DGT-127-2018

San José, 12 de febrero de 2018

 

 

Señor

 [...]

Apoderado General

 [...] Sociedad Anónima 

 

 

Notificaciones:

 

Correo electrónico:

 [...]

Fax:

 [...]

 

 

Asunto: Consulta fundamentada en el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

 

 

Estimado señor:

 

 

En atención a su escrito recibido el 21 de diciembre de 2017, mediante el cual consulta, con fundamento en el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755 del 3 de Mayo de 1971 y sus reformas (en adelante Código Tributario), sobre la aplicación del derecho a una situación de hecho concreta y actual, se le indica lo siguiente:

 

I.- Antecedentes:

 

Expone el consultante que su representada es una empresa que se dedica a medios de comunicación, venta y comercialización de servicios gráficos y que como tal se encuentra inscrita ante la Administración Tributaria.

 

Indica que como parte de la implementación del proceso de factura electrónica, al momento de proceder a facturar los servicios que se encuentran gravados con el Impuesto General sobre las Ventas (IGSV) y sujetos al timbre del 1% del Colegio de Periodistas, dentro de la base imponible de dicho impuesto, el sistema los obliga a incorporar el citado timbre, según informe rendido por la empresa  [...] ( [...]  S.A.), el cual se perfila como su proveedor autorizado de facturación electrónica. 

 

            Señala además que de acuerdo con la información suministrada por su proveedor de factura electrónica, cuando en las facturas se calcula el impuesto de ventas sobre el acumulado del subtotal de la factura y el timbre del Colegio de Periodistas, dichas facturas son aceptadas por el API[1] del Ministerio de Hacienda (sic), pero cuando el cálculo del impuesto dicho se realiza solamente sobre el subtotal de la factura, sin incluir el monto del timbre en mención, la factura es rechazada por el API del Ministerio de Hacienda (sic), proceso que continúa presentándose.

 

II.- Consulta:

 

La consultante solicita que esta Dirección General confirme su criterio, en relación con la siguiente consulta concreta:

 

“Si el timbre del 1% a favor del Colegio de Periodistas no forma parte de la base imponible del Impuesto General sobre las Ventas y que en caso de no ser procedente el cobro del citado Impuesto sobre el timbre del Colegio dicho, se señale a la instancia respectiva corregir dicha situación”.

 

 

III.- Criterio de la Consultante:

 

Indica que de acuerdo con la Ley No. 5527 del 30 de abril de 1974 que crea el timbre a favor del Colegio de Periodistas de Costa Rica, el artículo 2 de dicha Ley establece un timbre equivalente al 1% del valor de cada factura de publicidad que se pague por espacio en todo servicio noticioso o informativo de televisión y radio y en cada factura de publicidad que se pague por espacio en toda publicación escrita.

 

Considera que de acuerdo con el pronunciamiento C-176-2010 del 17 de agosto de 2010,  emitido por la Procuraduría General de la República, el cual transcribe, el mencionado timbre no es una contribución de carácter fiscal sino de naturaleza parafiscal y que las contribuciones parafiscales no actúan dentro del concepto de justicia tributaria y, por ende, no contemplan la capacidad económica del sujeto pasivo, sino la pertenencia a un determinado grupo.

 

Menciona que la Procuraduría General de la República en su dictamen C-176-2010 expresó:

 

 Tal y como se indicó al analizar la naturaleza jurídica del timbre del Colegio de Periodistas, dicha exacción no puede ser conceptuada como un tributo en los términos del artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sino más bien como una contribución de carácter parafiscal, que goza de las mismas perrogativas que los impuestos. Desde este punto de vista, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que dispone que el sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el “acreedor del tributo”, así como lo dispuesto en el artículo 99 del mismo cuerpo legal, según el cual la administración tributaria es el órgano administrativo encargado de percibir y fiscalizar los tributos, bien podríamos decir, que el Colegio de Periodistas se constituye en administración tributaria respecto del timbre creado por Ley N° 5527.” 

 

Estima que de acuerdo con el anterior pronunciamiento, el Colegio de Periodistas de Costa Rica es “Administración Tributaria” de la contribución parafiscal (timbre del Colegio de Periodistas) y por ende, está facultada para controlar, verificar y fiscalizar la obligación tributaria derivada de la Ley N° 5527.

