecho a algo y la Administración le deniega ese derecho; y, en segundo lugar, aquellas solicitudes de un derecho a su favor que no tengan un procedimiento especial en materia tributaria y que nuestra legislación lo autoriza a que realice tal solicitud fundamentada en el artículo 102 de cita. También se consideran peticiones las solicitudes que interpongan los contribuyentes para que se les establezca un sistema especial de cálculo de su renta neta presuntiva, de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el que será autorizado por la Administración Tributaria competente.

Conforme a lo anterior, y para el caso que nos ocupa, debe quedar claro que por tratarse de reclamaciones sobre un caso real basadas en razones de legalidad, la petición no puede estar orientada a la interpretación de una norma para efectos de su aplicación a un caso concreto, ya que eso obedece a otro instituto, como lo es la  consulta tributaria amparada en el artículo 119 del CNPT.  Así las cosas, se tiene que el cuadro fáctico expuesto por su representada, no se ajusta al presupuesto de la petición o reclamo tributarios, sino que, por el contrario, se trata de una consulta sobre la obligatoriedad de emitir comprobantes electrónicos, específicamente para la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A.

 

 

I.- Antecedentes:

 

1.    Señala que la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, es una organización que representa a las operadoras de pensiones afiliadas, con el afán de defender y fortalecer el Sistema de Pensiones Complementario de Costa Rica. Sus afiliados, son supervisados y fiscalizados por la Superintendencia General de Pensiones -SUPEN-.

 

2.    Indica que sus representadas son entidades financieras que se encuentran asociadas a la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, en adelante ACOP.

 

3.    Que de conformidad con el numeral 2, 30 y 31 de la Ley de Protección al Trabajador, las Operadoras de Pensiones son sociedades de objeto único, creadas exclusivamente para administrar fondos de capitalización laboral y pensiones correspondientes al Régimen Complementario de Pensiones, por los que devengan una comisión.

 

4.    La actividad a la cual se dedican las operadoras de pensiones es estrictamente vigilada por la Superintendencia de Pensiones, órgano supervisor al cual deben presentarles reportes periódicos de todas las transacciones de las operadoras y sus ingresos, que por ley únicamente pueden consistir en comisiones rebajadas de los Fondos de Pensiones Administrados, conforme lo ordena el artículo 49 de la Ley de Protección al Trabajador y artículo 37 del Reglamento sobre la Apertura y Funcionamiento de Entidades Autorizadas. Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 5, del acta de la sesión 216-2001, celebrada el 19 de marzo del 2001. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 78, Alcance N° 30 del 24 de abril de 2001.

 

5.    Que el artículo 4 de la Resolución DGT-R-012-2018 –ahora modificada- sobre la “Obligatoriedad General para el Uso de los Comprobantes Electrónicos”, se enlistaban los sujetos o entidades que, por disposición normativa, resultaban exceptuados de la obligación de comprobantes electrónicos, es decir: las “Entidades Financieras.”

 

6.    Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 64, inciso b) sub-inciso i) y ix), ambos del Acuerdo SUGEF 8-08, señala que las operadoras representadas se dedican a la actividad financiera, específicamente a la administración de fondos de pensiones, señalando:

Artículo 2

(…) Este Reglamento es aplicable a las entidades financieras y conglomerados financieros supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y a los grupos financieros supervisados por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y la SUGEF, Asimismo, es de aplicación para las solicitudes para realizar actividades de intermediación financiera en Costa Rica, para la constitución de grupos financieros costarricenses y para la detección y regularización de grupos financieros de hecho, así como para la autorización de organizaciones cooperativas.

 

Artículo 64. Actividad Financiera

Para los efectos de lo dispuesto en este Reglamento, la actividad financiera comprende entre otras actividades las siguientes:

b) Servicios bancarios Bursátiles, de administración de fondos y demás servicios financieros (excluidos los seguros):

i. Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público.

ix. Administración de activos por gestión, administración de fondos en efectivo o de carteras de valores, gestión de inversiones colectivas en todas sus formas, administración de fondos de pensiones, servicios de depósito y custodia, y servicios fiduciarios.

