DGT-566-2018

                     San José, 06 de junio del 2018

Señor

 [...]

Presidente y Apoderado Generalísimo

Asociación de  [...]

 ( [...] )

Presente

Notificaciones:

Oficinas de  [...] , en la planta baja del edificio del Hotel Crowne Plaza Corobicí, local # [...]  frente al parqueo.

 

Estimado señor:

 

Nos referimos a su escrito de fecha 12 de abril del 2018, presentado en esta Dirección General ese mismo día,  mediante el cual formula una consulta tributaria al amparo del artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en adelante CNPT, y el artículo 60 y siguientes del Reglamento de Procedimiento Tributario, acerca de la aplicación del derecho a una situación concreta y actual. Al respecto, se le manifiesta lo siguiente:

 

1.       Sobre la legitimación-

 

Esta Dirección estima que la situación que se plantea en su consulta, no reúne todos los requisitos para ser evacuada según lo que dispone el artículo 119 del Código Tributario.  Este artículo establece la posibilidad de solicitar a la Administración Tributaria un pronunciamiento previo sobre la aplicación del Derecho Tributario a situaciones de hecho concretas y actuales, sobre las cuales el interesado posea un interés personal y directo.  

 

En ese sentido, el párrafo primero del artículo 119 del citado Código, establece lo siguiente:

“Quien tenga un interés personal y directo, puede consultar a la Administración Tributaria sobre la aplicación del derecho a una situación de hecho concreta y actual...” (El destacado no es del original).

 

En el presente caso, este Despacho considera que su representada no cuenta con un interés personal y directo, por cuanto no cuenta con actividades económicas propiamente relacionadas con el transporte aéreo de personas y carga, ya que es una asociación formada por este tipo de contribuyentes; de ahí que se desprenda que el interés que posee no es directo, sino más bien indirecto, situación que evidencia la limitación legal para presentar este tipo de consulta tributaria.

 

Por lo anterior, conforme con la normativa y jurisprudencia citada, esta Dirección General rechaza ad portas la consulta planteada, toda vez que la situación descrita en la misma, no reúne los requisitos para ser evacuada por esta Dependencia conforme dicho artículo, así como lo dispuesto en los artículos 60 y 63 del Reglamento de Procedimiento Tributario (Decreto Ejecutivo N° 38277 del 07 de marzo de 2014).

 

2.       Sobre la consulta pura y simple.-

 

Esta Dirección General es del criterio que en razón de lo novedoso de la situación, y en aras de contribuir con el principio de economía procesal presente en nuestro ordenamiento jurídico, es que nos referiremos a la consulta que se plantea, no con el formalismo que le otorga el numeral 119 del Código Tributario a este tipo de consultas, sino como una consulta tributaria diferente de la normada mediante dicho artículo.

 

 

I.                    Situación de hecho.-

 

El consultante, en su escrito, menciona como datos relevantes los siguientes: 1.- Que  [...]  es una asociación sin fines de lucro que integra a las líneas aéreas de transporte internacional de carga y pasajeros,  tanto operadoras como no operadoras. Agrega, que su principal objetivo es el desarrollo de la aviación civil y la industria aeronáutica en Costa Rica, así como la defensa de los intereses gremiales de las diferentes aerolíneas asociadas.  2- Que la materia de aviación civil está regulada por tratados internacionales tanto de carácter multilateral como de índole bilateral, los cuales exoneran a las aerolíneas del pago de impuestos en el país.  3- Que la naturaleza misma de la aviación civil encuentra su contenido en la Constitución Política, siendo que mediante el artículo 100 de la Ley 5150, en la que se creó el Consejo Técnico de Aviación Civil, se establece que los servicios aéreos son un tipo de transporte público, máxime que se desarrolla en el espacio aéreo de la nación; asimismo, que para poder operar como empresa de transporte aéreo, se debe contar con un certificado de explotación. 

 

A efectos de demostrar su legitimación, manifiesta que las aerolíneas que realizan negocios en el país y que son representadas por esa asociación, requieren tener seguridad jurídica de sus operaciones y requieren conocer sobre el mantenimiento de sus obligaciones formales, en el tanto la emisión de facturas, aducen, ha sido eximido del giro de negocio que realizan por el Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta de Costa Rica.

 

II.                  Consulta concreta:

“¿Si el artículo 11 inciso 4 del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta se encuentra vigente y en aplicación y (sic) que dicha normativa no ha sido modificada para empresas de transporte aéreo de personas?”