 

Afirma que al establecer la Ley en mención un timbre del 1% a favor del Colegio de Periodistas como una contribución parafiscal, gestionada, administrada y fiscalizada por ese gremio, dicho timbre no debe formar parte de la base imponible del Impuesto General sobre las Ventas.

 

Expresa que el Impuesto General sobre las Ventas establece un gravamen sobre el valor agregado en la venta de mercancías y, en forma especial, sobre la prestación de una serie de servicios que se mencionan expresamente en el artículo 1º de esa Ley, cuyo objeto del impuesto busca gravar la venta de mercancías de forma general, pero en cuanto a los servicios se establece una lista taxativa recayendo el gravamen sobre las operaciones realizadas en el territorio nacional, destinadas al uso o consumo en el mercado interno.

 

Expone que la base imponible del citado impuesto se debe calcular según los artículos 11 y 12 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas –en adelante LIGSV-, y artículo 17 del Reglamento a dicha Ley, por lo que estima improcedente incorporar como parte de la base imponible del Impuesto General sobre las Ventas –en adelante IGSV, la contribución parafiscal que corresponde al 1% del timbre del Colegio de Periodistas, ya que considera que dicho timbre no se trata de un impuesto de consumo o específico de consumo, y tampoco se trata de una tasa o contribución especial dentro de las categorías establecidas en el artículo 4 del Código Tributario.

 

Afirma que la naturaleza jurídica del citado timbre es completamente diferente a la de un impuesto, ya que, para su juicio, el timbre corresponde a una contribución parafiscal para cubrir las funciones del Colegio de Periodistas, la cual no engrosa los ingresos tributarios del Presupuesto Nacional, sino que es administrado y fiscalizado por ese gremio. Por tal motivo, solicita a esta Dirección General que confirme su criterio en el sentido de que el timbre del 1% a favor del Colegio de Periodistas no forma parte de la base imponible del IGSV. Por esta razón, señala, no es conforme a derecho que el API del Ministerio de Hacienda (sic), les obligue a incluir dicho timbre dentro del cálculo del Impuesto, a fin de que la factura electrónica emitida al efecto, pueda ser aceptada.

 

Por tanto, solicita se ordene corregir dicha situación ante la instancia respectiva, pues aduce que ante múltiples consultas realizadas a funcionarios del Ministerio de Hacienda encargados de la implementación de la factura electrónica, se les indicó que el sistema lo calcula de esa forma y que de no efectuarse de esa manera, la factura sería rechazada.

 

IV.-  Criterio de esta Dirección General:

 

A)      Sobre la procedencia de la consulta 119 del Código Tributario:

 

Previo a dar respuesta a la presente consulta, es considerable tener claro el fin y la naturaleza del instituto fundamentado en el artículo 119 del Código Tributario.

 

Sobre este particular, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII, emitió la sentencia N° 023 del 20 de marzo del 2014, la cual refiere justamente al tema de la naturaleza jurídica de las consultas tributarias, pronunciamiento de importancia en el presente caso para tener mayor precisión sobre lo pretendido por el legislador en la disposición del artículo 119 del Código Tributario, mediante la cual se establecen los elementos mínimos y el marco procedimental de este instituto.

 

“V. SOBRE LA CONSULTA TRIBUTARIA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. Conforme lo ha considerado éste Tribunal ( Sección Sexta No.127-2013-VI de las 14:45 horas del 21 de octubre del 2013 y 128-2013-VI de las 10:00 del 28 de octubre del 2013), la finalidad de la consulta tributaria es delimitar la interpretación y aplicación de una determinada norma tributaria a un caso concreto, según el sentido que le otorgue el Fisco, a fin de conceder al sujeto pasivo un criterio respecto del tema consultado, que le otorgue seguridad en su proceder en el cumplimiento de deberes formales y materiales de las obligaciones tributarias. Este instituto regulado para el caso concreto en el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios antes de la reforma operada mediante Ley No.9069, publicada en el Alcance No.143 del Diario Oficial La Gaceta No.188 del 28 de setiembre del 2012, le permite al sujeto pasivo requerir a la Administración un pronunciamiento previo en cuanto a la comprensión y/o alcances de una norma tributaria al caso concreto. La consulta tributaria se refiere a una duda del contribuyente en el cumplimiento de sus deberes tributarios formales y materiales, pero no tiene por objeto la impugnación de un acto respecto de la fijación o liquidación de impuestos definitivamente establecidos en la vía administrativa.”