 

 

7.    Señala que de conformidad con lo establecido en la Ley Régimen Privado de Pensiones Complementarias N°7523 del 7 de julio de 1995; y según artículo 61 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores N°7732 del 17 de diciembre de 1997 y sus reformas, a sus representadas no solo les aplica la normativa que emita la SUPEN sino que además debe seguir los lineamientos y reglamentaciones que emita la Superintendencia de Entidades Financieras –SUGEF- en la materia que le es aplicable:

      

   Artículo 61. Ley Reguladora del Mercado de Valores

   (…) No obstante, cuando sean similares a los fondos de inversión regulados en esta ley o a los                fondos de    pensiones o de capitalización, regulados en la Ley No. 7523, de 7 de julio de 1995, dichos fondos estarán            sujetos a normas de regularización y supervisión equivalentes a las de los fondos de inversión, pensiones o             capitalización, según corresponda, y bajo la supervisión de la Superintendencia General de Entidades             Financieras, todo de conformidad con el reglamento que emita para tal efecto el Consejo Nacional de   Supervisión del Sistema Financiero.

 

8.    Indica que en concordancia con los fundamentos esbozados en los hechos 5 y 6 supra desarrollados, se llegó a la conclusión razonable de que las entidades representadas realizan actividad financiera estrictamente regulada, razón por la cual son consideradas dentro de la excepción establecida en el artículo 4 de la Resolución DGT-R-012-2018.

 

9.    Así mismo, señala que en La Gaceta número 153 del 23 de agosto de 2018, se publicó la resolución DGT-R-039-2018, emitida a las 08:05 horas del 16 de agosto de 2018 por esta Dirección General, mediante la cual se MODIFICA el artículo 4 de la Resolución DGT-012-2018 de esa misma Dirección, la cual regula la obligación del uso de comprobantes electrónicos.

 

10.  A partir de la publicación de la resolución DGT-R-039-2018, se dispone que la excepción sobre entidades financieras incluida en el texto anterior se modificará para que se lea de la siguiente forma:

 

“Artículo 1°-Se modifica el artículo 4 de la resolución DGT-R-012-2018 de las ocho horas del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, publicada en el Alcance Digital N° 60 a La Gaceta N° 52 del veinte de marzo de dos mil dieciocho, para que en lugar de “Entidades financieras” se lea: “Entidades financieras que realicen actividades de intermediación financiera y que sean supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).” –el destacado es nuestro-.

 

11.  Finalmente indica que, la Dirección General de Tributación dispone dentro de la Resolución publicada el pasado 23 de agosto una prórroga para el inicio de uso de comprobantes electrónicos destinada a los contribuyentes que se dedican exclusivamente a la actividad agropecuaria o pesquera: así como para el expendio de combustible de manera posterior.

 

II.- Consulta

 

“Que con sustento en lo dispuesto en el artículo 119 del CNPT: Se valide el criterio que se justifica dentro del presente documento, el cual consiste en que de acuerdo con la actividad que realizan las Operadoras de Pensiones Complementarias, por mandato de la Ley N°7983, resulta procedente excluirlas de la obligatoriedad para emitir comprobantes electrónicos.”

 

 

III.- Criterio de la Consultante

 

Manifiesta que sobre la base de los hechos expuestos y considerando los elementos que toma en cuenta la Dirección General de Tributación para exceptuar a las entidades financieras de la obligación de emitir comprobantes electrónicos, llegan a la conclusión que las Operadoras de Pensiones también cumplen con las características tomadas en cuenta por la DGT a la hora de establecer la excepción mencionada, a saber:

 

1)       Se trata de entidades financieras y

 

2)       Su actividad se encuentra estrictamente supervisada por órgano adscrito al CONASSIF, Superintendencia General de Pensiones, manteniéndose la obligación por parte de las Operadoras de reportar todas sus transacciones e ingresos.

 

Indica que como puede apreciarse, la fiscalización o vigilancia que pretende instaurarse mediante esta modalidad de emisión de comprobantes autorizados en formato electrónico ya se cumple plenamente  con la fiscalización gubernamental que rige sobre nuestra actividad y, por ende, solicitan que se concluya que las operadoras de Pensiones se encuentran exceptuados de esta obligación.