III.                Criterio de la Consultante:

A criterio de la consultante, las compañías que tienen como giro comercial la prestación de servicio de transporte aéreo internacional remunerado de personas no se encuentran obligadas a emitir facturas físicas y electrónicas, en virtud de los lineamientos del artículo 11, inciso 4 del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta,-LISR-, así como el oficio DGT-1439-1998,  en donde se interpretó que el tiquete aéreo constituía un documento equivalente a un comprobante fehaciente de ingreso, costo, gasto,  agregando, que dicha “resolución” se encuentra vigente en SINALEVI, por lo que exterioriza que las aerolíneas de transporte internacional remunerado se encuentran eximidas de emitir facturas, en el tanto el tiquete es el comprobante por excelencia según lo determina ese artículo 11 del Reglamento.

 

Advierte, que pretender una situación distinta a la señalada, implicaría una violación al principio de legalidad y al principio de inderogabilidad singular del reglamento, artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública y artículo 2 del “CNPT”.  Lo anterior, por considerar, que ninguna regulación especial vía resolución administrativa de rango inferior podrá establecer una normativa distinta a la establecida por el artículo 11 del Reglamento a la “LISR”, ya que de hacerlo incumpliría con el principio de prohibición de la inderogabilidad singular del reglamento. Cita extractos del Voto de la Sala Primera N° 1022-2012, así como de la sentencia N° 226-2009 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera.  A su criterio, ningún decreto que fuera debidamente sancionado por el Poder Ejecutivo, podrá ser sustituido mediante una “resolución administrativa”, por lo que, las aerolíneas de transporte internacional remunerado de personas se encuentran exentas de emitir facturas.

Señala que en materia de sistemas de control accesibles, las aerolíneas realizan reportes mensuales al ICT por los impuestos que recolectan a favor de esta institución.  Agrega, que dicha institución realiza auditorías al menos una vez al año, en donde se verifica que la información reportada por la aerolínea coincida con los datos contenidos en cada boleto analizado. Cita la Resolución G-415-2007 del 16 de febrero del 2007, donde la Gerencia General, delega al Departamento de Ingresos, funciones de carácter tributario, sobre las contribuciones al ICT: 1- Impuesto del 5% sobre el valor de los pasajes vendidos en Costa Rica para cualquier clase de viajes internacionales; 2-  Impuesto del 5% sobre el valor de los pasajes vendidos en Costa Rica para cualquier clase de viaje vendido en el exterior; 3-  Impuesto de $15 por el ingreso a Costa Rica vía aérea, mediante boleto adquirido en el exterior.

 

Manifiesta que lo anterior, implica un control exhaustivo por parte del ICT y un mecanismo a disposición de la Administración Tributaria para verificar, de manera fehaciente la veracidad de los mismos, en el caso de una aerolínea de transporte de personas. Señala, que la información que se reporta en este caso, es incluso mayor a la contenida en una factura y el reporte es diario e inmediato después de cada vuelo. Indica, que de manera indirecta, esa información se encuentra a disposición de forma inmediata del Ministerio de Hacienda a través del sistema bancario.

 

Estima que no se puede establecer una carga adicional cuando la Ley 8220, prohíbe a dos entes públicos solicitar documentación o información que otra oficina estatal ya tiene en su poder, considerando que existe un medio para el cruce de información que la Administración Tributaria puede utilizar para cumplir con la finalidad pública de velar por el cumplimiento del sometimiento a la contribución de las cargas públicas.

 

En lo relativo a la naturaleza jurídica del transporte aéreo de personas, manifiesta que mediante Ley 5150 se creó el Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC), a quien corresponden la rectoría de la materia de aviación civil, transcribiendo los artículos 5, 8 y 10 de la referida Ley, así como cita del dictamen de la Procuraduría General de la República C-104-2002, de donde desprende que dicha materia es regulada por el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, entes adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

 

En relación con la regulación de los servicios aéreos de transporte público, cita el artículo 100 y 144 de la Ley 5150, que regula la materia de los certificados de explotación, los cuales se extenderán hasta por un período máximo de quince años. Las renovaciones se concederán a juicio del Consejo Técnico de  Aviación Civil, siempre que se justifique la continuidad del servicio y la empresa interesada demuestre haber cumplido satisfactoriamente todas sus obligaciones. Agrega que el establecimiento legal y la aplicación de los “Certificados de Explotación”, responden a una clara valoración de la especialidad del servicio aéreo que se ve reflejada en el mismo contenido de la citada Ley.