(El resaltado pertenece al original y el subrayado es propio).

 

De lo anterior se extrae, que lo pretendido por el legislador cuando se invoca una consulta fundada en el artículo 119 del Código Tributario, es obtener la  interpretación por el fondo, es decir, delimitar el alcance de la norma tributaria para su correcta aplicación. En el caso particular, esta Dirección General se referirá a la consulta sobre  si el timbre, equivalente al uno por ciento (1%), a favor del Colegio de Periodistas, forma parte de la base imponible del IGSV.

 

En relación con las consultas basadas en aspectos técnicos sobre la implementación del sistema de facturación electrónica, el Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición de todos los interesados, el correo electrónico fe@hacienda.go.cr con el fin de atender las interrogantes que se puedan presentar al poner en práctica la herramienta para la elaboración de los comprobantes electrónicos.

 

B)      Sobre la consulta concreta:

 

De acuerdo con el análisis de los hechos expuestos, en relación con la consulta concreta que atañe a si el timbre equivalente al uno por ciento (1%) a favor del Colegio de Periodistas – por cada factura o recibo que se cancela por concepto de pago por publicidad en espacios informativos o noticiosos de radio, televisión, periódicos de publicación diaria, cine o medios audiovisuales en general-, forma parte de la base imponible del IGSV, este Despacho se pronuncia en los siguientes términos:

 

El artículo 1° de la LIGSV, crea un impuesto sobre el valor agregado en la venta de mercancías y en la prestación de servicios expresamente señalados por el legislador, el cual se complementa con los alcances del artículo 2° de esa misma Ley, mediante el cual establece el concepto de venta, consistente en la transferencia de dominio de mercancías o la prestación efectiva de estos servicios.  

 

Conforme a esta distribución en el IGSV, se desprende que éste, en cuanto a servicios se refiere, es de carácter selectivo, es decir, los servicios gravados serán única y exclusivamente aquellos que se encuentren enumerados en la Ley, sin que exista la posibilidad de incluir otros por la vía de interpretación o por disposición reglamentaria, de suerte que todos aquellos servicios que el legislador no incluyó, revisten el carácter de exentos. 

 

En el caso de la empresa  [...] Sociedad Anónima, de acuerdo con la descripción que expone en su escrito de consulta, se define en forma amplia como una empresa que se dedica a medios de comunicación, venta y comercialización de servicios gráficos. En atención a lo referido por ésta, encontramos que la LIGSV en el inciso l) del artículo 1°, grava expresamente los servicios publicitarios prestados a través de la radio, la prensa y la televisión, cuya definición se consigna en el literal 25 del artículo 1 del Reglamento a la Ley, Decreto Ejecutivo No 14082-H, de 29 de noviembre de 1982 -en adelante Reglamento-, el cual establece lo siguiente:

 

25) "Servicios Publicitarios". Es la venta de espacio o de tiempo con el objetivo de difundir o informar al público sobre un bien o servicio, a través de medios de comunicación tales como radio, televisión y publicaciones periódicas impresas o digitales, que sea efectuada por personas físicas o jurídicas propietarias o no, intermediarios o agentes de publicidad.”. 

 

Ahora bien, teniendo claro que estamos ante servicios gravados, corresponde puntualizar la base imponible sobre la cual se calcula el citado impuesto.

 

Ha de apuntarse que el numeral 12 de la LIGSV y 17 de su Reglamento, establecen la base imponible del tributo en la prestación de servicios, la cual se fija sobre el precio de venta tomando en cuenta los posibles importes a deducir y rubros señalados en el artículo 11[2] de la LIGSV, que por ende, no integran la base imponible. Al respecto, el artículo 12 de cita, indica: 

 

“ARTICULO 12.- Base imponible en la prestación de servicios.

 

En la prestación de servicios el impuesto se determina sobre el precio de venta, después de deducir los importes a que se refieren los incisos del artículo anterior, cuando correspondan.”

 

Por su parte, el artículo 17 del Reglamento señala lo siguiente:

 

De la Base del Impuesto.