 

En apoyo de tal postura, se  refieren al marco legal que regula la actividad de las Operadoras de Pensiones:

 

El artículo segundo de la Ley de Protección al Trabajador define las operadoras de pensiones como:

 

i) Operadoras de pensiones. Entidades encargadas de administrar los aportes, constituir y administrar fondos de capitalización laboral y fondos de pensiones correspondientes al Régimen Complementario de Pensiones y los beneficios correspondientes, conforme a las normas de esta Ley. Denominadas en adelante operadoras.

 

La legislación de cita delimita claramente el giro o actividad de las Operadoras de Pensiones las cuales quedan sujetas a un régimen legal especial.

 

Además, la Ley de Protección al Trabajador dispone lo siguiente:

 

   ARTÍCULO 30.- Exclusividad y naturaleza jurídica. Los fondos de pensiones, los planes        respectivos y los fondos de capitalización laboral, serán administrados exclusivamente por       operadoras. Estas son personas jurídicas de Derecho Privado o de capital público constituidas        para el   efecto como sociedades anónimas, que estarán sujetas a los requisitos, las normas y los controles         previstos en la presente ley y sus reglamentos. La superintendencia deberá autorizar el    funcionamiento de             las operadoras y dispondrá los requisitos adicionales que deberán cumplir estas entidades, con el    propósito de proteger los ahorros de los trabajadores y la eficiencia del sistema.

 

   (…)

 

   Cuando, a juicio de la Superintendencia existan indicios fundados de la realización de las actividades   reguladas por esta ley sin la debida autorización, la Superintendencia tendrá, respecto de los presuntos             infractores, las mismas facultades de inspección, imposición de medidas precautorias y sanciones, que le corresponde de acuerdo con esta ley en relación con las entidades fiscalizadas por ella.

 

La ley también regula de manera precisa en qué consiste el ingreso que puede generar una Operadora de Pensiones, como de seguido se cita:

 

“ARTÍCULO 49.- Comisiones por administración de los fondos. Para el cobro de las comisiones, las operadoras y las organizaciones sociales autorizadas deberán sujetarse a lo siguiente:

a) Por la administración de cada fondo se cobrará una comisión, cuyo porcentaje será el mismo para todos sus afiliados. No obstante, lo anterior, podrán cobrarse comisiones uniformes más bajas, para estimular la permanencia de los afiliados en la operadora e incentivar el ahorro voluntario.

b) La base de cálculo de las comisiones será establecida por la Superintendencia y deberá ser uniforme para todas las operadoras.

c) Las operadoras podrán cobrar comisiones extraordinarias por su intermediación en la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte.

d) La forma de cálculo, el monto y las demás condiciones de las comisiones, deberán divulgarse ampliamente a los afiliados, los cotizantes y el público en general, conforme a las normas reglamentarias que la Superintendencia dicte.

e) La estructura de comisiones de cada operadora u organización social deberá ser aprobada por la Superintendencia, para el efecto de velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

La comisión que cobre la operadora de la CCSS no podrá ser superior a los costos operativos anuales más un porcentaje de capitalización necesario para el crecimiento de la comisión.

El cincuenta por ciento (50%) de las utilidades netas de las operadoras, constituidas como sociedades anónimas de capital público, se capitalizará a favor de sus afiliados en las cuentas individuales de su respectivo fondo obligatorio de pensiones complementarias, en proporción con el monto total acumulado en cada una de ellas.”

A la luz de lo anterior, señalan en que incluso el concepto y cálculo del ingreso que puede obtener una Operadora de Pensiones (comisión por administración de fondos de pensiones) está estrictamente regulado en la ley.

 

En ese sentido, agrega que el numeral 2, inciso b) de la Ley de Protección al Trabajador define los fondos de pensiones complementarias como aquellos “constituidos con las contribuciones de los afiliados y los cotizantes de los diversos planes de pensiones y con los rendimientos o los productos de las inversiones, una vez deducidas de comisiones –el destacado es nuestro-.