 

En síntesis, estima, que el servicio de transporte de personas se encuentra regulado por la Ley 5150, como un servicio público, en el cual, el Estado no solo está encargado de velar por la seguridad nacional del espacio aéreo sino también de la calidad del servicio que se brinda al público. Agrega, que por cuestiones de política económica, nuestro país dejó de regular el precio de los pasajes, para pasar a un modelo de libre competencia basado en convenios bilaterales y multinacionales, así como las reglas de reciprocidad promoviendo el desarrollo de la industria aérea del país; además, promoviendo que la libre competencia permita un aumento de las líneas aéreas que operan en el país para garantizar un mejor acceso al mercado turístico nacional. A su criterio, al igual que en la modalidad de transporte público terrestre, en el cual se debe obtener un permiso temporal o una concesión para poder operar y brindar el servicio público, las aerolíneas se encuentran supervisadas por un órgano técnico rector al igual que el transporte terrestre de personas, en donde, para poder operar de forma legal se debe de contar con la autorización correspondiente, en este caso por un órgano adscrito al MOPT diferente a la Dirección General de Transporte Público, puesto que de acuerdo al reparto de funciones de las leyes aplicables, el órgano fiscalizador del servicio aéreo de transporte de personas se ve regulado por CTAC, debido a la especialización que implica el transporte aéreo y la división de funciones dentro del MOPT. Aduce, que por tal razón, resultaría completamente contrario a la realidad legal, indicar que el servicio de transporte aéreo internacional no tiene carácter de servicio público, puesto que existe una concesión previa dada mediante el permiso de operación, sea este temporal o permanente, de un órgano estatal encargado de velar por la materia de aviación civil.

 

A modo de “Petitoria”,  solicita confirmar su criterio en el sentido que: 1-  El artículo 11, inciso 4 del RLISR se encuentra vigente, así como la resolución DGT-1439-1998. 2- Que las empresas de transporte aéreo de personas no se encuentran obligadas a emitir facturas (físicas o electrónicas) de acuerdo con los lineamientos del artículo11 ibídem. 3- Por no encontrarse obligada a emitir facturas, la resolución sobre facturación electrónica y la obligatoriedad de uso de comprobantes electrónicos no es de aplicación para las compañías de transporte internacional de personas y por tal razón las aerolíneas de transporte internacional de pasajeros no se encuentran obligadas a emitir comprobantes electrónicos.

IV.                Criterio de esta Dirección General:

Una vez examinados los hechos indicados en el escrito de consulta y después de efectuado un análisis de los argumentos expuestos, esta Dirección General le manifiesta que previo a resolver su consulta, es necesario referirse a los siguientes aspectos:

 

a.       De la autorización de comprobantes y su aceptación como respaldo de ingresos, costos y gastos en materia tributaria:

La Administración Tributaria, en relación con el tema de autorización de comprobantes y su aceptación como respaldo de ingresos, costos y gastos, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14 y 25 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, Nº 6826 del 08 de noviembre de 1982 y sus reformas (en adelante LIGSV), y en los artículos 15 y 18 del Reglamento de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, Decreto Ejecutivo N° 14082-H del 29 de noviembre de 1982, en adelante RLIGSV, así como en los artículos 7 y 8 de la LISR y artículos 9 y 11 del RLISR, acepta y valida el uso de los medios tecnológicos, como una herramienta facilitadora de las obligaciones tanto materiales como formales para los contribuyentes. En este sentido, la Administración Tributaria ha venido evolucionando hacia la utilización de los medios electrónicos, debido a que estos integran los esfuerzos para maximizar la productividad de las empresas, fortaleciendo el control fiscal y favoreciendo la gestión de la administración pública.

 

No hay que perder de vista, que la Dirección General de Tributación tiene dentro de sus facultades, realizar mejoras continuas al sistema tributario costarricense, procurando su equilibrio y progresividad, en armonía con los derechos y garantías ciudadanas, optimizando las funciones de control, administración y fiscalización general de los tributos. En razón de lo anterior, posee gran importancia el afán y el empeño que tiene este Despacho para fortalecer el uso de los comprobantes electrónicos como medio para facilitar el cumplimiento voluntario tanto de los deberes formales como materiales y simplificar los procedimientos a los obligados tributarios, mediante el uso de tecnologías modernas de información y comunicación, para asegurar la continuidad, eficiencia y adaptación al régimen legal imperante, de conformidad con las necesidades que impone el desarrollo del comercio electrónico.