 

Artículo 17.- Ventas de mercancías o servicios: En las ventas de mercancías el impuesto debe cobrarse sobre el precio neto de venta, que incluye los impuestos selectivos y específicos de consumo, independientemente de que la operación sea al contado o al crédito, el cual se establecerá, de acuerdo con el artículo 11 de la ley, deduciendo del precio real de venta: los descuentos aceptados en las prácticas comerciales; el valor de los servicios exentos que se presten con motivo de ventas de mercancías gravadas, siempre que sean suministrados por personas ajenas al contribuyente, respaldados por comprobantes fehacientes y que se facturen y contabilicen por separado del precio de venta de las mercancías vendidas; los intereses que se cobren separadamente del precio de venta sobre los saldos insolutos que no podrán exceder de las tasas de interés fijados por el Banco Central de Costa Rica, para cada caso.

 

Tratándose de servicios gravados, también forman parte del precio neto de venta el valor de las mercancías gravadas o exentas y el de los servicios exentos, que se le incorporen; además, cualquier otro tributo que recaiga sobre dichos servicios gravados.

(…)”. (El subrayado es nuestro)

 

A tenor de los artículos anteriormente transcritos, se colige que la base imponible del impuesto en la prestación de servicios, es el precio neto de venta, deducidos los montos indicados en los incisos del artículo 11 de la LIGSV, cuando ello fuere procedente.

 

No está de más destacar, que la constitución del precio neto de venta para el caso del impuesto en la prestación de servicios –publicitarios, dada ésta su naturaleza-, es además uno de los requisitos que debe contener la factura o comprobante, que se enumera en el artículo 18 inciso 14) del Reglamento, el cual entre otras cosas, señala:

 

“10) Detalle de la mercancía transferida o naturaleza del servicio prestado, precio unitario y monto de la operación expresada en moneda nacional o moneda extranjera; en caso de expresarse en moneda extranjera debe indicarse la moneda en que se realizó la operación.

(11)…

(12)…

(13)…

14) El valor de los servicios prestados, separando los gravados y los exentos, con motivo de la venta de mercancías o servicios gravados.”

 

Por otra parte, la obligatoriedad de emitir factura por las ventas que los contribuyentes de este impuesto realicen, o los servicios que presten, está consagrada en el artículo 8 de la LIGSV, situación que se delimitó aún más, mediante Resolución Nº DGT-R- 51-2016 de las ocho horas del diez de octubre de dos mil dieciséis, publicada en el Alcance Digital Nº 243 a La Gaceta Nº 211 del 03 de Noviembre del 2016, así como en la Resolución N° DGT-R-48-2016 de fecha 7 de octubre del 2016, la cual autoriza el uso de la factura electrónica, tiquete electrónico, nota de crédito electrónica y nota de débito electrónica, como comprobantes para el respaldo de ingresos, costos y gastos, siempre que cumplan con los requisitos y características indicadas en el artículo 18 del Reglamento a la Ley de cita.

 

De tal suerte que el monto del impuesto se determinaría aplicando la tarifa establecida en el artículo 10 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas ―que corresponde a un 13 % actualmente― sobre el precio neto de la venta, que para el caso de las mercancías incluye el impuesto selectivo de consumo, cuando las mercancías de que se trate estén afectas por este; y para el caso de los servicios, estaría conformado por el valor de las mercancías gravadas o exentas y el de los servicios exentos, que se le incorporen, además de cualquier otro tributo que recaiga sobre los servicios gravados, deduciendo, cuando ello fuere procedente, los montos indicados en los incisos del artículo 11 de la LIGSV.

 

Con fundamento en lo expuesto, corresponde definir ahora la naturaleza jurídica del timbre a favor del Colegio de Periodistas y así determinar si éste encaja o no, dentro de la subcategoría de contribución especial que le otorga el artículo 4º del Código Tributario a la clasificación de los tributos.

 

De acuerdo con la definición de contribución especial contenida en el artículo 4° del Código de cita, se indica lo siguiente:

 

"Artículo 4º.- Definiciones. Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.

 

Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.

 

Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado.

 

Contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, ejercidas en forma descentralizada o no; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de las actividades que constituyen la razón de ser de la obligación." (Énfasis añadido).