 

Expone que toda esta regulación estricta y detallada, con respecto a la actividad (objeto único) e ingreso (únicamente consiste en comisiones que son rebajadas al Fondo de Pensiones administrado), genera la conclusión de que el objetivo de control y supervisión que busca instaurar el sistema de facturación electrónica, ya se genera y sobrepasa con el régimen legal y de supervisión existente para las Operadoras de Pensiones y por ello debe concluirse éstas se encuentran consideradas dentro del artículo 4 de la Resolución DGT-012-2018, como sujetos exceptuados de la obligación de emitir comprobantes electrónicos.

 

Con base a los hechos y fundamentos legas expuestos, solicitan respetuosamente a la Dirección General de Tributación confirmar su interpretación jurídica del criterio planteado.

 

 

IV.-Criterio de esta Dirección General:

 

Una vez examinados los hechos indicados en el escrito de consulta y después de efectuado un análisis de los argumentos que expone el consultante, esta Dirección General le indica lo siguiente:

Las resoluciones Nos. DGT-R-48-2016, DGT-R-51-2016 y DGT-R-012-2018, del 7, 10 de octubre de 2016 y 19 de febrero de 2018, respectivamente, norman el uso de la factura electrónica, tiquete electrónico, nota de crédito electrónica y nota de débito electrónica y fijan las fechas en que los obligados tributarios deben emitirlos.

 

Sobre el particular, se le indica que sobre el tema de la facturación electrónica, es menester señalar que el artículo 2 de la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal N° 9416, del 20 de diciembre 2016, crea el sustento legal del aludido tema; al respecto, dicha norma establece:

 

Todos los obligados tributarios deberán contar con los medios electrónicos para registrar sus transacciones y emitir comprobantes de  conformidad con los requisitos y el desarrollo que se establezca reglamentariamente. Estos medios electrónicos incluyen, entre otros, la factura electrónica como un instrumento idóneo y necesario para la emisión de comprobantes de sus transacciones de compra y venta, registros contables y otros medios requeridos para el control tributario.”

 

Por otra parte, mediante la resolución N°DGT-R-048-2016 del 7 de octubre de 2016, denominada “Comprobantes Electrónicos”, se establecen las especificaciones técnicas y normativas, para los sujetos de derecho que se constituyen obligados tributarios ante la Administración Tributaria.

 

De igual manera, según lo establecido en el artículo 1° de la resolución N° DGT-R-012-2018 de fecha 19 de febrero de 2018, la cual derogó la resolución DGT-R-051-2016 del 10 de octubre de 2016, se establece la obligatoriedad para la implementación y uso de un sistema de facturación electrónica. El artículo 2 de la resolución citada, define quiénes se constituyen en obligados tributarios; la citada norma en lo que interesa indica:

 

“Artículo 2º- Obligados Tributarios para el uso de un sistema de Comprobantes Electrónicos:

 

Los Obligados Tributarios son las personas físicas, jurídicas o entes colectivos sin personalidad jurídica instrumental a quienes una norma de carácter tributario impone la obligación del cumplimiento de una determinada prestación u obligación, que puede ser de carácter pecuniario o no pecuniario; ya sea, entre otros, en su condición de declarantes, contribuyentes, responsables, agentes de retención o percepción, sucesores de la deuda tributaria u obligados a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración Tributaria. (…)”

 

Por su parte, tal y como usted lo menciona, el artículo 4 de esta misma Resolución, dispone las excepciones en la aplicación de la obligación de implementación en el uso de un sistema de facturación electrónica.

 

Dicho artículo en lo que interesa, señala lo siguiente:

 

Artículo 4º—Excepciones. Están exentos de emitir comprobantes electrónicos por sus características especiales, los contribuyentes acogidos al “Régimen de Tributación Simplificada” según lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, así como las siguientes entidades:

 

(…)

 

Entidades financieras

 

(…)

 

Las expresadas entidades deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la recepción de los comprobantes electrónicos, a partir de la vigencia de esta resolución.”