 

A efectos de tener claridad de la norma, debe tenerse presente, que el artículo 11 inciso 4) del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre la Renta, invocado por el consultante, señala expresamente, en lo de interés:

“Artículo 11.- Renta Neta. La renta neta se determina deduciendo de la renta bruta los costos y gastos útiles, necesarios y pertinentes permitidos por ley.

(…) Los costos, gastos y erogaciones deben estar respaldados por comprobantes fehacientes. La Dirección queda ampliamente facultada para calificarlos y aceptar su deducción total o parcial; asimismo, se reserva el derecho de rechazar las partidas no justificadas.

(…)Todos los comprobantes de compras de mercancías y servicios deben estar debidamente autorizados por la Administración Tributaria, salvo los extendidos en los siguientes casos y actividades por:

4. Las personas físicas o jurídicas dedicadas al transporte remunerado de personas y productos agrícolas….” (El subrayado es nuestro).

 

Así se tiene, que la regla consiste en la emisión de comprobantes autorizados, salvo en los casos de transporte remunerado de personas. A estos efectos, debe este Despacho establecer la definición de lo que debe ser comprendido como “transporte remunerado de personas”, la cual será deslindada para efectos tributarios en el apartado siguiente.

 

b.      Del Transporte remunerado de personas, dentro de la perspectiva fiscal:

La Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, N° 3503 del 10 de mayo de 1965, califica este tipo de transporte en automotores colectivos, como un servicio público regulado, controlado y vigilado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cuya prestación puede ser delegada en los particulares, a quienes se autorice expresamente, de acuerdo con las normas establecidas en dicha ley (artículos 1 y 2).  Esta misma denominación de servicio público se encuentra contenida en el artículo 5, inciso f) de la Ley de creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), N.° 7593 del 9 de agosto de 1996.

 

Ahora bien, mediante la reforma introducida al artículo 2 de la Ley N.° 7969, por el artículo 2 de la Ley N.° 8955, del 16 de junio del 2011, se establece como servicio público, el transporte remunerado de personas en cualquier tipo de vehículo automotor, independientemente del grado de intervención estatal. Así, la declaratoria de una determinada actividad económica como servicio público implica su nacionalización. Es decir, le atribuye al Estado su titularidad, de forma tal que solo éste o un particular autorizado, puede brindar el servicio.

 

Por otra parte, se tiene que esta Dirección General, en atención a una consulta similar a la planteada por su representada, ha considerado que esta definición se encuentra contenida, además, en el dictamen número C-288-2014 de la Procuraduría General de la República, el cual señala que:   “… ningún particular puede prestar el servicio de transporte remunerado de personas, en sus distintas modalidades, si no cuenta con una concesión o permiso de parte del Estado, concretamente, del Consejo de Transporte Público, órgano desconcentrado del MOPT”.

 

Asimismo, en el citado oficio se remite a lo mencionado en el criterio jurídico número DAJ-2015003140 del 10 de setiembre del 2015, emitido por la Dirección Jurídica del Consejo de Transporte Público, el cual, en lo conducente, señala:  “… El servicio remunerado de personas, en sus diversas modalidades (autobús, taxi, seetaxi, microbús y otros), constituye un servicio público. (…) / La declaratoria de una determinada actividad como servicio público implica su nacionalización, le atribuye al Estado su titularidad, de forma tal que solo éste o un particular autorizado puede brindar el servicio. // (…) el legislador optó por declarar el transporte de personas como servicio público, independientemente de la modalidad de que se trate o que se quiera implementar y del grado de intervención estatal en la determinación del sistema operativo o de  su fiscalización. (…)” (El subrayado no corresponde al original)

Agregan que el criterio de la Dirección Jurídica del Consejo de Transporte Público es: “(…) el servicio público para el transporte de personas, independientemente del medio de transporte utilizado, a sea autobús, buseta, microbús, taxi, automóvil y cualquier otro automotor, es un servicio público, cuyo titular es el Estado, y solamente éste o un particular autorizados puede brindar el servicios (sic), independientemente el grado de intervención estatal en la determinación del sistema operativo del servicio o en su fiscalización. // (…)  De igual forma, ningún particular puede brindar el servicio de transporte de personas, en sus diferentes modalidades, si no cuenta con una concesión o permiso del Estado particularmente de éste consejo (sic).// (…)

 