 

De conformidad con el numeral 4° del citado Código, se definen los tributos como aquellas prestaciones en dinero, sean éstas impuestos, tasas o contribuciones especiales que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Como se puede observar, las características de cada uno de estos tipos de tributos son desarrollados por ese mismo precepto legal, por lo que para el caso de una contribución especial, está más abocada a aquellos ingresos destinados a fines públicos (fondos públicos), realización de obras públicas o actividades estatales y cuyo sujeto activo de la obligación tributaria es un sujeto de derecho público.

 

Ahora bien, para tener una mayor comprensión de la connotación tributaria que reviste el timbre previsto en el artículo 1° de Ley N° 5527 de 30 de abril de 1974, (Ley del Timbre del Colegio de Periodistas), la Procuraduría General de la República, en los dictámenes C-133-2000 del 16 de mayo del 2003 y C-270-2003 del 12 de setiembre del 2003, analizó la naturaleza jurídica del citado timbre y concluyó que se trata de una contribución de carácter parafiscal.

 

Al respecto, mediante el Dictamen de la Procuraduría N° C-133-2003, en torno a la naturaleza jurídica del Timbre del Colegio de Periodistas, advirtió:

 

“I- NATURALEZA JURIDICA DEL TIMBRE DEL COLEGIO DE PERIODISTAS:

 

    Si analizamos la Ley N° 5527 de 30 de abril de 1974, mediante la cual se crea el Timbre del Colegio de Periodistas de Costa Rica, advertimos que el legislador establece una exacción a cargo de las personas físicas o jurídicas que cancelen facturas de publicidad por espacio en todo servicio noticioso o informativo de televisión y radio, así como en toda publicación escrita. Este tipo de contribución, a juicio de Procuraduría, no califica como una contribución de carácter fiscal, sino de naturaleza parafiscal, revestida de una naturaleza tributaria especial que la hace diferente de los ingresos fiscales propiamente dichos. Para entender tal afirmación, resulta menester remitirse a la doctrina a fin de determinar con claridad los alcances del concepto.

 

    El tratadista Manuel de Juano ("Curso de Finanzas y Derecho Tributario"), al analizar la naturaleza jurídica de cierto tipo de aportes a cargo de determinados sectores, ha dicho:

 

"La doctrina se ha manifestado con un criterio uniforme sobre la conveniencia de ubicar tributariamente a esta clase de recursos. Su naturaleza tributaria se acepta hoy en la generalidad de los autores… En tal sentido afirmamos que son tributos que participan de la naturaleza del impuesto por su gravitación económica sobre el consumidor, lo que les acuerda cierta semejanza con la imposición indirecta y por su obligatoriedad, pero no tienen figuración específica en el presupuesto del Estado y están afectados a gastos determinados que se especifican por la disposición legal que los ha creado… en efecto, si los recursos parafiscales, cualesquiera fueren sus características variaciones de la extensa gama en que se agrupan, son consecuencia y expresión del poder tributario del Estado y sus peculiaridades no permiten identificarlos con las otras tres categorías de recursos derivados, siempre será necesario analizarlos a través del enfoque de su propia naturaleza… Dejaremos sentado, en primer término, como lo recuerda Giulliani Fonrouge, que bajo la denominación genérica de contribuciones parafiscales, se agrupan numerosos tributos exigidos por organismos públicos o semipúblicos, que con independencia de las rentas generales del Estado, están destinados a financiar actividades específicas. La etimología del término, nos lleva si (sic) embargo, a su ubicación en el sector de las instituciones tributarias: "para" raíz griega que significa al lado o junto a, y "fiscal" que viene de fiscus, equivalente a tesoro público o concreción patrimonial del Estado." (Ediciones Molachino, Rosario, 1971, pag.692)

    …

    De lo expuesto, se tiene entonces que las llamadas contribuciones parafiscales obedecen a diferentes denominaciones dentro del ámbito del derecho tributario, tales como tasa, contribuciones, aportes, cuotas, cotizaciones, que son impuestas por el Estado en el ejercicio de su potestad tributaria, pero con la característica de que no figuran en el presupuesto general. Difieren también las contribuciones parafiscales de los impuestos, en que éstas no se proponen actuar dentro del concepto de justicia tributaria, y no contemplan la capacidad económica del sujeto pasivo, sino la pertenencia a un determinado grupo.

