DGT-1332-2018

San José, 09 de octubre de 2018

 

Señor                                                                          

 [...]

Presidente

 [...] S.A

Notificaciones:

correo electrónico:  [...] .com

 

 

 

 

Asunto: Respuesta a consulta fundamentada en el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios

 

Estimado señor:

 

En atención a su escrito de consulta, del 24 de setiembre de 2018, recibido en esta Dirección General el 27 de mismo mes y año en curso, mediante el cual consulta sobre si su representada y los puestos de bolsa de comercio que tiene adscritos se encuentra exceptuados de facturar electrónicamente, se le indica lo siguiente:

 

I.- Antecedentes:

 

Indica que, según se establece en el artículo 399 del Código de Comercio, Ley N°3284 del 24 de abril de 1964, en Costa Rica se puede constituir una Bolsa de Comercio, como sociedad anónima abierta.

 

Que para inscribir a su representada se cumplió con varios requisitos, entre ellos:

1. Que según lo establecido en el artículo 399 citado, el Ministro de Hacienda de la época, el señor Porfirio Morera Batres, aprobó el proyecto de escritura pública hoy denominada  [...] S.A,

2. Que desde el 21 de mayo de 1986, la referida sociedad se encuentra debidamente inscrita y vigente al día de hoy,

3. Que en cumplimiento del inciso a) del artículo 400 del Código de Comercio, los fundadores suscribieron únicamente el 40% del capital autorizado, que el 60% restante fue puesto a disposición del Ministerio de Hacienda el 21 de agosto de 1992, para que colocara dichas acciones entre el público,

4. Que el 5 de diciembre de 1995 la Bolsa solicitó al Ministerio de Hacienda, la autorización para vender en forma directa las acciones que estaban a disposición de ese ministerio. El señor Fernando Herrera Acosta, Ministro de la época, concedió dicha autorización con el oficio N° DM-311-96, sin imponer ningún tipo de objeción o plazo a esta,

5. Que en cumplimiento del inciso b) del artículo 400 del Código de Comercio, el 22 de junio de 1992 se presentó ante el Ministerio de Hacienda la garantía correspondiente,

6. Que en cumplimiento de los incisos c) y d) del artículo 400 del Código de Comercio, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, convino el aprobar el “Reglamento General de la Bolsa de Comercio”, aprobado por la Junta Directiva de la Bolsa de Comercio, en su sesión N° 5, artículo N° 1 celebrada el 27 de enero de 1992, bajo la inteligencia de que dicha Bolsa, queda sometida a la vigilancia permanente del Banco Central de Costa Rica.

 

 

II.- Consulta concreta:

 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución N° DGT-R-012-2018, pregunta si es correcto concluir que su representada y los puestos de Bolsa de Comercio adscritos a ella, se encuentran exceptuados de facturar electrónicamente, por estar vigilada por un ente gubernamental?

 

III.- Criterio del consultante:

 

El consultante transcribe el artículo 4 de la resolución N° DGT-R-012-2018 del 19 de febrero de 2018, y señala que [...] S.A, no es regulada por ninguna Intendencia General, añade que el 30 de marzo de 2012, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Superintendencia General de Valores y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el recurso fue declarado con lugar, restituyendo a  [...] S.A, en el pleno goce de sus derecho fundamentales, desde la citada fecha a su representada la supervisa directamente el Banco Central de Costa Rica, así como a otros puestos de Bolsa adscritos a  [...] S.A, transcribe extracto de la resolución N° 2012004155 del 30 de marzo de 2012, emitida por la Sala Constitucional.

 

IV.- Criterio de esta Dirección General:

 

En primer orden se le indica que los puestos de bolsa son entidades autorizadas por la bolsa de valores para realizar actividades de intermediación bursátil, dicha actividad se encuentra regulada en la Ley Reguladora del Mercado de Valores, N° 7732 del 8 de diciembre de 1997 y sus reformas, en lo conducente, los artículos 1, 3, 4 y 110 señalan en lo que interesa lo siguiente:

 

“Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto regular los mercados de valores, las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en ellos, los actos o contratos relacionados con tales mercados y los valores negociados en ellos”.

 

“Artículo 3. Creación y Funciones. (…) La Superintendencia regulará, supervisará y fiscalizará los mercados de valores, la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en ellos y los actos o contratos relacionados con ellos,  según lo dispuesto en esta ley”.

 

“Artículo 4. Consulta a la Superintendencia. El Poder Ejecutivo, los órganos de la administración central y descentralizada, así como los entes públicos deberán consultar a la Superintendencia General de Valores, antes de dictar actos de alcance general relativos a los mercados de valores. Asimismo, la Superintendencia deberá pronunciarse sobre las políticas dictadas por otras instituciones, que afecten estos mercados y coordinarlas con el Poder Ejecutivo.  También podrá plantear, al Poder Ejecutivo y los entes públicos descentralizados, las propuestas referentes a dichos mercados, que considere necesarias (…)”.