Aunado a lo anterior, se tiene que esta Dirección General, en atención de una consulta similar a la planteada por su representada, siguiendo la línea de análisis anteriormente referenciada,  mediante oficio N° DGT-868-2017, de fecha 08 de agosto de 2017[1],  se manifestó en el sentido que dentro del ámbito del derecho tributario, el concepto de “transporte remunerado de personas” considerado en el inciso 4 del artículo 11 RLISR de anterior cita, hace referencia a un permiso especial que únicamente es concedido por el Estado a un sujeto particular, a través de una concesión especial, la cual está definida u orientada para brindar un servicio público nacionalizado (es decir solamente aplicable o circunscrito dentro del territorio nacional), en las diferentes modalidades establecidas por normas especiales relacionadas con transportes automotores, tales como autobuses, taxis, seetaxis, microbuses y otros con características similares. Aquí, se se manifestó que esta categoría jurídica, no es extendida a los transportes de otros tipos de vehículos diferentes a los automotores, tales como los transportes propulsados aéreos, los cuales transportan personas y cargas a nivel internacional, como tampoco a naves marítimas de ningún tipo.

 

Debe considerarse además, que otro efecto de la declaratoria de servicio público es que la actividad económica sale del comercio de los hombres, no pudiendo estos desarrollarla en forma libre. La única forma de dedicarse a ella es mediante una concesión o permiso del Estado y sujeto a las tarifas previamente establecidas por la SUGEF. Sin embargo, aún en tales casos, la titularidad del servicio la mantiene el Estado, limitándose el particular únicamente a su prestación efectiva, además que por disposición expresa de ley especial, se encuentran sometidas a una regulación incompatible con el régimen de libre mercado.

 

c.       Análisis del caso concreto:

Una vez analizado lo anterior, este Despacho, por las razones que se exponen a continuación, no comparte la posición vertida por “ [...] ”, en el sentido de que los comprobantes electrónicos no son obligatorios para ellos, por las siguientes razones:

 

En relación al tema del cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley sobre aquellos impuestos administrados y fiscalizados por el Instituto Costarricense de Turismo –ICT-, debe considerarse que por expresa disposición del Legislador Patrio, nos encontramos frente a distintos tipos de impuestos, que además son administrados y fiscalizados por distintas Administraciones Tributarias –ICT y Dirección General de Tributación-, los cuales tienen elementos estructurales diversos, que si bien eventualmente podrían servir de insumo para los controles de datos de trascendencia tributaria que esta Dirección General pueda estimar útiles y pertinentes, de ninguna forma sustituye o reemplaza el deber formal de emitir comprobantes autorizados para respaldar sus ingresos, costos y gastos, en los casos del impuesto sobre la renta y general sobre las ventas, los cuales deben ser cumplidos necesariamente por los obligados tributarios, de conformidad con el marco legal vigente, razón por la cual debe rechazarse su argumento en este sentido.

Esta Dirección General difiere del criterio externado por su representada, en el sentido de que las empresas de transporte aéreo de personas no se encuentran obligadas a emitir facturas (físicas o electrónicas) de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 inciso 4 del RLISR,  por cuanto ya esta Dirección General estableció su posición en el sentido que el contribuyente se encuentra obligado a determinar su obligación tributaria sobre una base cierta, sea con base en la información contable, los comprobantes autorizados y demás información que la respalde; lo anterior por cuanto los mecanismos de determinación de la obligación tributaria se encuentran sujetos al principio de reserva de ley (artículo 5 inciso a) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios –CNPT-), así como a la regulación específica de cada ley especial de impuestos; posición que ha sido establecida por este Despacho en el oficio DGT-868-2017 de anterior referencia.

 

Así, se tiene que la declaración tributaria va directamente correlacionada con la contabilidad del contribuyente, y a su vez, esta debe ir respaldada con los comprobantes que demuestren la información ahí registrada. De forma tal que los gastos serán deducibles del impuesto sobre la renta, en tanto sean erogaciones que cumplan con los preceptos establecidos en los artículos 7 y 8 de la LISR y 11 y 12 de su Reglamento.

 

No debe perderse de vista, que al ser los ingresos de fuente costarricense tan importantes para determinar la renta bruta de estos contribuyentes, los mismos deben de cumplir con los estándares requeridos por nuestra legislación tributaria.  Esto quiere decir que aun cuando en el año 1998 este Despacho emitiera el oficio DGT-1439-1998, citado por la consultante, relacionado con los tiquetes aéreos, el mismo quedó tácitamente derogado por las resoluciones DGT-R-48-2016 y DGT-R-51-2016 referidas a la regulación de la Facturación Electrónica en Costa Rica, ya que estos instrumentos jurídicos son los que vienen a normar, a partir de ese momento, los requerimientos establecidos por la Administración Tributaria para el debido control de este tipo de comprobantes contables, que los contribuyentes deben incorporar dentro de sus sistemas contables.