 

    En consecuencia, no ha (sic) lugar a dudas que el Timbre del Colegio de Periodistas de Costa Rica es una contribución de carácter parafiscal, con una naturaleza tributaria especial.” (El subrayado es propio y el resaltado pertenece al original)

 

Las reflexiones anteriores son recogidas nuevamente por el dictamen C-270-2003 del 12 de setiembre del 2003, en el que se reiteró:

 

 Sobre la naturaleza de esta figura jurídica, la Procuraduría General en el supracitado dictamen, en términos generales, señaló que el Timbre de Periodistas es un tipo de contribución con una naturaleza tributaria especial, de carácter parafiscal, que la diferencia de los ingresos fiscales propiamente dichos.

 

Vistos los anteriores pronunciamientos sobre la naturaleza jurídica del timbre a favor del Colegio de Periodistas, conjuntamente con la definición de contribución especial estipulada en el párrafo cuarto del literal 4° del Código Tributario, se desprende que el timbre del Colegio de Periodistas no reviste las características propias de la contribución especial referida en el artículo 4° de comentario, pues si bien, ambos “importes” no ingresan al Presupuesto General (a la caja única del Estado), y su destino está predestinado para asegurar la consecución de los objetivos o fines del sujeto acreedor; las contribuciones especiales son tributos establecidos en favor de entes públicos, cuyos ingresos están destinados a fines públicos (fondos públicos), realización de obras públicas o actividades estatales, siendo el sujeto activo de la obligación tributaria, un sujeto de derecho público.

 

Por su parte, el timbre del Colegio de Periodistas tiene una connotación diferente, la cual no califica como una contribución de carácter fiscal, sino de naturaleza parafiscal, revestida de una naturaleza tributaria especial que la hace diferente de los tributos propiamente dichos, cuyo sujeto acreedor de esta contribución no es propiamente un sujeto de derecho público sino entidades, normalmente de naturaleza corporativa o profesional, como el Colegio de Periodistas en este caso; además dicho ingreso no está destinado a la realización de obras públicas o actividades estatales, sino que su propósito es la financiación del cumplimiento de fines particulares y concretos asignados a esos gremios.

 

Por tanto, en razón de la normativa y pronunciamientos expuestos, se concluye que el timbre a favor del Colegio de Periodistas, al tratarse de una contribución de carácter parafiscal que reúne características diferentes a los ingresos fiscales propiamente dichos, no pueden ser considerados dentro de la definición de contribución especial establecida en el párrafo cuarto del artículo 4° del Código Tributario y, por ende, tampoco pueden considerarse tributos.

 

En razón de lo expuesto, al no ser el timbre una de las subcategorías o clasificaciones de los tributos a que se refiere el párrafo cuarto del memorial 4° del Código Tributario, éste como tal, no forma parte de la base del Impuesto General sobre las Ventas en la prestación de servicios, de conformidad con los artículos  11 y 12 de la LIGSV y 17 del Reglamento a esa Ley.

 

En caso de que las facturas o comprobantes electrónicos llamados también archivos XML, generen algún tipo de inconveniente con la validación de documentos, se les invita a reportar estos problemas al correo electrónico fe@hacienda.go.cr a fin de atender las interrogantes que se puedan presentar al poner en práctica la herramienta para la elaboración de estos comprobantes.

 

Cabe advertir que el criterio emitido se fundamenta en la información suministrada en su escrito de consulta y que en el caso de una eventual fiscalización de sus actividades, si se llegara a determinar que la realidad difiere de la expuesta, este oficio quedaría insubsistente, debiendo aplicarse lo que en derecho corresponda en relación con los hechos detectados.

 

De esta forma queda atendida la consulta planteada por la interesada.

 

Cordialmente,

 

 

 

 

Carlos Vargas Durán

Director General de Tributación

 

 

Jenny Jiménez Vargas

Directora Dirección Normativa

 

 

MBenavides/Macevedo

C/ Dirección General de Tributación,  Expediente.



[1] Entiéndase: Estructura o archivo XML para la recepción o envío de Comprobantes Electrónicos.

[2] Según artículo 11 citado, no forman parte de la base imponible:

a) Los descuentos aceptados en las prácticas comerciales, siempre que sean usuales y generales y se consignen por separado del precio de venta en la factura respectiva.

b) El valor de los servicios que se presten con motivo de las ventas de mercancías gravadas, siempre que sean suministrados por terceras personas y se facturen y contabilicen por separado.

c) Los gastos financieros que se facturen y contabilicen por separado.