 

 “Artículo 110. Información a la Superintendencia. Los directores, representantes, agentes, empleados y asesores de las bolsas, de los puestos de bolsa, de las sociedades administradoras de fondos de inversión y los de otras figuras que surjan en el mercado de valores, así como los agentes de bolsa, deberán informar a la Superintendencia, conforme al reglamento que ella dicte, de sus vinculaciones, económicas o de cualquier otra índole, que los puedan exponer a situaciones de conflicto de intereses.”

 

De las normas transcritas se desprende que la intermediación bursátil se encuentra debidamente regulada y la puede realizar aquellas entidades que, amén de estar expresamente autorizadas por ley, también cumplan los requisitos que determine la Superintendencia General de Valores (en adelante SUGEVAL), además de que se encuentran fiscalizadas por dicho ente y por las potestades de control monetario del Banco Central.

 

Cabe agregar que, La Bolsa Nacional de Valores define el sistema bursátil como aquel sistema que permite la negociación de diferentes valores, contribuyendo con el establecimiento de los precios de mercado de un determinado instrumento y el costo de la intermediación. En ese sentido, el sistema bursátil está constituido por un conjunto de oferentes y demandantes, los cuales interactúan en un mercado establecido, facilitando el establecimiento de los precios de los distintos valores.

 

Esta Dirección General en relación al tema de los valores, mediante el oficio No. DGT-453-2009 del 4 de agosto de 2009, ha señalado.


“(…) en un mercado financiero de valores, la transmisión del derecho de crédito se da en el contexto de la llamada “oferta pública de valores”, definida en el artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que como se indicó, define también el concepto de valor: “Para efectos de esta ley, se entenderá por oferta pública de valores todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga emitir, colocar, negociar o comerciar valores y se transmita por cualquier medio al público o a grupos determinados. Asimismo, se entenderá por valores los títulos valores y cualquier otro derecho de contenido económico o patrimonial, incorporado o no en un documento, que por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión puedan ser objeto de negociación en un mercado financiero o bursátil. (…)”.  

 

Ahora bien, en cuanto a los puestos de bolsa es importante traer a colación lo establecido en el artículo 53 de la citada Ley Reguladora de Mercado de Valores, el cual establece:

 

“Los puestos de bolsa serán personas jurídicas, autorizadas por las bolsas de valores correspondientes y de conformidad con los requisitos establecidos en esta ley, para formar parte de ellas y, además, para realizar las actividades autorizadas en esta ley...”

 

Por otra parte, las funciones que realizan los puestos de bolsa se encuentra regulados en el artículo 56 de la misma ley supra citada, a respecto dicha norma señala:

 

“Artículo 56. Los puestos de bolsa podrán realizar las siguientes actividades:

a) Comprar y vender, por cuenta de sus clientes valores en la bolsa.

b) Comprar y vender, por cuenta propia, valores en la bolsa, cuando cumplan con los niveles mínimos de capital adicional y otros requisitos establecidos.

c) Obtener créditos y otorgar a los clientes créditos, siempre que estén directamente relacionados con operaciones de compra y venta de valores, incluida la prefinanciación de emisiones.

d) Asesorar a los clientes en materia de inversiones y operaciones bursátiles.

e) Prestar servicios de administración individual de carteras, según el reglamento emitido por la Superintendencia.

 f) Realizar las demás actividades que autorice la Superintendencia, mediante reglamento”.

 

Como se puede observar, la función de los puestos de bolsa consiste en facilitar al inversionista la adquisición de valores en el mercado primario y la venta o adquisición de valores en el mercado secundario.

 

Ahora bien, sobre el tema de la facturación electrónica, es menester señalar que el artículo 2 de la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal, N° 9416 del 20 de diciembre 2016, crea el sustento legal del aludido tema, al respecto, dicha norma establece:

 

“Todos los obligados tributarios deberán contar con los medios electrónicos para registrar sus transacciones y emitir comprobantes de  conformidad con los requisitos y el desarrollo que se establezca reglamentariamente. Estos medios electrónicos incluyen, entre otros, la factura electrónica como un instrumento idóneo y necesario para la emisión de comprobantes de sus transacciones de compra y venta, registros contables y otros medios requeridos para el control tributario.”

 

Por otra parte, mediante la resolución N° DGT-R-048-2016 del 7 de octubre de 2016, denominada “Comprobantes Electrónicos” se establecen las especificaciones técnicas y normativas, para los sujetos de derecho que se constituyen obligados tributarios ante la Administración Tributaria.