 

Sin embargo, en ampliación de dicho punto en particular, mediante la Resolución DGT-R-039-2018 del 16 de agosto del 2018, se modifica el citado artículo 4 de la resolución DGT-R-012-2018, enunciando lo siguiente: 

 

 

“Artículo 1º—Se modifica el artículo 4 de la resolución DGT-R-012-2018 de las ocho horas del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, publicada en el Alcance Digital N° 60 a La Gaceta N° 52 del veinte de marzo de dos mil dieciocho, para que en lugar de “Entidades financieras” se lea: “Entidades financieras que realicen actividades de intermediación financiera y que sean supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).” (El destacado es nuestro).

 

De conformidad con los artículos 4 y 1 de las citadas resoluciones, debe entenderse que se exime de la emisión de comprobantes electrónicos a las entidades financieras, las cuales de acuerdo con nuestro ordenamiento, son aquellas entidades financieras que llevan a cabo intermediación financiera y que sean supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (en adelante SUGEF), ya que gozan de un control incluso mayor que el que pudiera brindar la Administración Tributaria, a causa del interés público que tiene y su masividad.

 

Es decir, para poder ser sujetos de las excepcionalidades mencionadas, los contribuyentes deben cumplir específicamente dos requisitos; a saber:

 

1)       Ser una entidad financiera supervisada por la SUGEF y,

2)       Realizar actividades de intermediación financiera dentro del Sistema Financiero Costarricense.

 

Con respecto a las Operadoras de Pensiones, la Ley N° 7983 del 16 de febrero de 2000, “Ley de Protección al Trabajador”, en su artículo 30 señala lo siguiente:

 

“ARTÍCULO 30.- Exclusividad y naturaleza jurídica. Los fondos de pensiones, los planes respectivos y los fondos de capitalización laboral, serán administrados exclusivamente por operadoras. Estas son personas jurídicas de Derecho Privado o de capital público constituidas para el efecto como sociedades anónimas, que estarán sujetas a los requisitos, las normas y los controles previstos en la presente ley y sus reglamentos. La Superintendencia deberá autorizar el funcionamiento de las operadoras y dispondrá los requisitos adicionales que deberán cumplir estas entidades, con el propósito de proteger los ahorros de los trabajadores y la eficiencia del sistema.

Autorízase a las siguientes organizaciones sociales para que administren los fondos de capitalización laboral: las cooperativas, de conformidad con la Ley No. 7849, de 20 de noviembre de 1998 y sus reformas y las operadoras de fondos de capitalización laboral establecidas en el artículo 74 de la presente ley y las creadas por los sindicatos. En ambos casos, estas (sic) deberán ser autorizadas y registradas ante la Superintendencia de Pensiones, conforme a esta ley. Asimismo, las asociaciones solidaristas definidas en la Ley de Asociaciones Solidaristas, No. 6970, de 7 de noviembre de 1984, quedan facultadas de pleno derecho, para administrar los fondos de capitalización laboral, conforme a la presente ley.”

En cuanto a la supervisión, como bien lo señala el artículo anterior, la misma recae sobre la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

 

Para mayor abundamiento, el Acuerdo SUGEF 8-08 llamado “REGLAMENTO SOBRE AUTORIZACIONES DE ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SUGEF, Y SOBRE AUTORIZACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS Y CONGLOMERADOS FINANCIEROS” señaló en sus artículos 2 y 64 lo siguiente

 

 

“Artículo 2

(…) Este Reglamento es aplicable a las entidades financieras y conglomerados financieros supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y a los grupos financieros supervisados por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y la SUGEF, Asimismo, es de aplicación para las solicitudes para realizar actividades de intermediación financiera en Costa Rica, para la constitución de grupos financieros costarricenses y para la detección y regularización de grupos financieros de hecho, así como para la autorización de organizaciones cooperativas.

 

Artículo 64. Actividad Financiera

Para los efectos de lo dispuesto en este Reglamento, la actividad financiera comprende entre otras actividades las siguientes:

b) Servicios bancarios Bursátiles, de administración de fondos y demás servicios financieros (excluidos los seguros):

i. Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público.

ix. Administración de activos por gestión, administración de fondos en efectivo o de carteras de valores, gestión de inversiones colectivas en todas sus formas, administración de fondos de pensiones, servicios de depósito y custodia, y servicios fiduciarios.”