 

Por esta razón, este Despacho no comparte su criterio sobre la dispensa del cumplimiento del deber formal de emitir facturas autorizadas que a su criterio poseen, para el registro de sus transacciones comerciales al momento de asentar contablemente sus ingresos.  Tampoco se comparte su argumento en el sentido que no se puede establecer una carga adicional a las líneas aéreas, cuando la Ley 8220 prohíbe a los entes públicos solicitar documentación o información que otra oficina estatal ya tiene en su poder; siendo que nos encontramos frente al cumplimiento de una obligación formal establecida legalmente a cargo del obligado tributario –el de registrar sus gastos por los medios previamente autorizados por la Administración Tributaria-, por lo que el pretender suplir esta obligación mediante el cruce de información, es a todas luces improcedente.

 

En este particular, y retomando lo indicado en el apartado 2 del presente oficio, esta Dirección General es del criterio que en el caso de la actividad comercial que su representada desarrolla en nuestro país, la misma no encuadra dentro del concepto propiamente dicho de transporte remunerado de personas en su dimensión tributaria, siendo por tal motivo improcedente, en su caso, interpretar que su representada se encuentra al amparo del inciso 4) del artículo 11 denominado Renta Neta, del RLISR.

 

Ahora bien, es evidente y a todas luces procedente la potestad de control tributario que posee la Dirección General de Tributación, fundamentada en el artículo 99 del CNPT, el RLISR y el artículo 11 de la LISR, relacionado con la obligación de utilizar la factura comercial como respaldo de ingresos, costos y gastos, con fundamento en los artículos 8, 14 y 25 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas Nº 6826 del 08 de noviembre de 1982 y sus reformas, así como los artículos 15 y 18 del Reglamento de la Ley del Impuesto General sobre la Ventas N° 14082 del 29 de noviembre de 1982; a la vez los artículos 7 y 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta Nº 7092 del 21 de

 

abril de 1988 y sus reformas y los artículos 9 y 11 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta N° 18445-H del 09 de setiembre de 198; normas que en conjunto, establecen el elenco de regulaciones acerca de los comprobantes y su aceptación como instrumento idóneo de control tributario.

 

Ahora bien, en materia de comprobantes electrónicos, se tiene que la Administración Tributaria acepta y valida el uso de los medios tecnológicos como una herramienta facilitadora para el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, establecidos en las Resoluciones números DGT-R-48-2016 y DGT-R-51-2016,  del 7 y 10 de octubre del 2016, respectivamente, las cuales norman el uso de la factura electrónica, tiquete electrónico, nota de crédito electrónica y nota de débito electrónica, como comprobantes para el respaldo de ingresos, costos y gastos.

 

De este análisis integral que se ha realizado, se puede entonces inferir que el tipo de actividad económica que realizan sus afiliados, requiere y precisa que exista la factura comercial para que de esta forma pueda tener certeza la administración tributaria sobre la renta bruta que posee cada uno de sus contribuyentes. Además, esto nos lleva a establecer que al no ser exceptuada por ninguna norma legal la utilización de la factura por parte de su representada, deberá acogerse a lo establecido en las disposiciones normativas vigentes y pertinentes para este tipo de documento.

 

Como corolario de lo dicho, esta Dirección General es del criterio que tanto para los asociados representados por  la Asociación de  [...] “ [...] ”,  así como para el resto de contribuyentes del país, le es aplicable el régimen de Facturación Electrónica, estando obligados por el ordenamiento jurídico a llevar facturas de sus servicios prestados, tanto para el caso del transporte aéreo nacional como internacional, cuya fuente sea costarricense; documentos que validan la base cierta para la determinación de su renta bruta, por lo que deberán acogerse a lo establecido en las resoluciones citadas, en lo referente al uso y aplicación de los comprobantes electrónicos en materia tributaria. 

 

De esta forma, queda atendida la consulta planteada por la consultante.

 

Cordialmente,

 

 

Carlos Vargas Duran

Director General de Tributación

 

 

Jenny Jiménez Vargas

Dirección Tributación Internacional y Técnica Tributaria

 

 

F.Ortiz/K.Escorriola

 

C: Dirección General de Tributación, expediente.



[1] Este oficio se encuentra vigente, el cual puede ser consultado en nuestro Digesto Tributario.