 

De igual manera, según lo establecido en el artículo 1° de la resolución N° DGT-R-012-2018 de fecha 19 de febrero de 2018, la cuál derogó la resolución DGT-R-051-2017 del 10 de octubre de 2016, se establece la obligatoriedad para la implementación y uso de un sistema de facturación electrónica. El artículo 2° de la resolución citada, define quiénes se constituyen en obligados tributarios, la citada norma en lo que interesa indica:

 

“Artículo 2º- Obligados Tributarios para el uso de un sistema de Comprobantes Electrónicos:

 

Los Obligados Tributarios son las personas físicas, jurídicas o entes colectivos sin personalidad jurídica instrumental a quienes una norma de carácter tributario impone la obligación del cumplimiento de una determinada prestación u obligación, que puede ser de carácter pecuniario o no pecuniario; ya sea, entre otros, en su condición de declarantes, contribuyentes, responsables, agentes de retención o percepción, sucesores de la deuda tributaria u obligados a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración Tributaria. (…)”

 

Por su parte, el artículo 4 de esa misma Resolución, y el cual fue modificado mediante el artículo 1° de la Resolución N° DGT-R-039-2018, del 16 de agosto de 2018, dispone las excepciones en la aplicación de esta obligación, indicando en que interesa lo siguiente:

 

“Artículo 4º—Excepciones. Están exentos de emitir comprobantes electrónicos, (…) Entidades financieras que realicen actividades de intermediación financiera y que sean supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) (…)”. El subrayado no es del original.

 

De conformidad con los artículos 2 y 4 de la resolución N° DGT-R-012-2018, debe entenderse que se exime a las entidades financieras las cuales, de acuerdo a nuestro ordenamiento son aquellas que llevan a cabo intermediación financiera y son controladas por la SUGEF, ya que gozan de un control incluso mayor que el que pudiera brindar la Administración Tributaria, a causa del interés público que tiene y su masividad.

 

La excepción comentada en el párrafo anterior no es extensiva para las Entidades que realizan actividades de intermediación bursátil, como es el caso de  [...] S.A y los puestos de bolsa suscritos a ella.

 

Lo anterior en razón de que la intermediación financiera, es distinta a la intermediación bursátil que se comentó en líneas atrás, incluso se encuentra regulada por otra ley, como es la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N° 7558 del 3 de noviembre de 1995 y sus reformas, a respecto los artículos 116 y 117 de la citada ley señalan:

 

Artículo 116. Intermediación financiera. Únicamente pueden realizar intermediación financiera en el país las entidades públicas o privadas, expresamente autorizadas por ley para ello, previo cumplimiento de los requisitos que la respectiva ley establezca y previa autorización de la Superintendencia. La autorización de la Superintendencia deberá ser otorgada cuando se cumpla con los requisitos legales.

 

Para efectos de esta ley, se entiende por intermediación financiera la captación de recursos financieros del público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la figura contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en el que se formalicen las transacciones. (…)”

 

“Artículo 117.- Organismos fiscalizados. Están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia y las potestades de control monetario del Banco Central, los bancos públicos y privados, las empresas financieras no bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas. Además, toda otra entidad autorizada por ley para realizar intermediación financiera. (…)”

 

De las normas transcritas se desprende que, sólo pueden efectuar intermediación financiera aquellas entidades que, amén de estar expresamente autorizadas por ley, también cumplan los requisitos que determine la Superintendencia General de Entidades Financieras (en adelante SUGEF), además de que se encuentran fiscalizadas por dicho ente y por las potestades de control monetario del Banco Central.

 

Por otra parte, si de manera análoga se extendiera la excepción establecida en el artículo 4 de la resolución N° DGT-R-012-2018, mencionada, para entidades que realizan intermediación bursátil, equivalentemente las mismas debería estar supervisadas por Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), situación que no ocurre en el presente caso, ya que misma consultante indicó en su escrito de consulta que;  no es regulada por ninguna Intendencia General”.

 

En todo caso, la consultante registra en nuestro sistema, Administración Tributaria Virtual (ATV), la actividad económica; “puesto de bolsa”, lo cual significa que su actividad está relacionada con la intermediación bursátil y no financiera.

 

En este sentido, avocándonos a la consulta sobre si es correcto concluir que la empresa  [...] S.A se encuentra exceptuada de la obligación de emitir facturas electrónicas, debido a que su giro habitual y principal es la actividad financiera, según el artículo 4 de la Resolución DGT-R-12-2018, se le indica que no es correcto, en razón de que la excepción es para la Entidades financieras que realicen actividades de intermediación financiera y que sean supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras y no así para las entidades bursátiles que realizan intermediación bursátil, máxime aun cuando no se encuentra regulada por la  Superintendencia General de Valores.

 

En consecuencia, la consultante tiene la obligación de facturar electrónicamente por la actividad económica registrada en nuestro sistema, lo anterior con fundamento en la normativa expuesta y en concordancia con la información comentada.

 

    Cordialmente.

 

 

Carlos Vargas Durán

Director General de Tributación

 

VºBº Francisco Fonseca Montero

 

IChaves/ CMadrigal

C/ Dirección General de Tributación,  Expediente.