 

 

De lo anterior, se puede concluir que, efectivamente las operadoras de pensiones son personas jurídicas de Derecho Privado o de capital público constituidas para el efecto como sociedades anónimas, que sus funciones se enmarcan dentro de una actividad financiera como bien lo señala el artículo 64 de marras.

 

Aunado con lo señalado, la operadoras de pensiones jerárquicamente son supervisadas por dos entidades; a saber el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el cual fue creado mediante artículo 169 de la Ley No. 7732, del 17 de diciembre de 1997, Ley Reguladora del Mercado de Valores. Dicho consejo es un órgano colegiado de dirección superior, cuyo fin sería el dotar de  uniformidad e integración a las actividades de regulación y supervisión del Sistema Financiero Costarricense. También, el superior jerárquico inmediato en cuanto a la supervisión de sus funciones corresponde a la SUPEN.

 

De lo anterior se desprende que, atendiendo la consulta planteada en el escrito y de forma concreta para la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular, efectivamente sus actividades se clasifican como una entidad financiera, la cual jerárquicamente es supervisada por la SUPEN y en mayor grado por el CONASSIF.

 

Por lo anterior, en relación con los requisitos señalados para ser sujeto de la no emisión de comprobantes electrónicos, las operadoras de pensiones no son supervisadas directamente por la SUGEF, sino por la SUPEN y el CONASSIF.

 

En relación con el requisito, para poder ser excluido de la emisión de comprobantes electrónicos, según la situación fáctica previamente descrita debe tener como función principal actividades de intermediación financiera. Para lo anterior el ordinal 116 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, BCCR, señala que solo pueden realizar aquellas entidades financieras que sean autorizadas por ley y con el cumplimiento de los requisitos que estipule la SUGEF. Sobre el particular, el artículo mencionado dice:

 

“Artículo 116.- Intermediación financiera: Únicamente pueden realizar intermediación financiera en el país las entidades públicas o privadas, expresamente autorizadas por ley para ello, previo cumplimiento de los requisitos que la respectiva ley establezca y previa autorización de la Superintendencia. La autorización de la Superintendencia deberá ser otorgada cuando se cumpla con los requisitos legales. Para efectos de esta ley, se entiende por intermediación financiera la captación de recursos financieros del público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la figura contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en el que se formalicen las transacciones.

 

Como resultado de lo supra citado, sólo pueden efectuar intermediación financiera aquellas entidades que, amén de estar expresamente autorizadas por ley, también cumplan los requisitos que determine la SUGEF.  Esta restricción es esencial, ya que la actividad de intermediación financiera es de interés público.

 

Al respecto, la jurisprudencia nacional ha confirmado la importancia de la actividad de intermediación financiera y la pertinencia de su regulación por parte del Estado. En este sentido, la sentencia N° 02507 de las 14 horas 25 minutos del 30 de junio de 2010, dictada por la Sección VI del Tribunal Contencioso Administrativo, refiere:

 

“La actividad de intermediación financiera, pese a ser una actividad privada, de pasible explotación particular, dada la incidencia y efectos que puede ocasionar en la economía nacional y en la esfera jurídica patrimonial de las personas, trata de un área del quehacer comercial que debe estar sujeta a regulación intensa, a efectos de establecer la sanidad del sistema en su generalidad e integridad. Consiste por ende, en una actividad privada, de marcada relevancia pública o de interés público. Ello permite, como tesis de base, la regulación mediante normas legales y reglamentarias, que fijan requisitos previos para obtener la autorización para realizar ese tipo de negocios, así como la creación de autoridades públicas especializadas, con fundamento en criterios de experticia técnica, empoderados para ejercitar las potestades de fiscalización a fin de cotejar el desempeño de los agentes económicos de oferta financiera, en apego a los postulados que integran el régimen jurídico al que se encuentran expuestos. El sustento de esa potestad verificadora, dimana de las competencias y fines legalmente asignados para el cumplimiento del fin público concretado en el resguardo del correcto funcionamiento de los sujetos fiscalizados, para lo cual resulta impostergable el poder de ordenación y control de una actividad de trascendencia pública, en tutela y resguardo de los derechos de los ahorrantes y la solvencia del sistema. Para ello, se imponen conductas a las entidades reguladas o supervisadas, que son aquellas con quienes guarda un régimen jurídico particular y especial, próximo a una relación especial de sujeción en virtud del ligamen de fiscalización que se origina en el acto autorizatorio para el ejercicio de la actividad comercial, por imperativo de ley y el marco de control que se confiere a la autoridad administrativa. Tal relevancia de esta actividad de intermediación financiera se observa en el numeral 115 de la Ley Orgánica del Banco Central, Ley No. 7558, en cuanto señala: ´Es de interés público la fiscalización de las entidades financieras del país, para lo cual se crea la Superintendencia General de Entidades Financieras, también denominada en esta ley la Superintendencia, como órgano de desconcentración máxima del Banco Central de Costa Rica. La Superintendencia regirá sus actividades por lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y las demás leyes aplicables. ´En dicha norma, no solo se dispone la marcada relevancia de la intermediación financiera, sino de la fiscalización de las entidades autorizadas, para lo cual, se crea la autoridad administrativa competente para tales efectos. El ámbito de cobertura subjetivo de ese poder de fiscalización se encuentra detallado en el canon 117 ibidem, sometiendo a ese control a los bancos públicos y privados, las empresas financieras no bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas. Además, toda otra entidad autorizada por ley para realizar intermediación financiera. En este punto, debe tenerse claridad en cuanto al concepto de intermediación financiera, concepto que la ley aludida, en el precepto 116 define como: ‘... la captación de recursos financieros del público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la figura contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en el que se formalicen las transacciones.’ La misma norma excluye de ese término la captación de recursos para capital de trabajo o para el financiamiento de proyectos de inversión de carácter no financiero de la propia empresa emisora o sus subsidiarias, siempre que las emisiones se encuentren registradas ante la Comisión Nacional de Valores. Ahora bien, ese mismo mandato de previa cita señala que la intermediación financiera solo puede ser realizada por los sujetos públicos o privados que hayan sido previamente autorizados expresamente por la SUGEF, previo cumplimiento de los requisitos que la respectiva ley. Ello pone de manifiesto una vez más la relevancia de la actividad, la que, no se encuentra dentro de un marco de liberalidad prestacional, sino que por el interés público que supone, aún de ser actividad privada, el ordenamiento impone la figura de la autorización administrativa (a modo de mecanismos para la remoción de un obstáculo legal para el ejercicio de una conducta, en principio, propia o no vedada), para establecer el cumplimiento de las exigencias legales para esa actividad, lo que permite además, un filtro preventivo de control mediante la verificación de exigencias, pero además, el establecimiento de registros de sujetos autorizados, lo que simplifica, el proceso de fiscalización.” (El subrayado es nuestro)

 

De todo lo anterior, como se indicó en líneas anteriores y la jurisprudencia mencionada, la consultante es una entidad financiera, supervisada por la SUPEN. No obstante, se concluye que la misma no es una entidad que realice intermediación financiera, tal y como su definición lo establece, la cual consiste en captar recursos de agentes superavitarios para destinarlos por cuenta y riesgo a agentes deficitarios.

 

Por lo que, no lleva razón la consultante al estimar que a su representada le cubren las excepciones dispuestas en el artículo 4 de la resolución  N°DGT-R-012-2018, para las entidades financieras,  por el solo hecho de ser una entidad financiera; ya que como se analizó anteriormente, no basta sólo ese requisito, sino que además, debe estar supervisada por la SUGEF y desarrollar intermediación financiera en el mercado financiero de forma habitual.

 

En virtud de todo lo expuesto, está claro que la Operadora de Pensiones Complementaria del Banco Popular, no se le debe exceptuar de la emisión de comprobantes electrónicos, según lo disponen las resoluciones citadas;  por consiguiente se encuentran obligadas a emitir comprobantes electrónicos.

 

Cordialmente,

 

 

 

 

Carlos Vargas Durán

Director General de Tributación

 

 

 

M.Benavides/C.Rees

 

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